Aparentemente, si los que fuimos a votar no sabíamos quienes eran los candidatos, los que hicieron las listas tampoco
Los defectos conceptuales, metodológicos y logísticos del experimento armado a toda prisa para consolidar la reforma constitucional del poder judicial de la Federación, mediante las votaciones del domingo pasado, han sido expuestos en detalle y con sólidos argumentos por semanas.
Plumas de impecable solidez y prestigio han denunciado las estratagemas puestas en práctica, por presumibles instrucciones de Lopitos desde su exilio, por la interpósita persona de la señora presidente Sheinbaum. Hoy me voy a detener solamente en la integración de las listas de candidatos para ocupar la mitad del poder judicial de México; la otra mitad queda pendiente para dentro de dos años.
Retrocedamos un poco; por años, la burocracia judicial se manejó por el anticuado sistema de una meritocracia basada en perseverancia, lealtades y complicidades, a los que se conocía como una carrera en el ramo judicial sin título, pero con merecimientos. Obviamente, el mecanismo propiciaba una telaraña de corrupción. Esa percepción hizo que algunos mexicanos estuviésemos siempre de acuerdo en la necesidad de una reforma profunda al poder judicial.
No todos. No nos hagamos guajes.
La apatía de la enorme mayoría de los mexicanos hacia los temas políticos tiene viejas raíces. A consecuencia de la terca realidad, los ciudadanos difícilmente saben el nombre de su “representante” en los congresos locales. Menos aún en la Cámara de Diputados y en la de senadores. Además, les importa un pito.
Ocasionalmente, los mexicanos reconocen capacidad y mando al poder ejecutivo. La mejor muestra de ello puede ser el falso conflicto de la CNTE con Palacio Nacional. Los maestros de la coordinadora desconcen toda autoridad y capacidad de solución de los secretarios de Gobernación y Educación: sólo la presidente es digna de escucharles y capaz de solucionar sus peticiones, cualquiera que sean.
Esa escala de valores trasmina hacia abajo, según la magnitud del problema. En la república sólo el gobernador puede resolver los problemas de la cotidianeidad, sean de agua, seguridad, sanidad o tránsito; no los presidentes municipales, como debiera ser lógicamente.
En el tema de impartición de la justicia, los mexicanos no tenemos idea de quienes son los que habrán de castigar nuestros delitos o resarcir los daños que hemos sufrido. Es más, no tenemos el mínimo interés de conocerlos.
Partiendo de esa ominosa realidad, los dueños del Congreso y de Palacio Nacional hicieron las listas de sus candidatos a la judicatura que viene, con el mayor de los desaseos. Además de cuidar filias y fobias, compadrazgos y compromisos, hubo aparentemente el mayor descuido por mantener las formas.
Leo en el periódico New York Times del 29 de mayo.
Fernando Escamilla, candidato a juez penal en Nuevo León, fue defensor de Eleazar Medina-Rojas, del grupo de os Zetas, y asesor de la defensoría de Miguell Ángel Treviño, notorio matón de la misma banda. Francisco Herrera Franco, exfiscal en Michoacán, fue denunciado por un periodista luego asesinado, de haber recibido amenazas de muerte de él. Leopoldo Chávez Vargas cumplió en Estados Unidos más de cinco años de cárcel por tratar de meter dos kilos de metanfetaminas por Laredo Texas, en 2015. El domingo fue candidato a juez federal por Durango. Jesús Padilla Briones, candidato a juez penal en Nuevo León, fue detendo hace dos años traficando con 15 bolsas de meanfetaminas.
Yo no afirmo nada de lo anterior; reproduzco los datos que encontró The New York Times en su investigación. Y hay más. Aparentemente, si los que fuimos a votar no sabíamos quienes eran los candidatos, los que hicieron las listas tampoco.
PARA LA MAÑANERA DEL PUEBLO (porque no dejan entrar sin tapabocas): Pocos mexicanos habíamos escuchado hace cinco años el nombre de Andés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Lopitos. Hoy está en las conversaciones de los que saben de política. No solamente es secretario de organización de Morena. Dicen que es el supuesto “tapado” para suceder a doña Claudia, y operador supremo de la maquinaria electoral de su partido. En esta útima condición fijó su campamente el fin de semana pasado en Durango, que tenía elecciones locales también, para asegurarle el triunfo a su pandilla. Fracasó en su debut.
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