Por meses, mucho más durante la semana reciente, pareció que la sociedad y diversas instituciones públicas y privadas habían quedado contra la pared, a merced del virulento activismo de quienes persistieron (ayer todavía) en el destructivo propósito de sabotear las elecciones. Hasta llegó a suponerse que el gobierno federal, “sin saber qué hacer”, reaccionaría según … Continued
Por meses, mucho más durante la semana reciente, pareció que la sociedad y diversas instituciones públicas y privadas habían quedado contra la pared, a merced del virulento activismo de quienes persistieron (ayer todavía) en el destructivo propósito de sabotear las elecciones.
Hasta llegó a suponerse que el gobierno federal, “sin saber qué hacer”, reaccionaría según asimilara la votación que obtuviera el partido de Peña Nieto.
Desde el viernes, sin embargo, un escrito de solo diez líneas, firmado por el secretario de Gobernación, hizo recordar que los gobiernos que surgen de procesos democráticos tienen tanto la legitimidad social como la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes, independientemente del cambiante grado de aceptación de que gocen durante el periodo constitucional para el que fueron elegidos.
Bastó el despliegue militar y policiaco en el sur-sureste (¿qué tal el santuario panchero de Oaxaca?) para disuadir a quienes vienen impulsando la patraña de que representan los intereses “populares”.
Nunca tan pocos pretendieron decidir por tantos.
Su fracaso es estrepitoso.
Minuto a minuto
