Un año y medio después, con la iniciativa de ley para crear la nueva Finagro, Delgado no pudo desaparecer la compañía pública de seguros al campo –sustituta de ANAGSA, de oprobiosa memoria–, aunque se dio el lujo de despachar en su lujosa oficina, en el corazón de Polanco
Al arranque del sexenio, luego de que Alfonso Romo lo encargara de articular la propuesta de una “ventanilla única” para atender a los productores del campo mexicano, Javier Delgado Mendoza sostuvo una reunión con su jefe formal, el entonces titular de Hacienda, Carlos Urzúa, a quien grosso modo explicó la ruta que seguiría para fusionar a la Financiera Nacional para el Desarrollo, con Firco y FOCIR. ¿Y qué pasaría con Agroasemex, la cuarta dependencia que estaría a su cargo? Le preguntó el secretario. Lo mejor sería que cerrara, respondió.
Un año y medio después, con la iniciativa de ley para crear la nueva Finagro, Delgado no pudo desaparecer la compañía pública de seguros al campo –sustituta de ANAGSA, de oprobiosa memoria–, aunque se dio el lujo de despachar en su lujosa oficina, en el corazón de Polanco.
Y es que, de acuerdo a la propuesta presentada por el líder de la mayoría morenista en San Lázaro, Mario Delgado Carrillo, el nuevo banco para el bienestar rural asumiría el control total de Agroasemex. Los consejos directivos de ambas instituciones, estipula la iniciativa, estarían integrados por las mismas personas.
La fusión de Agroasemex a la nueva Finagro quedó descartada casi de inmediato de la propuesta original, de acuerdo a funcionarios de la Sader que asesoraron a los equipos técnicos, pues no la integradora quedaría impedida de vender seguros directamente. ¿La solución? Apelar a la Ley de Instituciones de Crédito, que prevé la creación de grupos financieros. Sin embargo, esto, en el sector agropecuario, es una pésima idea que podría acarrear serios problemas operativos.
Finagro asumiría el control de Agroasemex mediante la cesión a su favor de 99% de las acciones y deberá responder por todas sus obligaciones, incluso con su patrimonio, lo que elevará el riesgo operativo y de pérdida de la naciente institución bancaria. De 1992 a la fecha, Agroasemex ha sido rescatada dos veces y el costo de ambas intervenciones requirió 5,800 millones de viejos pesos al gobierno federal; cerca de los 12,000 millones de pesos actuales.
El hecho de que el consejo directivo de Agroasemex sea el mismo que el de Finagro le resta pluralidad, imparcialidad y debilita su gobierno corporativo. Por ejemplo, el consejo directivo de Finagro no incluye al titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la SHCP, por lo que éste quedaría fuera, siendo una de sus principales atribuciones. También se diluye de facto una buena práctica en los gobiernos corporativos de la Banca de Desarrollo, de incluir a los gremios que participan en el mercado. En este caso no se incluye a la AMIS.
Javier Delgado dejó la dirección general de FND y de FOCIR. En Agroasemex, como encargado de despacho, tenía a Luis Fernando Rodríguez, quien buscaría quedarse al frente de la aseguradora hasta la integración de Finagro. La iniciativa de ley contempla que el titular será nombrado directamente por el secretario de Hacienda. Además se contempla que el personal de Finagro podrá apoyar la operación de Agroasemex.
Si se diera el caso de que fuera el mismo funcionario, esto sería un claro conflicto de interés. La relación de Finagro como tenedor de las acciones de Agroasemex, y el hecho de que estarían ambas instituciones comandadas por la misma persona, podría generar incentivos perversos en el mercado (como el regreso de ésta al primer piso en el seguro tradicional o privilegiar las operaciones con fondos de aseguramiento). Esta atribución no garantiza la sana competencia con el sector social –los Fondos de Aseguramiento– y las compañías privadas.
La iniciativa no indica que Agroasemex sólo operará en el segundo piso y que lo hará sin privilegios y sin afectar la sana competencia en el mercado. Este tema ni siquiera sería entendible como un asunto de austeridad pues puede convertirse en un factor de riesgo por las experiencias del pasado en que, al ligar el crédito de Banrural con el seguro de ANAGSA, se generalizó una “industria del siniestro”, una de las pésimas culturas de corrupción que llevaron como consecuencia la destrucción del mercado del seguro.
Dos tabasqueños llegan a las vacantes que dejó Delgado Mendoza: Baldemar Hernández –excompañero de AMLO en su trabajo con las comunidades de La Chontalpa– el martes estuvo en el edificio corporativo de la Financiera. Y para Firco iría el senador con licencia Javier May, quien dejaría la subsecretaría del Bienestar.
Efectos secundarios
SÚBITO. Hace una semana, sin mayores explicaciones, Sonia Jerez Burdeus dejó la vicepresidencia de administración y finanzas de Volaris, después de dos años de trabajo discreto y eficaz. De manera interina asumió esas funciones Jaime Esteban Pous Fernández, quien se desempeñaba como vicepresidente jurídico y de asuntos corporativos. Además de sorpresivo, este cambio se da en un momento particularmente delicado para la salud financiera de la industria aeronáutica, y ha generado suspicacias en el sector bancario.
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