Con medidas efectistas —ya sea la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto internacional en Texcoco, la Ley de Remuneraciones para los Servidores Públicos o los recortes presupuestales—, Andrés Manuel López Obrador busca implantar la austeridad republicana entre los altos mandos del gobierno federal, sin duda, pero también entre empresarios, académicos y representantes de la … Continued
Con medidas efectistas —ya sea la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto internacional en Texcoco, la Ley de Remuneraciones para los Servidores Públicos o los recortes presupuestales—, Andrés Manuel López Obrador busca implantar la austeridad republicana entre los altos mandos del gobierno federal, sin duda, pero también entre empresarios, académicos y representantes de la sociedad civil.
El principal problema que aqueja al país —ha definido el Ejecutivo federal— es la corrupción. Pero a diferencia de la administración peñista, ahora no se asume que la fenomenología de este cáncer nacional es asunto cultural. La corrupción es una de las facetas de la ilegalidad, sin importar si el hecho fue llevado a cabo por una autoridad, un servidor público, un empresario o un ciudadano. Y socialmente no es tan reprobada.
A partir de esas nuevas definiciones y con el esfuerzo coordinado de las instituciones, está en marcha la implementación de una nueva política anticorrupción. En el centro de estas iniciativas están el Consejo de Participación Ciudadana y el Comité Coordinador del SNA aunque en el frente gubernamental todavía están pendientes definiciones esenciales.
El nuevo marco conceptual de la política pública en la materia fue presentado oficialmente a finales de la semana pasada, en presencia de la nueva secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y del magistrado presidente del Tribunal Fiscal y de Justicia Administrativa, Carlos Chaurand. Falta el nuevo fiscal anticorrupción para tener completo el entramado institucional.
En vísperas de su nombramiento, las definiciones. Y si la corrupción no es cultural –EPN dixit–, ¿entonces cómo definirla? Como un orden social que basa sus formas de intercambio en las relaciones particulares y el favoritismo, en lugar de fundarlas en modos impersonales e imparciales de autoridad. El problema principal que enfrenta la corrupción es la incapacidad gubernamental y social para controlar efectivamente la corrupción, y las condiciones que propician su permanencia.
La prevalencia de altos niveles de impunidad en materia de faltas administrativas y delitos de corrupción es uno de los rasgos distintivos del fenómeno en México. Y para mayor abundamiento, la impunidad debe entenderse como la situación en la que los delitos y los presuntos responsables no reciben un castigo de acuerdo con lo estipulado en las leyes.
En el ámbito concreto de la corrupción, la impunidad se relaciona con la incapacidad de las instituciones responsables y la inefectividad de los procesos existentes para investigar y sancionar a aquellas personas —ya sean autoridades, funcionarios, empresarios o ciudadanos— que incurren en algún acto de corrupción. Las personas optan por cometer actos de corrupción, dado que la probabilidad de ser investigados y sancionados es mínima.
El segundo factor clave de la corrupción asociada a la ilegalidad es la persistencia de amplios márgenes de discrecionalidad en el servicio público, que abren la puerta a la arbitrariedad. En este sentido, la arbitrariedad es entendida como el margen que tienen las instituciones y servidores públicos en el ejercicio de sus funciones para utilizar criterios de interpretación en la toma de decisiones y aplicación de las normas.
El desvío de recursos, la falta de una eficiente profesionalización de los servidores públicos, la disminución de la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, así como la generación de sobrecostos en los procesos de adquisición y en la realización de obras públicas, por mencionar algunos ejemplos, son los fenómenos a erradicar.
EFECTOS SECUNDARIOS
COMPLETOS. El pleno de los diputados al Congreso de la CDMX eligió a María del Carmen Nava Polina, Julio César Bonilla Gutiérrez, Marina San Martín Rebolloso y Arístides Rodrigo Guerrero García como nuevos comisionados del InfoDF. Esta semana, en el Senado de la República, también quedaría definida la vacante en el INAI. La lista de candidatos será definida en comisiones.
EMPLEITADOS. El diferendo entre los magistrados Janina Otálora y José Luis Vargas ha escalado a niveles inéditos en las dos décadas de existencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Del litigio mediático, intensificado tras del fallo sobre la elección para gobernador de Puebla, el conflicto podría llegar a los tribunales, si procediera la petición de Vargas Valdez de que la magistrada presidenta del TEPJF sea destituida. “Ha perdido su papel como presidenta dado que ya no garantiza lo más elemental: la unidad del pleno ni la independencia de los magistrados, lo que lamentablemente lleva al indebido funcionamiento de la institución”, criticó tras anunciar que solicitará a la presidenta Otálora que sea en una sesión pública donde se discuta la idoneidad de su permanencia.
¿EXCLUSIONES? Luego de su raudo paso por la alcaldía de Ciudad Nezahualcóyotl, de la mano de los consultores políticos Jessica de la Madrid, Aleix Sanmartin y Roberto Morris, el perredista Juan Zepeda se convirtió en figura nacional tras su nominación, el año pasado, como candidato del PRD a la gubernatura del Estado de México. Eran escasas sus posibilidades de triunfo pero su intervención evitó que Delfina Gómez derrotara a Alfredo Del Mazo. En el 2018, con el respaldo de la corriente ADN, Zepeda encabezó la fórmula aliancista que buscó una senaduría y desde hace tres meses llegó a la Cámara Alta, para incrustarse en la Comisión de Justicia. Tenía la mira puesta en la dirigencia nacional del PRD y sin claudicar en ese propósito, sorpresivamente ha decidido dejar las funciones parlamentarias a su suplente, Omar Obed Maceda Luna. “Hace unos días me sometí a una cirugía de rodilla… requiero unos días de recuperación. Agradezco su comprensión para responder a cualquier solicitud, siempre que mi condición médica me lo permita”, notificó.
ORFANDADES. La organización Aldeas Infantiles SOS se propuso contar con una radiografía del contexto actual de la infancia en nuestro país y sus hallazgos son contundentes: en México existen más de 400,000 niños y adolescentes que viven sin el cuidado de sus padres ya sea porque han quedado huérfanos o han sido abandonados por su familia.
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