La instrucción salió del piso cuatro de la torre de la avenida Nuevo León, en la Colonia Hipódromo, donde opera el war room de la cuarta transformación, en materia de imagen y discurso: el miércoles 16, a partir de las 8 de la noche, ocurriría una activación en las redes sociales. Con la etiqueta #RecuperemosLoNuestro … Continued
La instrucción salió del piso cuatro de la torre de la avenida Nuevo León, en la Colonia Hipódromo, donde opera el war room de la cuarta transformación, en materia de imagen y discurso: el miércoles 16, a partir de las 8 de la noche, ocurriría una activación en las redes sociales. Con la etiqueta #RecuperemosLoNuestro y el lema “el petróleo es de todos”, el gobierno de la República difundiría un spot de 30 segundos para pregonar el discurso oficial: “Después de años de saqueos al país (…) le hemos quitado a la delincuencia más de 4 millones 500,000 barriles de petróleo”.
Los difusores del mensaje serían los responsables de las redes sociales de cada una de las 300 dependencias y entidades adscritas a la Administración Pública Federal, a través de sus cuentas oficiales. Al esfuerzo se sumaron los principales funcionarios del gobierno morenista.
Apenas habían transcurrido unos minutos de este bombardeo digital, cuando la representación del PAN ante el INE entregó en la oficialía de partes, un oficio de queja, sustentado con las impresiones de pantalla de los posts en Twitter colocados por el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, y del jefe de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, Jesús Robles Maloof. En ambos casos podía leerse la leyenda: “Gobierno de México. No más huachicoleo. No más corrupción. Apoyemos al presidente Andrés Manuel López Obrador”.
Estos mensajes —a su juicio— violan la legislación electoral vigente, porque utilizan de forma indebida recursos públicos con la finalidad de posicionar al presidente de la República. El blanquiazul demandó al INE castigar dicha “propaganda personalizada” y suspender forma inmediata la difusión de ésta.
Con carácter extraordinario, los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias fueron citados a reunión la mañana siguiente. Los tres consejeros electorales —Claudia Zavala, Adriana Favela y Benito Nacif— decretaron por unanimidad la improcedencia del recurso promovido por el PAN. “Se trata de actos consumados de manera irreparable”, aunque también consideraron que las medidas cautelares no proceden en contra de hechos futuros de realización incierta.
El gobierno de la República se sacudió el desconcierto inicial y recuperó el control mediático. Superadas las discrepancias en el discurso entre los integrantes del gabinete, los estrategas lopezobradoristas presentaron imágenes que comprueban de manera irrefutable el sabotaje de los ductos y las épicas acciones de las Fuerzas Federales para garantizar el abasto de gasolinas.
La defensa de la soberanía. Pero sobre todo, la solidaridad con Andrés Manuel López Obrador son los dos ejes del discurso gubernamental que —alejado de las distorsiones de la comentocracia en los medios tradicionales— corre en las redes sociales, sin mediaciones. En Telegram, el Ejecutivo federal se estrenó, el 26 de diciembre del 2018. “A partir de hoy”, supieron entonces sus seguidores, “recibe en este servicio de mensajería la comunicación derivada de las actividades del presidente: fotos, videos, audios, discursos, notas, anuncios y más, con todo lo que necesitas saber diariamente”.
Contenidos de primera mano, a través de los smartphones. Anoche, en Facebook, AMLO compartió una imagen suya en el despacho principal del Palacio Nacional. Sin que fueran visibles sus invitados, estaba comiendo “un suculento puchero tabasqueño con calabaza criolla, yuca y macal, acompañado de totoposte y chile amashito”. Provecho.
EFECTOS SECUNDARIOS
¿DISCRIMINACIONES? Docente y consultor, Enrique Carpizo preside el Instituto para la Protección de los Derechos Humanos y con el respaldo de algunas ONG se postuló para ocupar un lugar de consejero del Sistema Nacional Anticorrupción. El pleno de la Comisión de Selección, encabezado por Edna Jaime, rechazó su candidatura “en plena violación a la Constitución al no fundar ni motivar las razones de ello. Las razones, al parecer, son simples: México no está listo para ciudadanos que hablen de frente, personas que no estén del lado de las mafias de la UNAM y que busquen lo mejor para el país”, se quejó el aspirante en sus redes sociales. “Seguiremos exhibiendo la verdad, aquella que por emisarios nos llegó antes para pedir que renunciara a la candidatura porque había sujetos dentro del comité que no me dejarían llegar y que les ahorrara la molestia. Amenazas cumplidas. Cada vez son más los que se enteran de la verdad sobre quiénes son y cómo actúan. Lo que hoy me pasa, quizá mañana le toque a quien menos se lo espere y por indiferencia: seguirá habiendo más perjudicados”.
DISPARIDADES. Al devengar su primera quincena como empleado federal, AMLO recibió el pago correspondiente sin que aplicara aún el nuevo tabulador salarial.
El nuevo tabulador, empero, no es de aplicación homogénea. Allí está, por ejemplo, el desglose de las percepciones en la Auditoría Superior de la Federación, donde David Colmenares recibirá un ingreso neto de 84,960.34 pesos (28,000 pesos de sueldo base más 121,080.75 de compensación garantizada, menos impuestos y otras deducciones). O el salario que oficialmente recibirá.
En respuesta a la solicitud 1111200094618, la Dirección Adjunta de Posgrado y Becas del Conacyt precisó que el sueldo bruto de la directora general, Álvarez Buylla, a partir del 1 de enero es 212,662.86 pesos (34,812.76 por sueldo base y 177,880.10 por compensación garantizada); respecto de los subdirectores adjuntos, la información fue declarada inexistente, debido a que el Consejo no cuenta con esos puestos. La claridad, más que la transparencia, no es el fuerte de la 4T. En este terreno, el responsable de la Oficina de la Presidencia se niega hasta la fecha a publicar su declaración patrimonial y la de intereses.
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