La revocación no le da poder a la gente, sino al gobierno y la oposición. Al primero para refrendarse, a la segunda para cambiar gobiernos a medio camino
La figura de revocación de mandato, en sí misma, para los tiempos por venir, y en la coyuntura de los tiempos que corren, es una fuente de riesgos políticos.
No le da poder a la gente, como se dice, le da poder al gobierno y a la oposición. Al primero para refrendarse, a la segunda para cambiar gobiernos a mitad del camino.
La revocación de mandato puede hacer del todo inviables los gobiernos democráticos normales en México hasta ahora, gobiernos con minoría en el Congreso.
Y puede potenciar hasta la hegemonía absoluta la excepción democrática que vivimos, en la que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está a muy pocos votos de tener con Morena una mayoría constitucional en el Congreso.
Luego de una exitosa ratificación de mandato en 2021, estaría frente a un horizonte abierto prácticamente a lo que él decida.
La verdad, el Senado tiene en sus manos una bomba de tiempo institucional y constitucional . Valdría más desactivarla que colorearla.
El debate se ha decantado hacia lo accesorio de la propuesta, eludiendo lo fundamental. Se discute la fecha en que debe hacerse la revocación para evitar que coincida con las elecciones intermedias.
No se discuten la figura misma y sus indeseables consecuencias en las mecánicas profundas de legitimidad, certidumbre y temporalidad de triunfos y los procesos electorales. Tampoco se discute mucho un asunto elemental de equidad en la contienda que la figura supone, al permitir a gobernantes electos salir a hacer campaña con sus recursos de Poder Ejecutivo, muy superiores, bajo cualquier hipótesis, a los de los otros partidos y candidatos.
Se dirá que estas minucias serán debidamente reglamentadas en la ley secundaria correspondiente. Respondo que en la minuta por aprobarse no hay ni siquiera el esbozo de un lineamiento de criterios a seguir en la ley secundaria como hubo, al menos, en la reforma que creó la Guardia Nacional.
La aprobación de esta reforma traerá al país daños institucionales que pueden anticiparse, como he tratado de hacer en mis colaboraciones esta semana.
Nadie puede decir, en cambio con claridad, cuáles serían sus beneficios salvo por el demagógico dicho de que “El pueblo pone, y el pueblo quita”.