La directora general de Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), Elvira Daniel Kabbaz Zaga, cumple con una agenda extenuante
La directora general de Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), Elvira Daniel Kabbaz Zaga, cumple con una agenda extenuante. El último día de mayo acudió a Villahermosa, para participar en un panel dentro del congreso anual de las asociaciones del sector energético. Una semana antes se supo de su estancia en Monterrey, para encabezar una visita de inspección en la planta de una empresa de distribución de gas natural.
De este operativo no se informó oficialmente. Pero la prensa regiomontana documentó la molestia de los inspeccionados —aunque su identidad quedó bajo reserva— porque la funcionaria federal se hizo acompañar de un escuadrón de efectivos militares.
“La excusa fue que la visita se daba en el marco de la lucha contra el mercado ilícito de combustibles (pero) la verdad es que ya hay preocupación en el sector energético por la forma en que se conduce la interfecta (…) porque eso de llegar con personal militar a una inspección de instalaciones privadas no suena a protección, sino a vil intimidación”, refirió la columna firmada con el pseudónimo Organización M.A. Kiavelo, en el diario El Norte.
Kabbaz Zaga ha sido protagonista de recientes polémicas, en las últimas semanas. Antes de su estancia en la capital regiomontana ofreció una entrevista a la radio universitaria que cimbró a los empresarios del sector, quienes interpretaron que la cuarta transformación tiene afanes monopólicos para el transporte del gas natural y la operación y gestión única de todos los gasoductos.
En el centro del debate, la Ley de Hidrocarburos. En particular, lo estipulado en los capítulos II y III de ese ordenamiento, en vigor desde agosto del 2014. El artículo 66 define que el Cenagas es “gestor y administrador independiente del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural” y lo obliga a garantizar la continuidad y seguridad en la prestación de los servicios en ese sistema para contribuir con la continuidad del suministro de dicho energético en territorio nacional.
La red de ductos está conformada por el antiguo Sistema Nacional de Gasoductos de Petróleos Mexicanos y por los gasoductos privados que se le han integrado, a partir de las concesiones otorgadas por el Estado mexicano desde el sexenio calderonista. Los inversionistas del ramo insisten en que la integración de las redes es voluntaria, previa aprobación por la CRE y que —de ser el caso— podría haber no uno sino varios sistemas integrados con gestores distintos al Cenagas.
En efecto, el artículo 60 de la Ley de Hidrocarburos posibilita la conformación de sistemas integrados, para ampliar la cobertura o aportar beneficios sistémicos en términos de mejoras en las condiciones de seguridad, continuidad, calidad y eficiencia en la prestación de los servicios de transportación por ducto y de almacenamiento de hidrocarburos.
La Comisión Reguladora de Energía será la autoridad competente para determinar la integración de la infraestructura pública al Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural, se lee en el texto de la ley. Y la integración de los sistemas de almacenamiento y transporte privados es de carácter voluntario. Ese órgano regulador —y no la Cenagas— es la autoridad competente para aprobar la creación de sistemas integrados, de acuerdo con la política pública en materia energética que al efecto emita la Secretaría de Energía.
Las posturas de la titular de Cenagas —sostienen sus críticos— supondrían un desconocimiento del marco legal vigente, que no preocuparía demasiado si no se hubiera dado un debilitamiento del órgano regulador. La renuncia de García Alcocer a la presidencia de la comisión es un signo ominoso.
Los empresarios del ramo saben que, para la 4T, la seguridad energética es prioridad. Y la seguridad de la funcionaria federal, también. México cuenta con recursos petroleros, gas natural y condiciones inmejorables para las energías renovables. A Kabbaz Zaga le ofrecen apoyo, pero sobre todo le exhortan a enfocarse en una revisión profunda del sistema de ductos heredado por Pemex, que tiene más de cuatro décadas de uso continuo y afronta crecientes problemas de integridad mecánica, seguridad y confiabilidad.
Alertan sobre un sutil desmantelamiento de los organismos especializados, comprobable con la salida del excontralor de la Cenagas, Carlos Valdovinos, y de su homólogo de la CRE, Ricardo Zertuche Zuani, quienes ahora despachan en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
En la redefinición de la política pública en materia energética, también gravitan las posturas a favor del medio ambiente. El nuevo titular de la Semarnat, Víctor Manuel Toledo Manzur, ha emplazado a sus colegas del gabinete federal para consensuar el Programa Nacional de Transición Energética y también un nuevo programa de agroecología.
EFECTOS SECUNDARIOS
ÍMPETUS. El nuevo secretario del Medio Ambiente cumple dos semanas y este mediodía será su presentación en sociedad, con los “diálogos ambientales”, su propuesta de “socialización” de la política pública en la materia que, junto con la sustentación científica, conforman los pilares de las tareas de la dependencia. Y simultáneamente —según anunció Toledo Manzur a los empleados de las oficinas centrales— ocurrirá un rediseño, obligado por la austeridad republicana.
En esa ruta, el secretario se reunirá con la procuradora para la protección del medio ambiente, Mendoza Vera.
PROMOTORES. El amparo concedido por un Tribunal Federal que frenará las obras del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía es parte de la estrategia elaborada por #NoMásDerroches, una iniciativa en la que participan organizaciones de la sociedad civil, despachos de abogados y más de un centenar de ciudadanos que son usuarios del AICM, pilotos aviadores y pobladores de Texcoco y Santa Lucía. Este colectivo presentó 147 juicios de amparo individuales, con el fin de que el Poder Judicial de la Federación revise la legalidad de la cancelación del NAIM y asegure que el proyecto de Aeropuerto Internacional de Santa Lucía cuente con todos los dictámenes y permisos ambientales requeridos.
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