Garantizar los recursos para los programas del gobierno implica la desaparición de oficinas catalogadas “no prioritarias” y recorte de mandos medios y superiores
Garantizar los recursos suficientes para los programas de desarrollo impulsados por el gobierno de la República implica de facto la desaparición de oficinas catalogadas como “no prioritarias” y recorte de mandos medios y superiores, de 30 por ciento.
En el sector medioambiental, la tijera de la cuarta transformación ha generado situaciones límite. En la Procuraduría Federal para la Protección del Medio Ambiente, hace tres meses habían ingresado 41 empleados de confianza que fueron despedidos, por “instrucciones presidenciales”. En ese lapso hubo otro medio centenar de cesantías disfrazadas como “renuncias” y plazas pedidas desde la Dirección General de Administración de la Secretaría del Medio Ambiente, confirmaron ayer fuentes involucradas en los trámites administrativos.
Los recortes en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) —a cargo del exrector de la UNAM José Sarukhán Kermez— habían llevado a una veintena de empleados federales a una singularidad: acumular tres meses activos sin salario. Despedidos, pero sin haber sido dados de baja, como consta en la “nómina transparente” de la Función Pública.
Creada en 1992, por decreto presidencial, la Conabio es una entidad intersecretarial sin atribuciones para normar o ejercer actos de autoridad. En el estricto puro del término, es un think tank especializado en la riqueza biológica de México.
En el 2010, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó a la Conabio algunas plazas, por lo que desde ese año parte de la plantilla de la Conabio dejó su cargo para poder acceder a las nuevas plazas de la Semarnat. En el 2016, la comisión vio reducido su presupuesto en una cuarta parte, pero se recibieron ingresos de fuentes externas. A mediados del 2017, había una plantilla laboral de 346 empleados, de los cuales, tres cuartas partes desempeñaban actividades sustantivas —técnicas y de investigación— en ciencias de la biodiversidad. El personal administrativo también estaba altamente especializado. “No había becados o aviadores”, aseguran los afectados, “tampoco teníamos sueldos excesivos ni prestaciones extraordinarias, aun teniendo puestos con altas responsabilidades”. Hasta enero pasado, 24% de las plazas estaba adscrito a la Semarnat.
El 1 de febrero comenzó a aplicarse la austeridad de Estado en la Conabio: 16 empleados con plaza de Semarnat fueron emplazados a presentar sus renuncias, con fecha del 31 de enero. La dirección de administración los emplazó a cumplir con la “negociación” realizada con esa dependencia federal, que consistió en entregar una compensación económica —que les fue ofrecida en ese momento— a cambio de las dimisiones.
Las plazas que la Semarnat decidió tomar afectaron a personal con más de dos décadas de trabajo en la comisión, aunque sólo llevaban nueve años con la plaza de Semarnat, explicaron los afectados en una misiva entregada en Palacio Nacional, el pasado 30 de abril.
El acuerdo de palabra debía ratificarse ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y aquellos que rechazaran la oferta económica perderían esa cantidad. Han pasado cuatro meses pero tal reunión no ha ocurrido. Al principio, hubo una tregua pactada, y es que los administrativos de la Conabio aludieron a lo estipulado en el oficio SSFP/408/0122/2019 para proceder a saldar las liquidaciones, previa autorización de la Secretaría de Hacienda.
“El director general de la Administración de Conabio nos mantuvo al tanto del proceso, y a finales del mes de marzo nos comunicó que le habían informado que Hacienda ya había autorizado 3 millones de pesos para poder cubrir la compensación económica de los 16 afectados, sin embargo, debido a los lineamientos ya mencionados había habido un ajuste menor con respecto a la primera cantidad que nos habían indicado, lo cual no nos pareció un motivo de alarma”, relataron.
El 15 de abril, Conabio les informó que Semarnat decidió que la compensación económica correspondería a sólo dos años de trabajo —40% de la cantidad que habían indicado inicialmente— ya que, de acuerdo con los lineamientos de Hacienda, esto sólo aplica para los servidores dentro del sistema profesional de carrera, y debido a que hace dos años la Semarnat nos certificó bajo ese sistema, no somos acreedores para el pago de los siete años previos que laboramos en el mismo puesto y para la misma institución.
“Ha sido un proceso largo y difícil, hemos esperado con mucha paciencia, con muchos momentos llenos de incertidumbre y temor, escuchando rumores de que el gobierno haría todo por no pagarnos lo que nos corresponde, sin embargo, no habíamos perdido la esperanza de que el nuevo gobierno, al tomar una decisión así de radical (de despedir a tantos empleados), respetaría nuestro derecho a ser indemnizados”, se quejaron los afectados.
Al cabo de cuatro meses, el expersonal de la Conabio parece haber perdido las esperanzas de una indemnización justa.
EFECTOS SECUNDARIOS
¿INTROMISIÓN? El recurso legal interpuesto por Delta Airlines contra las resoluciones emitidas por la Comisión Federal de Competencia para la asignación de horarios de despegue y aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de la CDMX resultó procedente y los magistrados determinaron que corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes regular y administrar el uso de los slots, con lo que las medidas que la Cofece pretendía imponer para combatir supuestas prácticas anticompetitivas quedan sin efectos. Así, las aerolíneas y los principales aeropuertos del país podrán dar fin a las pérdidas y daños provocados por la Cofece y retomar las mejores prácticas internacionales que consisten, en materia de slots, en utilizar las directrices establecidas por IATA y observadas en París, Nueva York y Londres, urbes con aeropuertos saturados y con una alta demanda de pasajeros. La decisión judicial permitirá también menos pérdidas para el sector público, pues permitirá al AICM aprovechar 18 millones de pesos invertidos en la compra de un sistema creado para eficientar la asignación de los slots, que había quedado cesante por las resoluciones de la Cofece. Y genera un precedente con el que la no intromisión de la Cofece en los slots permitirá una mejor competitividad y menos burocracia.
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