El último estirón legislativo. Para el último periodo ordinario de sesiones de la 63 Legislatura federal, las bancadas del PAN y del PRD coincidieron en el impulso de una agenda que priorizara el incipiente Sistema Nacional Anticorrupción. Y de la mano de organizaciones de la sociedad civil y think tanks —locales y foráneos— decidieron ir … Continued
El último estirón legislativo. Para el último periodo ordinario de sesiones de la 63 Legislatura federal, las bancadas del PAN y del PRD coincidieron en el impulso de una agenda que priorizara el incipiente Sistema Nacional Anticorrupción. Y de la mano de organizaciones de la sociedad civil y think tanks —locales y foráneos— decidieron ir por una reforma al Artículo 102 constitucional.
No sólo eso. En los próximos dos meses, el Frente Opositor y sus legisladores se comprometieron a trabajar para expedir de la Ley de la Fiscalía General de la República, aprobar el nombramiento de los fiscales (general y anticorrupción), así como de los magistrados anticorrupción de la Sala Superior y auxiliares aún pendientes; construir una nueva Ley de Obra Pública, y revisar las normas para sancionar a los servidores públicos que incurran en actos de corrupción.
El bloque oficialista, por su parte, hizo suya la propuesta del precandidato José Antonio Meade para reforzar el combate a la corrupción y endurecer los castigos a los funcionarios que se hayan enriquecido por el desvío del erario. De igual manera, acordaron trabajar para fortalecer el Estado de derecho y el sistema nacional de seguridad y justicia.
Tales esfuerzos implicarían la expedición de la Ley de la Fiscalía General de la República; reformas en materia de justicia cotidiana y a la Ley para prevenir y sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos, para incrementar sanciones por el robo de energéticos, así como un nuevo marco legal para sancionar el robo de identidad, además de modificaciones a la Ley General de Sociedades Mercantiles en materia de Beneficiario Final, con el objeto de prevenir el lavado de dinero.
Los representantes del PRI y del PVEM decidieron rebasar el calendario legislativo e impactar directamente a las campañas en curso, con la inclusión en las urnas de una consulta popular, relativa al modelo actual de seguridad pública.
Al arranque del periodo ordinario, el debate de la Ley de Seguridad Interior en la Cámara Alta. Y el pleno de San Lázaro aprobó la propuesta del PRI de que el INE instrumente una consulta ciudadana el 1 de julio sobre la conveniencia de aprobar el Mando Único Policiaco.
La crítica a este tema desde las fuerzas políticas de oposición inicia por la parcialidad en la redacción de la pregunta: “¿Estás de acuerdo con que nuestro país tenga 32 policías profesionales, una por cada estado, en lugar de las más de 1,800 policías municipales que, de acuerdo con distintos estudios, están mal capacitadas, mal equipadas y mal coordinadas?”
Adicionalmente, expertos en la materia han señalado que ninguna consulta popular puede implicar cambios constitucionales y, sin una enmienda a la Carta Magna, no se puede implementar el Mando Único a nivel nacional.
El tema se reavivará esta semana en el Senado, donde se prevé que el PRI, de la mano de Emilio Gamboa, junto con “los rebeldes” panistas, usen nuevamente su mayoría para imponer dicha consulta.
EFECTOS SECUNDARIOS
¿IMPOSICIÓN? Ha surgido un grupo, encabezado por Michael Bloomberg, que busca promover políticas públicas en todo el mundo que controlen el comportamiento, hábitos y gustos de las personas a través de la implementación del consumo. ¿Su propósito? Combatir el consumo de tabaco, alcohol, alimentos y bebidas saborizadas. Analistas políticos tanto en Estados Unidos como en Europa destacan que el impulso a los impuestos que encabeza el ex alcalde neoyorquino parecería una política de salud bien intencionada pero en realidad no está reconociendo que al intentar imponer regulaciones a los estilos de vida, se tienen consecuencias adversas. En los últimos años han aparecido al menos una veintena de estudios donde se han evaluado los efectos reales de estas medidas en el mundo y la mayor parte de éstos demuestran que el incremento en el precio de estos productos sólo ha ayudado a enriquecer más las arcas de los gobiernos, y no han dado frutos en materia de salud. En el caso mexicano, éste ha sido un impuesto sumamente polémico, pues ha sido altamente recaudatorio con más de 80,000 millones de pesos desde su implementación en enero del 2014 y sin la efectividad para lo que fue creado, pues se mantienen los índices de obesidad en el país.
DEFINICIONES. En las próximas 72 horas quedará definida la boleta electoral que recibirán los chiapanecos. Lo único seguro es la nominación del exmagistrado Rutilio Escandón como candidato de Morena a la gubernatura. El frente PAN-PRD-MC optaría por María Elena Orantes o José Antonio Aguilar Bodegas, pero la rebelión en el PVEM hizo sopesar la postulación del diputado local con licencia, Eduardo Ramírez, quien emplazó al PRI y al gobernador Manuel Velasco a convocar a una interna para definir al abanderado de la coalición oficialista, en vez del dedazo que beneficiaría al exsenador Roberto Albores Gleason. El examen de los expedientes judiciales prácticamente descartaría a Ramírez y si esto se confirma, la coalición opositora llevaría a Aguilar Bodegas. ¿Será?
RELEVOS. Hoy llega el secretario de Sedesol, Eviel Pérez Magaña a Oaxaca y dará posesión al nuevo delegado de Sedesol en la entidad, David Romero Villalobos, exdelegado federal de la secretaría de Economía, quien sustituye a Alejandro Avilés, uno de los principales operadores de los muratistas, quien ha estado sumido en un escándalo, en el 2017 tuvo que renunciar a la Secretaría de Gobierno, porque su hijo utilizó el helicóptero oficial del estado como transporte privado para vacacionar en Puerto Escondido.
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