Es una carta abierta inserta en la página 5 de la primera sección de la edición internacional de The New York Times. Media plana. Apaisada, en la parte inferior, que reproduce el mensaje remitido desde el pasado jueves 19, por el abogado Juan P. Morillo, socio y vicepresidente del área de defensa e investigación de … Continued
Es una carta abierta inserta en la página 5 de la primera sección de la edición internacional de The New York Times. Media plana. Apaisada, en la parte inferior, que reproduce el mensaje remitido desde el pasado jueves 19, por el abogado Juan P. Morillo, socio y vicepresidente del área de defensa e investigación de delitos de cuello blanco de la firma Quinn Emanuel Urquhat & Sullivan.
Fechado en Washington, DC, el comunicado de Morillo está dirigido “al público”, a nombre de los inversionistas estadounidenses y europeos de Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro, con el único propósito de responder a “recientes artículos de prensa sobre la investigación penal” que la Procuraduría General de la República habría iniciado contra directivo de esa compañía proveedora de servicios integrales para las áreas de exploración y producción de Pemex, que de estar destinada a convertirse en una de las insignias de la reforma energética, actualmente está en el centro de una agria polémica que amenaza con enlodar a importantes funcionarios de la administración peñista.
En concreto, la autoridad judicial indagaría el presunto desvío de los fondos que Oro Negro debía pagar a los tenedores de los bonos colocados en el mercado accionario. La denuncia “es frívola, carece de fundamento y es una manifestación de la campaña permanente del (gobierno) de México para acosar, perseguir y destruir a Oro Negro”, definió Morillo.
Hace un mes, los abogados de los inversionistas estadounidense y europeos acudieron a los tribunales —tras invocar la cláusula 11 del Tratado de Libre Comercio vigente— por haber sido marginados del mercado de la proveeduría a la empresa productiva del Estado mexicano.
“Oro Negro se negó a participar en el patrón endémico de corrupción”, describió el abogado, “al negarse a pagar sobornos por contratos de Pemex”.
Hace ocho años, Luis Ramírez Corzo y Gilberto Perezalonso —junto con la firma Axis— encabezaron al grupo promotor de la nueva compañía que a mediados del 2012 había asegurado 250 millones de dólares para iniciar sus operaciones, provenientes de Anchor Investors y un grupo de inversionistas individuales. Al cierre fiscal del año 2017 había sumado aportaciones de capital por casi 600 millones de dólares, además de haber emitido bonos en el mercado internacional por aproximadamente otros 900 millones de dólares para financiar la adquisición de cinco plataformas autoelevables de perforación en el Golfo de México que arrendó a PEP, con contratos de tres a seis años de duración. Los contratos tenían un valor total similar al de la deuda contratada.
De acuerdo con la cronología aparecida en el desplegado de The New York Times, en el 2015 comenzó una ofensiva para destruir a la empresa. Un trato “ilegal y discriminatorio” proveniente de la directiva de Pemex que derivó en la cancelación de los contratos, no obstante que Oro Negro había solicitado su concurso mercantil. Pero sobre todo porque Pemex se habría aliado con los tenedores de bonos de la compañía.
Sin determinar fechas y personajes, sostienen que Pemex y los tenedores de bonos tuvieron varias reuniones durante el 2017 en las que acordaron que forzarían a Oro Negro a aceptar nuevas tarifas sin permitir una reestructura de sus pasivos, lo que prácticamente garantizaba su quebranto y la eventual apropiación de las plataformas por parte de los bonistas. Y si Oro Negro se rehusaba a aceptar los nuevos términos, éste terminaría los contratos para que los bonistas se quedaran con las plataformas, a quienes Pemex luego les daría nuevos contratos.
En el desplegado aparecido los representantes de Oro Negro señalan al empresario noruego John Fredriksen —dueño de SeaMex y uno de los tenedores más grandes de la deuda de Oro Negro— y al financiero regiomontano David Martínez.
“En el 2014, Pemex alquiló cinco plataformas a SeaMex en términos mucho más favorables que los otorgados a cualquier otro contratista, como la imposibilidad de terminar dichos contratos unilateralmente; rentas diarias superiores a las de otras empresas y contratos con mayor duración. Las grabaciones mencionan a altos funcionarios de Pemex, incluyendo Emilio Lozoya, participando directamente en la asignación de estos contratos notoriamente inusuales y preferenciales”.
Morillo sostiene que los inversionistas tienen grabaciones de altos funcionarios y exfuncionarios de Pemex en las que admiten las maniobras para destruir a Oro Negro por su negativa a pagar sobornos. Y, adicionalmente, relevan “que altos funcionarios de Pemex y del gobierno mexicano a menudo recibían sobornos de otros contratistas de Pemex”.
Los inversionistas estadounidenses representados por Quinn Emanuel reclamarán una indemnización por 700 millones de dólares, que es el equivalente al valor de sus acciones antes de que Pemex destruyera Oro Negro. Los inversionistas europeos, por su parte, exigirán al gobierno mexicano un pago resarcitorio por 300 millones de dólares.
EFECTOS SECUNDARIOS
ALTURAS. El 29 de junio, la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda emitió la circular 307-A-1892 con las disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestario 2018. El punto 4 prohíbe que las entidades de la administración pública federal hagan contrataciones con cargo al capítulo de servicios personales después del 16 de julio. En la SHCP predicaron con el ejemplo: un día antes de la fecha límite, Tomás Trueba y Emilio Fueyo, quienes estuvieron en la campaña de su exjefe, José Antonio Meade, fueron recolocados en puestos de primerísimo nivel. Las altas del 15 de julio son bastantes: en Banobras en la primera quincena del mes ocuparon 73 plazas vacantes. ¡Qué casualidad!
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