La denuncia interpuesta por el Órgano Interno de Control en contra de seis consejeros es un mal augurio para los miembros del actual Consejo General del INE
LIC. GUILLERMO VALLS ESPONDA,
MAGISTRADO PRESIDENTE,
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA:
+ La venganza es un plato
que se sirve frío.
Refrán popular
Gran sorpresa me causó que el Tribunal a su cargo haya dado entrada a la denuncia del Órgano Interno de Control (OIC) del INE en contra de seis consejeros de dicho Instituto por abuso de funciones. Se trata de tres que ya han dejado el cargo y tres aún en funciones; dentro de los primeros se encuentran Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y Roberto Ruiz; y dentro de los segundos están Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera.
El gran pecado cometido por estos seis funcionarios fue votar por la posposición de la realización de la consulta sobre revocación de mandato hasta contar con los recursos necesarios.
En el artículo 13 del Reglamento Interior del INE, se establece que los consejeros “deberán desempeñar sus funciones con autonomía, probidad y respeto”. Ninguno de estos principios se vio lesionado con el voto de los consejeros, más bien con toda probidad y respeto a la integralidad de la consulta hicieron notar que el INE no contaba con el presupuesto necesario. Como usted recordará, en 2021, la Cámara de Diputados cercenó cuatro mil 900 del presupuesto del Instituto para 2022, siendo que tenían que organizar, precisamente, la consulta.
Tan preocupados estaban por la realización de dicha votación, que interpusieron una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que la Cámara de Diputados echara para atrás el recorte presupuestal; lamentablemente, la Corte no podía entrar al fondo del asunto y dictaminó que el INE debía cumplir sus funciones con los recursos disponibles. Esto último es un fallo por demás importante, como más adelante explicaré.
Pero los consejeros no se quedaron de brazos cruzados. En una sesión del Consejo General, celebrada el 17 de diciembre de 2021, la mayoría de los consejeros votó por posponer la consulta de revocación, en espera de que Hacienda les concediera una ampliación presupuestal, pues el Instituto solo tenía una bolsa de mil 503 millones para la consulta y tal ejercicio reclamaba tres mil 830 millones de pesos. O sea, el INE tenía un déficit de dos mil 300 millones de pesos. En aquel entonces, el consejero presidente, Lorenzo Córdoba, declaró que la postergación no supone “una suspensión del proceso, (sino se) trata de un acuerdo que busca dotarlo de seguridad y hacerlo conforme a la ley”.
No le hago más historia. La revocación de mandato se llevó a cabo en abril de 2021, pero en vez de 160 mil casillas, los dineros solo alcanzaron para abrir 57 mil; en vez de unidades distritales, el INE utilizó las Unidades Territoriales para colocar las urnas. Cabe señalar que dichas Unidades ya habían sido aprobadas para otra consulta popular. En síntesis, los consejeros le encontraron la cuadratura al círculo y cumplieron, tal y como la Suprema Corte les ordenó.
Luego entonces, magistrado Valls, ¿dónde está la falta grave?
Me temo que esta denuncia son polvos de otros lodos. De todos es conocida la animadversión del entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, hacia Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Asimismo, el exmandatario tenía aversión al Instituto, tal vez porque nunca digirió la derrota de 2006.
La denuncia que ha dado origen a todo este margallate fue interpuesta por MORENA ante el Órgano Interno de Control del INE, a cargo de Víctor Hugo Carvente Contreras. Lo curioso es que el propio MORENA se desistió de la denuncia por falta de sustancia ya que la revocación se llevó a cabo. No obstante, el contralor mantuvo abierto el expediente y ahora es la base para la denuncia por abuso de funciones ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Abrase visto; para mí que el contralor Carvente se envolvió en la bandera guinda como el más aguerrido de sus defensores para darle gusto a ya sabe quién.
Mire, señor magistrado, revisé las atribuciones del Órgano Interno de Control establecidas en el artículo 490 de la Ley Electoral, así como en el Reglamento Interno del Instituto Nacional Electoral. Básicamente se refieren a que los dineros del INE se gasten en lo que se debe, como se debe y cuando se debe. Hay por ahí la atribución de observar las faltas administrativas de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades para el sector público. ¿Qué falta habrían cometido los consejeros? ¿Actuar de acuerdo con el sentido común?
En ningún momento se negaron a llevar a cabo la consulta; acudieron a las instancias necesarias para obtener los recursos que el ejercicio requería; plantearon las alternativas y, finalmente, actuaron con la mayor de las racionalidades.
La denuncia interpuesta por el Órgano Interno de Control en contra de seis consejeros es un mal augurio para los miembros del actual Consejo General del INE. Ahora se la pensarán antes de votar contra los designios de la 4T. Adiós autonomía.
+ Con la colaboración de Upa Ruiz
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