La mayoría de los jueces electorales respaldó las sanciones impuestas por el pleno del Consejo General del INE a Morena y sus precandidatos
Las autoridades jurisdiccionales y administrativas en materia electoral coincidieron en tres fallos de enorme relevancia. La cancelación de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón Orozco, empero, provocó una votación dividida entre los magistrados electorales.
Mónica Aralí Soto propuso que Morón Orozco no fuera sujeto de la máxima sanción y que el INE volviera a pronunciarse sobre la pertinencia de su nominación. El magistrado presidente del TEPJF, José Luis Vargas Valdés, fue el único que la respaldó.
La mayoría de los jueces electorales respaldó las sanciones impuestas por el pleno del Consejo General del INE a Morena y sus precandidatos. Estos, por su conducta culposa; el partido, por el dolo con el que procedió durante la primera etapa de las campañas electorales del 2021.
Mario Delgado llegó a la presidencia del partido gobiernista y para evitar los conflictos internos quiso suplantar a los precandidatos con los “coordinadores para la defensa de la Cuarta Transformación”. Los call centers definieron a los futuros nominados. Lo barato —en más de un sentido— le salió carísimo.
El líder nacional de Morena también impugnó las reglas definidas para la asignación de los diputados de representación proporcional, bajo el argumento de que el INE se había extralimitado en sus funciones. Felipe Alfredo Fuentes Barrera elaboró la propuesta de sentencia, que recibió un respaldo unánime y fue calificada como “un precedente republicano e histórico” por su colega, Felipe de la Mata. Con este nuevo criterio, insistió, quedan sentadas las bases para la adecuada representación de los partidos políticos.
Las tácticas de simulación y las posibles prácticas fraudulentas de Morena fueron atajadas por las autoridades electorales, ni más ni menos. Si bien en el 2015 y en el 2018 también hubo impugnaciones a la realineación de las bancadas mayoritarias, éstas no procedieron porque fueron tramitadas después de las elecciones.
Morena quiso engañar a la autoridad con su fórmula para (no) designar candidatos, coincidieron consejeros y magistrados electorales. Los sancionados, apuntaron, deliberadamente ocultaron el origen de los recursos que gastaron en la promoción de su imagen y esquivaron la fiscalización.
Ambas faltas, graves de acuerdo a la legislación vigente. Morena tendrá 48 horas para sustituir a Salgado Macedonio y Morón Orozco.
Efectos secundarios
DESLINDES. Las impugnaciones promovidas por Morena ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial fueron sustentadas por el diputado federal Sergio José Gutiérrez, principal promotor de una reforma electoral que limite a los actuales consejeros electorales. El análisis de su hoja de vida —del que se obtuvo una copia— enfatiza su cercanía con Horacio Duarte y su colaboración con el gobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés Elías. Otros detalles más añejos servirían para precisar la experiencia y los nexos políticos del legislador veracruzano, quien hace 22 años, como pasante de la Escuela Libre de Derecho, comenzó su vida laboral en el SAT. Poco después fue reclutado por el entonces diputado federal Enrique Herrera y Brugete como su secretario particular. Apenas un trienio pasó en el PRD, primero, y después en Convergencia por la Democracia, donde conoció a Dante Delgado Rannauro. En el 2003 abrió un despacho y a lo largo de una década se dedicó al litigio privado hasta el 2011 cuando se incorporó al gobierno de Sonora, como encargado de la implementación de la reforma al sistema de justicia penal. Allá trabajó hasta el 2017.
¿CONTRACAMPAÑA? En Aguascalientes, un sector del priismo está dolido por las decisiones de la dirigencia nacional, encabezada por Alejandro Moreno Cárdenas. No le perdonan haber bajado de la candidatura a la alcaldía de la capital a la exprimera dama, Blanca Rivero del Río y haber impuesto a la exdiputada Norma Guel en su lugar. Ahora le reclaman el nombramiento de Antonio Lugo Morales Lugo como delegado general con funciones de presidente estatal.
INDISCRETOS. Muy raro resulta que el Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Defensa Nacional haya convocado a las empresas especializadas en opinión pública a una licitación para determinar “el nivel de confianza, cercanía y respeto” de la población hacia el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana. Las firmas que presentaron propuestas son Enkoll (2.6 millones de pesos), Datos y Café Inteligencia de Mercado (2.9 millones de pesos), Lexia Investigación Cualitativa (4.3 millones de pesos) y War Room Media-De las Heras Demotecnia (4.6 millones de pesos). Pero Luis Crescencio Sandoval falló a favor de BGC Ulises Beltrán y Asociados por 3.2 millones de pesos para realizar una encuesta anual en vivienda este año y una mensual vía telefónica.
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