El Presidente y su partido no deben reclamar al INE o al órgano jurisdiccional que cumplen con su deber, que es hacer valer la letra constitucional, sino a sus propios legisladores
Independientemente de si aporta a la democracia, o si, por el contrario, será una aduana que cada tres años meterá al país en una vorágine política de desencuentro, la revocación de mandato padece insuficiencias básicas. El descuido de los legisladores fue mayúsculo. No se previó que el supuesto básico del voto es la información, el debate y la deliberación. Se pensó, idealista o ingenuamente, que era un tema de los ciudadanos, cuando por su propia naturaleza se debió dejar amplia libertad para que los partidos, las organizaciones civiles y la autoridad involucrada pudieran hacer campaña hacia una u otra opción de la consulta.
Ahora estamos ante una situación donde las acciones al margen o contrarias a la ley se imponen. Es inexplicable, si la decisión es de la mayor importancia para quien gobierna, ¿por qué se le debe restringir el derecho de defender su causa? La ley debe regular la realidad, no negarla como lo hizo el legislador. La consecuencia de lo que ahora ocurre, es un terrible desgaste para todos, incluso para el órgano electoral y las instancias jurisdiccionales.
El Presidente está por inaugurar este lunes una obra relevante para su gobierno, es inexplicable que tenga que hacerse en la penumbra mediática o en la simulación por una ley absurda y contraria a la naturaleza propia de la política. Sobre esta circunstancia se entiende que se haya recurrido a las instancias judiciales para enmendar lo que mal se hizo, pero la cuestión es que la base legal no está en la ley reglamentaria, sino en la Constitución.
El tema habrá de llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es muy difícil que el máximo tribunal se pronuncie a favor del intento de enmendar el error de origen porque no se puede corregir, aunque fuera de sentido común, lo que está en la Carta Magna. El Presidente y su partido no deben reclamar al INE o al órgano jurisdiccional que cumplen con su deber, que es hacer valer la letra constitucional, sino a sus propios legisladores, que son la causa del enredo en el que se ha convertido una consulta cuyos efectos, lejos del propósito original de sus autores, ya han comenzado a ser perniciosos para la vida pública nacional.
Liébano Sáenz
@liebano
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