Hace un año, mientras todavía despachaba en el Palacio del Ayuntamiento, Manuel Granados apostaba a su amistad con Miguel Ángel Mancera —labrada en las aulas de la UNAM y fortalecida en el búnker de la procuraduría capitalina— para continuar su carrera política. Con la mira enfocada en la Jefatura de Gobierno, el abogado literalmente se … Continued
Hace un año, mientras todavía despachaba en el Palacio del Ayuntamiento, Manuel Granados apostaba a su amistad con Miguel Ángel Mancera —labrada en las aulas de la UNAM y fortalecida en el búnker de la procuraduría capitalina— para continuar su carrera política. Con la mira enfocada en la Jefatura de Gobierno, el abogado literalmente se pondría la casaca del PRD.
Tres meses después, enfundado en un chaleco cerúleo con el logotipo del sol azteca en la espalda y su nombre alforzado en cursivas, Granados aceptaba convertirse en sustituto de Alejandra Barrales. Como “bateador emergente”, bromeaba entonces, al menos podría aprovechar los utilitarios de una campaña improbable.
“Me quedo al frente del partido”, aseguraba sin expectativas de algún otro premio de consolación, a mediados de diciembre pasado. Había coordinado la mesa directiva de la Asamblea Legislativa durante el primer trienio de Mancera y como consejero jurídico del jefe de Gobierno había intervenido de manera decisiva en la definición de la nueva Constitución de la CDMX. Era lógico que volviera al Congreso local o fuera al Senado de la República, pero la coalición electoral pactada con el PAN y Movimiento Ciudadano limitó la disponibilidad de escaños y curules.
¿Bateador emergente o relevo forzado? La estancia de Barrales al frente del PRD había sido impugnada ante el Tribunal Electoral, cuya sala superior había ordenado el cumplimiento del artículo 130 del Estatuto. Pero el proceso electoral arrancó el 30 de octubre y la legislación vigente prohíbe las internas partidistas para renovar dirigencias. Otro incidente de imposibilidad de incumplimiento de sentencia —identificado con la clave SUP-JDC-633/2017— mandató al Consejo Nacional del PRD a una sesión extraordinaria, donde Granados y Ángel Ávila (quien acababa de concluir su periodo al frente de ese órgano partidista) fueron electos para encabezar al Comité Ejecutivo Nacional, por un año.
Relevo forzado. Campañas negadas. Y la peor derrota electoral en dos décadas para el partido fundado hace 29 años.
Apenas hace 15 días, el ingeniero Andrés Shaday González Quezada, en su calidad de afiliado al PRD, acudió vía per saltum ante el TEPJF para impugnar la omisión de la directiva transitoria de convocar a la pendiente renovación de los órganos partidistas. La magistrada presidenta, Janine Otálora, ordenó integrar el expediente SUP-JDC-496/2018 y turnarlo a la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.
El pleno resolvió el asunto el pasado miércoles 17. Y validó la propuesta del magistrado ponente, quien propuso declarar improcedente el pedimento de ya que no se habían agotado las instancias previas establecidas en el Estatuto partidista. Ese fallo judicial ocurrió 72 horas antes de que el Consejo Nacional perredista acudiera a una sesión extraordinaria, citada originalmente para autorizar la convocatoria al XV Congreso del partido, a celebrarse dentro de un mes.
A Granados le llovía sobre mojado. Su propuesta de adelgazar la estructura partidista —lo que implicaba recortar plazas y despedir a 200 trabajadores sindicalizados— fue repudiada por tirios y troyanos. Y el fallo de los magistrados electorales ponía la presidencia transitoria en vilo.
El doctor en derecho decidió no incurrir en desacato y esquivar la tiranía de las tribus perredistas, por lo que presentó su renuncia, con carácter irrevocable, sin esperar a que la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD resolviera sobre la queja presentada por Shaday González Quezada.
La sentencia del TEPJF está “en vías de cumplimiento”, de la peor forma. Al frente del PRD queda —por prelación— Ángel Ávila, cercanísimo al expresidente del CEN, Jesús Ortega. El predominio de la corriente Nueva Izquierda se ha alargado una década… lapso que coincide con el derroque electoral del sol azteca.
Con una estructura burocrática “incosteable” —según las definiciones de Granados—, un imposible padrón de afiliados y un adeudo engrosado por las campañas fallidas y sucesivas multas impuestas por el INE, el PRD acudirá a una cita definitiva. La resolución del TEPJF obliga a la renovación de su presidencia, la secretaría general y las carteras del CEN, así como de los integrantes de las comisiones nacionales del partido establecidas en el artículo 130 del Estatuto, así como el instituto nacional de investigación, formación política y capacitación en políticas públicas y gobierno.
Antes, los delegados al Congreso Nacional deberán atender las conclusiones del proceso de reingeniería —actualmente a cargo de una comisión nacional de diálogo— y de la deliberación interna, convocada por la mesa de estatutos.
¿Autodeterminación partidaria u obediencia a la autoridad jurisdiccional? Obligados por la crisis económica, los perredistas definirán su nuevo estatuto, antes de la renovación de la dirigencia partidista.
A más tardar el próximo viernes 26 deberá quedar integrada la comisión organizadora, que además de las cuestiones logísticas, deberá definir el temario base para reformar el Estatuto del sol azteca.
El pleno del Consejo Nacional aprobó, el pasado sábado 20, la convocatoria para el XV Congreso Nacional Extraordinario, aunque no definió su sede. Habrá 1,200 delegados efectivos, además de 300 dirigentes y otros 200 representantes sociales que acudirán como “invitados externos”, con derecho a voz pero sin voto.
EFECTOS SECUNDARIOS
CUENTA REGRESIVA. Maestros por México, el movimiento magisterial que se propuso la reinstalación de Elba Esther Gordillo Morales como lideresa del SNTE, acudió a la PGR, para interponer una denuncia contra Juan Díaz de la Torre. Y también de un emplazamiento al Comité Nacional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Resultados de la organización para que voluntariamente informe sobre los manejos de los fondos sindicales. De inmediato, la apoderada legal del SNTE, Soralla Bañuelos, denunció a Luis Pérez Pasten, Venancio Morales Zúñiga y quienes resulten responsables, por el delito de falsedad de declaraciones judiciales e informes dados a una autoridad.
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