RICARDO MONREAL, LÍDER DE LA BANCADA DE MORENA, CÁMARA DE DIPUTADOS: +Y sigue la mata dando… Refrán popular El viernes pasado, en este espacio consigné el número tan escaso de aplicantes a ser personas juzgadoras. Y agregué: “Pero pongámonos optimistas y supongamos que, en los dos días restantes, los registros en el Poder Judicial y … Continued
RICARDO MONREAL,
LÍDER DE LA BANCADA DE MORENA,
CÁMARA DE DIPUTADOS:
+Y sigue la mata dando…
Refrán popular
El viernes pasado, en este espacio consigné el número tan escaso de aplicantes a ser personas juzgadoras. Y agregué: “Pero pongámonos optimistas y supongamos que, en los dos días restantes, los registros en el Poder Judicial y en el Ejecutivo crecen 300%. Aun así, apenas habría nueve mil 500 precandidatos, quedándose cortos por seis mil 784 (-41%)”.
Caray don Ricardo, los de MORENA hacen prodigios y ahora resulta que no están en déficit sino que les sobra un montón de candidatos, pues casi duplicaron el número necesario al llegar a 34 mil aspirantes. Me maravilla su capacidad de la movilización, perdón, de incentivación a los abogados. En números redondos, 11 mil 900 lo hicieron vía el Poder Legislativo y 18 mil 500 por el Ejecutivo; el único que se quedó corto fue el Poder Judicial. ¿Por qué sería?
Lo cierto es que en el Legislativo se vieron muy hábiles para resolver el problema de los pobres números alcanzados hasta el viernes. La primera medida fue dar salida a lo inadecuada e ineficiente que resusltó la plataforma de registro, ya que los documentos que los aspirantes debían subir eran pesados. Así que rápidamente habilitaron un correo electrónico y hasta un módulo presencial para recibir candidaturas.
No es que nos tiremos al sospechosismo, pero platíquenos dos cosas: la primera, si tal medida desesperada no contraviene las normas que ustedes mismos establecieron; la segunda, cómo le hicieron para difundir urbi et orbi la dirección electrónica y que tuviera tanto éxito. Para muchos resulta inexplicable…
“Fue una gran cantidad de personas y de muy buen nivel académico,” afirmó usted al cierre de registro. Suena un tanto precipitada su aseveración porque no creo que usted, ni nadie, haya podido revisar los currículo de los aspirantes la misma noche del domingo.
Lo anterior nos lleva al sistema de calificación. Todos los aspirantes tendrán, en automático, 30 puntos por “honestidad” pues con absoluta seguridad todos habrán conseguido las cartas de recomendación solicitadas. Que dichas cartas verdaderamente correspondan a la ética de los recomendados, es otra historia.
Lo que no queda claro es cómo van a asignar los 40 puntos por formación académica. Dicho sea, con todo respeto, no es lo mismo una maestría en la UNAM, el ITAM o el CIDE, que en las muchas universidades patito que pululan en nuestro país. ¿Tendrán ustedes algún método para decantar unas de otras? Más aún, ¿tendrán algún método para confirmar si la documentación es veraz? No vaya a ser que les cuelen un título expedido en la Plaza de Santo Domingo.
Más complicado todavía será revisar los documentos que los aplicantes hayan utilizado para acreditar su experiencia. Además del currículum general, si cada participante presentó unos cuatro o cinco documentos de los litigios en los cuales haya intervenido, estamos hablando de entre 136 mil y 170 expedientes. Nada más ver la carátula de cada uno será una labor titánica, misma que deberá estar concluida para el 15 de diciembre. Pero bueno don Ricardo, supongamos que contarán con un número descomunal de revisores, ¿qué criterio aplicarán para determinar cuándo los casos presentados son más relevantes unos que otros y, por ende, la responsabilidad y calidad profesional del litigante?
Y todavía les falta la aplicación y revisión de los exámenes de los 18 mil y pico que habrán pasado el primer filtro.
Todo este asunto de la Reforma al Poder Judicial lleva a pensar que los morenistas tienen un concepto bizarro de lo que es la justicia. Lo digo también porque la próxima semana discutirán en la Cámara de Diputados los delitos a incluir o excluir en la prisión preventiva oficiosa (PPO), siendo que desde febrero de 2023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos la consideró violatoria de la presunción de inocencia y ser “una medida cautelar restrictiva de la libertad”.
Por cierto, doctor Monreal, se ha documentado que en México hay un sobreuso de la prisión preventiva, pues 40% de las personas están recluidas bajo esta figura; dicho sea de paso, fomenta la negligencia de los ministerios públicos y las policías de investigación para armar las carpetas de investigación. Total, ya tienen al presunto tras las rejas.
Al emitirse el fallo de la CIDH, la Secretaría de Relaciones Exteriores reconoció la obligatoriedad de eliminar la PPO, ya que desde 1998 nuestro país aceptó la competencia de dicho tribunal. Pero como suele pasar con la 4T, el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López se puso flamenco y reviró diciendo que “no puede haber ninguna Corte, por más interamericana que sea, que cometa ese despropósito de obligar al Estado mexicano a modificar la Constitución” (2/02/2023).
Y aquí seguimos los mexicanos con el riesgo de caer en prisión por quítame estas pajas y, para colmo, ser juzgados por jueces de dudosa preparación y solidez.
Con la colaboración de Upa Ruiz
X: @upa_ruiz
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