Hacienda adelantó que se haría un ajuste por 175,100 millones de pesos en el gasto. El hecho de que el presidente de la República se reúna con su gabinete legal y ampliado debe ser algo común en la conducción de un país. Que se publicite tanto un encuentro así, porque el tema fue la responsabilidad … Continued
Hacienda adelantó que se haría un ajuste por 175,100 millones de pesos en el gasto.
El hecho de que el presidente de la República se reúna con su gabinete legal y ampliado debe ser algo común en la conducción de un país. Que se publicite tanto un encuentro así, porque el tema fue la responsabilidad financiera del gobierno federal, es más bien un acto de propaganda.
Tanto como anunciar un recorte presupuestal para el 2017 cuando todavía no existe ningún presupuesto que recortar.
Las calificaciones crediticias no son un designio divino de triunvirato de firmas calificadoras que tienen en sus manos el prestigio de las economías del mundo.
Estas clasificaciones expresadas con letras y números, básicamente por Standard and Poor’s, Moody’s y Fitch Ratings, son una fotografía del momento financiero que enfrenta, por ejemplo, un país, y cuáles son sus posibilidades de pagar sus deudas.
La semana pasada tuvo amplia difusión el cambio en la perspectiva de la calificación crediticia que la firma Moody’s tiene asignada a la deuda mexicana. También conocimos la degradación de la nota que esa misma firma tiene asignada a Petróleos Mexicanos hasta niveles ya cercanos al grado especulativo.
Los atenuantes de esta acción pueden ser muchos, como que Moody’s tiene asignada a México una calificación más alta que los otros dos líderes escrutadores, que la perspectiva negativa es una reacción lógica a la situación de todo el planeta o bien que realmente lo que la firma hizo fue ratificar la calificación crediticia mexicana.
Como sea, fue una razón más que suficiente para poner las barbas a remojar.
Cuando el jueves pasado se presentaron los precriterios de política monetaria, la Secretaría de Hacienda adelantó que se haría un ajuste por 175,100 millones de pesos en el gasto del 2017, que se suma al recorte por 132,300 millones anunciado en febrero pasado.
La realidad es que el efecto de este anuncio es meramente cosmético, porque el Ejecutivo tiene facultades de ajustar un presupuesto aprobado; pero si lo que pretende es gastar menos el próximo año, entonces debe proponerlo al Congreso, quien decidirá si así lo aprueba o no.
Por eso hay que entender que se haga tanta difusión de una reunión del presidente con su equipo de trabajo donde discutieron la importancia de mantener las finanzas públicas sanas. Porque en todo caso ese encuentro habría sido más prudente antes de presentar los precriterios económicos 2017, ¿no?
Por un lado, el recado que se manda a los mercados financieros y calificadoras que los acompañan es que a pesar de la baja en los ingresos petroleros, la disciplina en el gasto será la política a seguir para no endeudar más al país y no incrementar el déficit fiscal que ya es alto.
Por otro lado, a la tribuna nacional que está en pleno proceso electoral en 13 estados se hace llegar el mensaje de que no hay manera de que para éste o el próximo año se pudieran subir o crear impuestos.
Será en septiembre, cuando el gobierno federal presente formalmente al Congreso la iniciativa de ley de ingresos y el presupuesto de egresos del 2017, que esta disciplina fiscal se pueda comprobar.
Pero ya sabemos que eso es lo que habrá de hacer el gobierno de Peña Nieto, y ya lo saben también las firmas calificadoras.
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