Las deficiencias de acusaciones como las fincadas contra la propietaria del diario Vanguardia de Veracruz muestran la intolerancia hacia las críticas
La liberación de Ivonne Patricia Herrera es una muestra clara de la manera en que actúa la justicia en Veracruz. Su aplicación creó un andamiaje complejo, de tal manera que en su momento debieron tumbar al anterior fiscal del estado Jorge Winkler, quien tampoco era ejemplo de honradez y decencia, para poder establecer el poder desde el gobierno estatal contra todo el que se atravesara en el camino con intenciones diferentes a la de Cuitláhuac García, quien coloca a una
fiscal a modo.
Ahí es donde entra en el juego de la represión Verónica Hernández Giadáns, quien se convirtió en la ejecutora de las órdenes del gobernador, debiendo actuar de manera independiente. Desde los primeros meses de su actuación, la fiscal fue objeto de rechazo de la población por reprimir. Ella misma ha anunciado su renuncia, pero solo se queda en promesas. Esta vez son varias las instancias que exigen que Verónica Hernández sea destituida.
Hace unos días integrantes del Colectivo Solecito, que agrupa a familiares de personas desaparecidas, se manifestaron frente al Congreso de Veracruz para exigir la renuncia de la fiscal Hernández Giadáns, quien en esos momentos comparecía ante diputados.
Cuando las manifestantes intentaron ingresar al recinto los elementos de seguridad lo impidieron, por lo que las activistas bloquearon una de las puertas. El cargo de fiscal de los estados tiene una duración de nueve años y solo el congreso local es el facultado para exigirle la renuncia.
Las deficiencias de acusaciones como las fincadas contra la propietaria del diario Vanguardia, de la entidad, muestran la intolerancia de quienes no soportan las críticas, como es el caso del exgobernador García Jiménez, quien mandó detenerla sin contar con pruebas de su responsabilidad, lo cual obedeció la fiscal.
Arbitrariedades son muchas, y las consecuencias no solo muestran violación a los más elementales derechos sino una guerra contra los contrincantes que consideran enemigos a muerte.
Ante esta situación Ivonne Patricia “N” recuperó su libertad luego de 16 meses de prisión injustificada; el juez de control, Francisco Reyes Contreras, ordenó su liberación en cumplimiento a un amparo concedido por un Tribunal Colegiado.
Estaba acusada del presunto delito de secuestro agravado ante la supuesta desaparición de un reportero llamado Ricardo Villanueva Ake, del portal Presente Veracruz, ni siquiera trabajaba para su medio de información.
Su libertad fue sustentada por el abogado Luis Enrique González Lira, quien explicó que la resolución se dio tras determinarse que la Fiscalía no presentó pruebas para sostener su probable participación en el delito de secuestro.
Así, Ivonne Patricia obtuvo un amparo liso y llano del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, autoridad federal que ordenó su liberación inmediata del penal de Pacho Viejo.
El 10 de octubre el caso de la inocencia de la empresaria fue planteado por un reportero de Vanguardia, Esteban Durán, propiedad de la implicada, ante el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa matutina, donde el reportero calificó la detención como un atentado contra libertad de expresión.
La Fiscalía es una mafia a lo largo de todo el estado de Veracruz, hay casos congelados, por negligencia o complicidad, a pesar de la urgencia de las repercusiones que implican los delitos denunciados.
En el norte de Veracruz se da el caso de despojo de un terreno en Tuxpan, donde el propietario del Hotel Posada D’Luigi, José Luis García Beltrán, jubilado de Pemex y su esposa intentan despojar al verdadero dueño de un terreno ubicado en la calle Rosales, Ejido La Calzada, de 104 metros cuadrados, por donde pasa un ducto de combustible de dicha empresa. Ahí no para el conflicto, porque la intención es crear una estructura ficticia para colar maquinaria necesaria para maniobrar la extracción ilegal de gasolina, es decir huachicoleo.
La denuncia interpuesta por el legítimo posesionario del predio data del 15 de octubre de 2024, dirigida a la Unidad Integral de Procuración de Justicia en el estado, y recibida por la Fiscalía General del Estado que encabeza Verónica Hernández Giadáns, dirigida a la atención del VI Distrito Judicial, la querella quedó en manos de la fiscal segunda, Ana Luisa López Concha y de su jefa, la fiscal regional Alma Cristal Rivera Pacheco, con el número UAT/DVI/F2/538/2024.
Hasta la fecha no hay respuesta ni detención, ni investigación ni un simple interrogatorio al respecto.
Esto no tendría lógica si la costumbre del anterior gobierno veracruzano no basara sus victorias políticas en el encarcelamiento de sus contrincantes. Así sucedió con quien fuera candidato del PRD a la Cámara de Diputados y exsecretario de gobierno del sexenio que encabezó Miguel Ángel Yunes Linares, Rogelio Franco Castán, detenido el 13 de marzo de 2021, por un delito que el Congreso del estado revivió por órdenes del gobernador y tener un pretexto para detenerlo.
En ese momento el perredista había sido acusado de maltrato familiar, cuyo amparo que lo deslindaba de toda responsabilidad al respecto lo traía consigo en el momento de su aprehensión. Así fue como funcionó la ley denominada ultrajes a la autoridad, también llamada Ley Franco, y de la que echó mano el gobernador mil 53 veces para castigar a sus enemigos.
Franco Castán continúa preso en su domicilio, purgó casi tres años en el Penal de Amatlán, a pesar de que ninguno de los delitos por los que se le acusa son graves.
Al senador Ricardo Monreal no le importó que en diciembre de 2021 el gobernador tuviera su misma filiación partidista y denunció que en Veracruz había un vacío de poder. El legislador fue al Penal de Pacho Viejo a visitar a su amigo, el emecista, José Manuel del Río Virgen, acompañado del entonces líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, quienes advirtieron que en el estado habían sido detenidas más de mil personas por un delito que había sido derogado por violentar los derechos humanos, como es ultrajes a la autoridad.
Monreal y Del Río anunciaron que lucharían por la libertad de los inculpados por ese delito que volvió a ser vigente a antojo del gobernador para controlar y atemorizar a los enemigos políticos y, una vez presos los adversarios de Cuitláhuac, ordenó al Congreso local volver a derogar dicha ley, por represiva.
Nunca regresaron a Pacho Viejo ni Monreal ni Dante. Se olvidaron del compromiso que hicieron con las familias de los inculpados injustamente y, la gran mayoría, como sucede con Rogelio Franco, continúan en prisión sin proceso, un juicio ni sentencia.
La liberación por falta de pruebas a la propietaria del diario Vanguardia es interpretado, dentro y fuera de las fronteras del país, como un atentado a la libertad de expresión, ya que desde el principio la acusación del supuesto reportero y las evidencias prefabricadas eran inconsistentes.
Hay que revisar con seriedad e imparcialidad uno por uno los casos similares y, sobre todo, a quiénes se les acusó de ultrajes a la autoridad, porque se trata de un delito que no existe.
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