En situaciones críticas tan malo es subestimar como sobre reaccionar cuando de comunicar se trata. En el caso de Grupo México están todos los indicios claros de una sobre reacción que tendió a calmar los ánimos de los inversionistas, más que a controlar las verdaderas consecuencias ambientales, sociales y jurídicas, respecto al derrame de sulfato … Continued
En situaciones críticas tan malo es subestimar como sobre reaccionar cuando de comunicar se trata.
En el caso de Grupo México están todos los indicios claros de una sobre reacción que tendió a calmar los ánimos de los inversionistas, más que a controlar las verdaderas consecuencias ambientales, sociales y jurídicas, respecto al derrame de sulfato de cobre en Buenavista del Cobre donde esa empresa construye la infraestructura que convertirá a esa mina en una de las más grandes del mundo en cuanto a extracción y explotación de cobre. Y donde las inversiones de 3 mil 400 millones de dólares implican fuertes compromisos financieros.
Es claro, a la vista del análisis del caso, que el error estratégico en la gestión de la situación crítica fue tratar de minimizar las causas del accidente ambiental- calificándolo de fortuito por razones de lluvias atípicas-, tratando de asumir inmediatamente los costos económicos y de remediación de la contingencia. Con ello, queriendo impedir la llegada de una crisis que, al final, se presentó en todas sus dimensiones.
El error estuvo en que no se buscó, o no se quiso buscar a propósito, una interlocución directa con las autoridades ambientales y regulatorias del agua, quizás para esconder la verdadera razón del percance que, según la Comisión Nacional del Agua en Sonora, se habría debido a la ruptura de una válvula de represo que propició el derrame de 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre y no a lluvias atípicas como oficialmente informaron los voceros de Grupo México.
Fallas en el mantenimiento de la infraestructura empiezan a apuntar los primeros peritajes oficiales sobre las causas de este que algunos académicos de Sonora empiezan a calificar como uno de los grandes desastres ecológicos en el estado.
En gestiones de asuntos críticos –sobre todo de la magnitud de daños ambientales como el de Sonora- es aconsejable nunca aventurar o anticipar las causas de un desastre hasta en tanto no existan datos fehacientes, ni peritajes y menos interlocución cierta y firme con las autoridades regulatorias.
Grave para el Grupo del empresario Germán Larrea –que ha tenido otros casos de crisis delicados como el de Pasta de Conchos- que haya sido el propio Secretario de del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Guerra Abud, quien haya dejado evidente que nunca hubo lluvias atípicas en Sonora y que, incluso, algunas medidas de mitigación como el envío de agua a la población se estaban incumpliendo como había difundido la empresa.
En los temas de contaminación y más del agua, lo pertinente es atender con urgencia las consecuencias sobre todo si existe riesgo a la salud humana, la flora y la fauna, así como las actividades productivas. Pero ante todo debe existir la coordinación entre empresas e instituciones para avanzar en las medidas de contención del daño.
Han surgido comentarios diversos, como el hecho de que la comunicación del incidente por parte de la empresa a las autoridades fue a través de un correo electrónico –como Grupo México lo acepta en un desplegado- y que, además, fue tardío lo que impidió la activación de medidas de prevención por parte de los grupos de emergencia de Conagua y de Protección Civil.
Las consecuencias sociales y políticas eran de esperarse. Más si como medida de prevención las autoridades debieron cerrar el suministro de agua de caudales relacionados con el Río Sonora para impedir afectaciones a la salud de personas y los impactos alternos en la producción tanto ganadera como del campo.
Hay reportes de peces muertos, estudios que señalan aún permanece alterada la calidad del agua.
Un informe periodístico señala: “Hay desesperación. Más de 22 mil sonorenses están sin agua, sin comida, sin empleo y ante una sicosis generalizada por la contaminación del río Sonora”. El tema de la contaminación del agua en poblaciones –como magistralmente relata Fernando Benítez en su libro El Agua Envenenada¬- siempre desata todo tipo de rumores y emociones negativas.
Ya la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) interpuso denuncia judicial en contra Grupo México por el daño ambiental; se impusieron multas y en curso estarían demandas civiles por parte de los alcaldes de 7 municipios afectados. Y desde el Congreso de la Unión se está pidiendo el retiro de la concesión, lo cual sería un duro golpe –no sencillo por el monto de las inversiones aplicado en la mina y los términos que se establezcan en la misma concesión.
Todos los elementos de un asunto crítico de carácter ambiental están ahora involucrados en el caso del Río Sonora-Buenavista del Cobre.
Es muy probable que no hubiera llegado a tener la dimensión de lo que Grupo México pareciera quería evitar: una inspección de la obra y hasta suspensión de actividades que retrase el proyecto de explotación de cobre cuyo arranque está o estaba previsto para el primer semestre del 2015.
Hubo sobre reacción para calmar los ánimos de los inversionistas y las implicaciones que tendría en los compromisos de adquisición y pagos de capital. De otra manera no se entendería la emisión de un informe de evento relevante al mercado bursátil, primero culpando a una empresa subcontratada; segundo, sostener que fue debido a lluvias atípicas, tercero asegurar que se informó a las autoridades de Semarnat y Profepa (aunque tardío) y, más aún, afirmar que las autoridades de Cananea fueron rebasadas por la contingencia. En paralelo, informar de acciones correctivas para evitar continuara el derrame, sin aparente coordinación con los organismos oficiales reguladores.
Los analistas de mercado bursátil pusieron el ojo en el tema; inevitable. Si el mensaje que quería enviar Grupo México era de responsabilidad social y ambiental, pareciera habérsele revertido por tratar de minimizar o esconder las causas que mejor hubiera sido haberlas difundido después, tras los peritajes correspondientes.
Un dato reportado por El Economista: desde el 6 de agosto, día en que se conoció el derrame de sulfato de cobre en el río, Grupo México ha perdido casi 28,000 millones de pesos de valor de capitalización en la Bolsa Mexicana de Valores. Desde esa fecha, los títulos de la minera han caído cerca de 7.25% en la BMV.
La crisis de Grupo México y Minera México no es sólo industrial y ambiental sino de credibilidad y confianza en sus reportes. La percepción es que mintieron oficialmente para impedir una afectación financiera en uno de sus principales negocios. Y todo por una casi segura sobre reacción que fue duramente atacada por el propio Secretario Juan Guerra Abud.
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