Mayor impacto, la denuncia sobre las irregularidades en diversos procedimientos que fueron reportados indebidamente como concluidos por el extinto Instituto Nacional de Acceso a la Información
Por sus alcances, el primer comunicado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del 2026 merecía estar en las primeras planas, pero la coyuntura evitó que la mayoría de la prensa generalista siquiera incluyera una referencia. El anuncio de una reforma en ciernes a la normativa federal y general sobre la protección de los datos personales y la integridad de la información en posesión de las responsables de los sectores público y privado, después de casi dos décadas, era motivo suficiente.
Mayor impacto, la denuncia sobre las irregularidades en diversos procedimientos que fueron reportados indebidamente como concluidos por el extinto Instituto Nacional de Acceso a la Información. “En particular, se hallaron resoluciones sancionatorias cuya ejecución fue omitida, impidiendo el cobro de multas y generando un esquema de impunidad sistemática”, acusó.
Aunque no los menciona, la advertencia de la SABG tiene tortuosos destinatarios: operadoras de servicios de telefonía, bancos, aseguradoras y hasta clubes y federaciones deportivas que realizan tratamientos de datos personales, además de las dependencias federales, estatales y municipales.
“Es la primera ocasión que la autoridad garante en materia de protección de datos personales en México emprende acciones de esta magnitud, las cuales podrán dar lugar a sanciones administrativas e incluso penales”, advirtió la dependencia encabezada por Raquel Buenrostro y a la que está adscrita la Transparencia del Pueblo.
Entre los excomisionados del órgano autónomo desaparecido hace seis meses, esta comunicación confirmó sus peores temores. Aunque hay señales previas, igualmente preocupantes, entre ellas los citatorios girados por la autoridad investigadora de la Auditoría Superior de la Federación que debieron responder al menos dos de los cuatro últimos integrantes del Pleno, por presuntas faltas administrativas graves.
Y particularmente, hay un faltante: una laptop HP ProBook 640, con un disco duro de 500 gigabytes de capacidad y 8 GB de memoria RAM que formaba parte del inventario consignado en la entrega-recepción, pero que actualmente está identificado como “equipo bajo investigación de la Fiscalía”.
Hasta ahora nadie ha podido identificar las circunstancias de esa confiscación. Solo se conoce el número de expediente: CI-FICH-CUH-5-01-CNACO/00277/02/26 y el área que tenía asignado el equipo: la dirección general de protección de derechos y sanción, adscrita a la secretaría de protección de datos personales del Inai.
Ha transcurrido un año de que la representación legal de la Federación Mexicana de Fútbol denunciara una presunta extorsión y el pleno de comisionados del Inai removiera de sus cargos a Jonathan Mendoza Iserte y Miguel Noboa, los encargados de las áreas involucradas que estarían involucradas en ese penoso asunto.
Efectos secundarios
DENUNCIA. El presidente y fundador del Grupo Salinas, Ricardo B. Salinas Pliego presentó formalmente una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por la persecución política en su contra. La denuncia señala la persecución fiscal, judicial y administrativa desplegada desde el año 2023 y destinada a restringir su libertad de expresión y su participación en el debate público. Antes, Salinas Pliego y el presidente de TV Azteca, Benjamín Salinas, sostuvieron una reunión con Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.
CUPULOSOS. De La Mañanera, a las redes sociales. La respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum a una pregunta sobre un altercado entre la filial poblana de TV Azteca y la administración del morenista Alejandro Armenta Mier. “Mejor que golpeen mediáticamente hablando”, consideró la jefa del Ejecutivo federal, ante las amenazas de chantaje. En Puebla, los presentadores de la filial local de TV Azteca se refieren al morenista como “gobernador-dictador”, lo que su jefe de oficina, José Luis García Parra, atribuyó a la negativa de concederles contratos por 2,300 millones de pesos. “Ese es su dolor, ese es el rencor con el que están fabricando mentiras para atacar al gobernador”.
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