Hace un mes, la titular de Profepa informó sobre la extensión “indefinida” de la cancelación para contrataciones de personal eventual
En diciembre del 2013, Guillermo Haro Bélchez fue designado procurador federal para la protección del medio ambiente (Profepa). Esa dependencia tenía una veintena de vacantes en su organigrama tras la implantación de los exámenes de control y confianza para los mandos medios y superiores, que se hizo extensiva para los inspectores y el personal involucrado en la expedición de la Manifestación de Impacto Ambiental.
Una acción voluntaria que no obstante fue repudiada por casi un centenar de servidores públicos, ante lo que consideraron una vejación. En el primer año del peñismo, la Profepa se había llenado de “niños verdes” —entre ellos Alejandro Del Mazo Maza, designado subprocurador de Recursos Naturales; Canek Vázquez Góngora, subprocurador de Auditoría Ambiental, y Fernando Reina, coordinador de delegados— que brincaron a otros puestos cuando Rafael Pacchiano sustituyó a Juan José Guerra Abud como titular de Semarnat.
Haro Bélchez —excontralor mexiquense y exsecretario general de la Cámara de Diputados— llegó a la Profepa con la oferta de enaltecer a la burocracia del organismo. Y cumplió, al promover a una veintena de mandos medios como titulares de delegación y directores de área, entre ellos el biólogo Ignacio Millán Tovar, quien llevaba 23 años en la dependencia, y antes de su nombramiento como subprocurador de Recursos Naturales pasó una década como director general de Inspección y Vigilancia Forestal.
Justo hace un año, los empleados de ese órgano desconcentrado fueron notificados de las medidas administrativas que cancelaban las contrataciones de personal eventual y la ocupación de las plazas vacantes. En diciembre, Haro Bélchez entregó su cargo a la nueva secretaria de Medio Ambiente, Josefa González Blanco Ortiz Mena, quien designó como reemplazo a la abogada fiscalista Blanca Alicia Mendoza Vera, cuya experiencia en el sector se remitía a un periodo (en el foxismo) como jurídico de Conagua.
El relevo sexenal era inminente. El 15 de enero, los subprocuradores Arturo Rodríguez Abitia –de Inspección Industrial– y Roberto Gómez Collado –jurídico– fueron emplazados a entregar sus renuncias; igualmente el director general de Administración.
Mendoza Vera aplicaría desde entonces la austeridad y la reducción de salarios para la alta burocracia, prometidas por la 4T. De inmediato, un ajuste a la baja del tabulador para los puestos de estructura, y una reducción de plazas “prescindibles”, entre ellas el servicio médico en la sede central. Y en el mediano plazo, la fusión de áreas.
Hace un mes, la titular de Profepa informó sobre la extensión “indefinida” de la cancelación para contrataciones de personal eventual. Y la semana pasada procedió a la separación del subprocurador Millán Tovar, quien estaba a punto de jubilarse, tras 27 años en la dependencia.
En medio, dos anónimos que circularon profusamente en Profepa y la Semarnat, para denunciar a los funcionarios que “sólo buscan mantener su área de confort y sobre todo conservar sus intereses creados a lo largo de los años”. Y exigir, concretamente, un “saneamiento” en la Subprocuraduría de Recursos Naturales, cuyo titular y sus direcciones generales “han entrado a un esquema caracterizado por visiones anquilosadas y mezquinas, orientadas a conservar sus intereses económicos y que evidentemente no contribuyen a las tareas sustantivas en favor del medio ambiente”.
Y, sobre todo, la decisión de la titular de la Semarnat, quien el pasado 22 de marzo ordenó el relevo, “en atención a instrucciones superiores”.
Ayer —primero en una videoconferencia que enlazó a los 32 delegados estatales y después en una reunión meridiana, a la que acudió un centenar de trabajadores— fue la despedida de Millán Tovar. La procuradora Mendoza Vera se excusó, porque tuvo que presentarse en la oficina de González Blanco Ortiz Mena.
EFECTOS SECUNDARIOS
¿VISORES? Afectados por la política de austeridad y el tope salarial impuesto por AMLO, mandos medios y superiores que siguen en la administración pública federal, tras del cambio de poderes, se quejan de hostigamiento. Emplazados a renunciar, muchos han rechazado las ofertas de liquidación y retiros voluntarios. Y en represalia —sostienen— se les imputan faltas administrativas infundadas en el desempeño de sus labores. Así ocurre en Infonacot, donde fue desplegado un equipo de 40 empleados por outsourcing en las distintas oficinas de ese organismo financiero, para “verificar” el desempeño de los empleados y revisar cada oficio emitido y recibido en los últimos seis meses. La revisión en el Área de Finanzas —que concluyó la semana pasada— tuvo visos de acoso laboral, pues tres exempleados
—entre ellos el encargado de firmar el contrato con Metlife para los seguros de separación individualizado y de gastos médicos mayores— fueron retenidos contra su voluntad y después fueron cesados. Las quejas se acumulan ante el Órgano Interno de Control, que acaba de quedarse acéfalo tras la remoción de Aurelio Alvírez Orozco. En los últimos dos meses, más de 60 directivos fueron cesados, pero los nuevos funcionarios del organismo se niegan a tramitar los finiquitos. Las quejas están focalizadas hacia Gerardo Pigeon, propuesto por el director general para ser el abogado general del Infonacot, quien no ha recibido el visto bueno del Consejo Directivo.
ESCARAMUZAS. Cual si fueran de la CNTE, un bloque de campesinos del Valle del Mezquital tomó las instalaciones del Congreso de Hidalgo, momentos antes de que el pleno conociera el paquete de reformas político-electorales que incluye una modificación en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que permitiría a Morena mantener el control de la mesa directiva. El grupo de inconformes detuvo la sesión y tomó la tribuna para exigir recursos para obras de infraestructura y el desarrollo de los municipios de aquella región de la entidad. Tras casi dos horas de una acalorada y hasta por momentos ríspida discusión entre manifestantes de la diputación morenista, encabezados por Ricardo Baptista, se consiguió desactivar la protesta y reactivar la sesión. De nada valieron los telefonazos directos que del Palacio de Gobierno se hicieron a la oficina del subsecretario Zoé Robledo, en Ciudad de México, para desactivar la iniciativa morenista.
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