El video –según operadores vinculados a la Cuarta Transformación– originalmente sería liberado el martes 11 de agosto, a primera hora
La bomba mediática que cimbró a la cúpula panista y materializó las sospechas sobre los moches recibidos por diputados y senadores del blanquiazul, vía Emilio Lozoya Austin, estalló, con una semana de retraso. El video –según operadores vinculados a la Cuarta Transformación– originalmente sería liberado el martes 11 de agosto, a primera hora.
Era una coreografía de acompañamiento. De acuerdo con el plan original, modificado de última hora según las fuentes consultadas, era soltar el clip con las imágenes de la maleta retacada con fajos de billetes (un millón de pesos en numerario) cuyos destinatarios no podrían ser otros que los exsenadores Jorge Luis Lavalle –campechano, pieza esencial en la negociación de la reforma petrolera peñista– y Francisco Domínguez Servién, actual gobernador de Querétaro.
Al mediodía de ese martes, el fiscal general de la República ofrecería una conferencia de prensa virtual para informar sobre la denuncia interpuesta por el exdirector general de Petróleos Mexicanos contra media docena de integrantes de las anteriores legislaturas, a quienes entregó 120 millones de pesos por instrucciones de Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto. A última hora y sin que mediara una explicación convincente, la FGR notificó a los reporteros acreditados que suspendía la comparecencia. En vez de eso, difundió un videomensaje de Alejandro Gertz Manero.
La ofensiva contra la cúpula del PAN –también habría altos dirigentes del PRD involucrados en el esquema de sobornos, según las mismas fuentes– apenas comenzaba. La autorización para liberar el video que incrimina a los exsenadores procedió el pasado fin de semana. La operación fue impecable y sus efectos políticos todavía no son tan contundentes.
En la opinión pública, tampoco. Y por eso, los reclamos formulados en Palacio Nacional a la prensa tradicional, por no haber dado eco al videoescándalo de la 4T (curiosamente un spin que se aparta del script original sería la participación del gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa).
Trabajadores de confianza de la anterior Legislatura fueron pillados por un funcionario de la oficina del director general de Pemex, cuya identidad quedó convenientemente protegida. Ni Lavalle ni Domínguez quedan libres de sospecha y no obstante que el mandatario queretano desautorizó cualquier acción de Memo Gutiérrez Badillo, es público y notorio su cercanía. Incluso, su compadrazgo. Un daño colateral de este escándalo podría sufrirlo el coordinador de la bancada blanquiazul en el Senado, Mauricio Kuri, que acogió a exasesores de la anterior Legislatura que podrían salir en los audios y videos que circularán profusamente en las próximas semanas.
Lavalle Maury tampoco podría negar sus nexos con Rafael Caraveo. Antes del Senado, trabajaron juntos en el sector maquilador, en la Coparmex-Campeche y en Sedesol, a las órdenes de Heriberto Félix Guerra. Otros de sus colaboradores, Roberto Opengo –tío de Caraveo–, José Cardozo y Manuel Santín, están bajo sospecha.
El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, dijo estar tranquilo, pues ninguno de los implicados en el maxiproceso en ciernes ha aceptado su intervención en hechos ilícitos. “Mi deber es defender la tradición democrática y en la lucha contra la corrupción de la institución. Mi deber además dar la cara por todos nuestros senadores, diputados, alcaldes, regidores, dirigentes que sí hacen un trabajo limpio y a favor de México y que han construido una oposición fuerte y responsable y buenos gobiernos”, acotó. “Ante cualquier prueba, ante cualquier elemento, quienes sean señalados, tendrán que responder”.
En un desesperado intento de esquivar los daños, Xóchitl Gálvez Ruiz, Laura Rojas Hernández y Éctor Jaime Ramírez Barba acudieron ante la Fiscalía General de la República (FGR) para exigir se investigue el origen del dinero y a los involucrados en el video publicado en redes sociales. La senadora afirmó que es necesario saber tanto la procedencia del dinero como del material de video… ¿y la sanción al cohecho?
Efectos secundarios
EXPECTANTES. El video escándalo versión 2020 ha eclipsado otros asuntos de relevancia, entre ellos, el “compromiso de financiamiento” por 1,000 millones de dólares gestionado por Aeroméxico con un fondo de inversión. De ese financiamiento, hasta 80% podría ser canjeable en acciones de la aerolínea. La operación está sujeta a la aprobación de la Corte que conduce el proceso de reestructura en Estados Unidos.
SANCIÓN. En un pleito de nunca acabar se está convirtiendo la disputa por la explotación del yacimiento en Miguel Auza, Zacatecas. El concesionario y la empresa San Pedro Resources habían pactado –hace 14 años– una contraprestación de 2,500 dólares mensuales o una regalía de 3% de la venta de los minerales extraídos y comercializados, todo ello, sujeto a un acuerdo de exploración y explotación, situación que nunca sucedió debido a adversidades climatológicas. Ante el incumplimiento del consorcio minero, en el 2014 comenzó un litigio en el juzgado Segundo en Materia Mercantil, del Distrito Judicial de Torreón, donde finalmente se impuso una multa de 23 millones de dólares al demandante. Ahora, San Pedro Resources recurrirá esa decisión, de la que en última instancia dependen empleos e inversiones millonarias.
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