El presidente consejero de la CRE quería presentarse ante el Ejecutivo federal para exponerle lo que ya había sostenido públicamente desde el 15 de febrero
Casi a la misma hora que Guillermo Ignacio García Alcocer arribaba a Palacio Nacional para entrevistarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en las redes sociales profusamente circulaban rumores sobre la inminente renuncia del comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía.
Esas versiones alimentaron un intenso debate sobre la pertinencia de esa supuesta inmolación, “por razones estrictamente personales”, como sostenían líderes de opinión que en la víspera habrían platicado con el titular de la CRE y conocieron de la zozobra de sus familiares más cercanos, por las indagatorias iniciadas por la Función Pública y las autoridades hacendarias.
El entorno más cercano de García Alcocer, efectivamente, vivió una semana de estrés y desasosiego. Otros cercanos —cuya identidad se mantendrá bajo reserva, a petición expresa— trataron de establecer interlocución con AMLO. El primer contacto, aunque infructuoso, fue con la secretaria del ramo, Rocío Nahle. Y después, tocaron la puerta del consejero jurídico del presidente, Julio Scherer Ibarra.
El presidente consejero de la CRE quería presentarse ante el Ejecutivo federal para exponerle, de viva voz, lo que ya había sostenido públicamente desde el 15 de febrero: Mario Barreiro Castellanos —hermano de su esposa— es directivo de Vestas, una empresa danesa dedicada a la fabricación, venta y mantenimiento de tecnología eólica, que no es regulada por la CRE.
Así consta en la declaración de intereses que formuló el 1 de junio del 2016, cuando asumió el cargo. Un mes y medio después se vio obligado a hacer un “alcance” para manifestar que Sergio García Castellanos, primo hermano de su cónyuge, fungía como director general de Santa Fe Natural Gas, filial de la empresa Fermaca.
La audiencia en Palacio Nacional duró 45 minutos y sirvió para abrir un canal “directo y franco” de comunicación. ¿Y la renuncia? Nadie la pidió —el Ejecutivo federal no tiene facultades para ello— y tampoco, nadie la llevaba bajo el brazo.
La declaración de interés y sus modificaciones son un requisito. Determinar si hay conflicto es potestad de otras instancias. Y sobre todo, un ejercicio de transparencia. Esto viene a colación, a partir del caso de la abogada Lucía Regina de los Ángeles Ojeda Cárdenas, quien hace cuatro meses aceptó uno de los 15 asientos en el cuarto Consejo Consultivo del Instituto Federal de Comunicaciones.
El artículo 34 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión señala que el instituto deberá contar con un Consejo Consultivo integrado por especialistas de reconocido prestigio en las materias que son competencia del IFT. Ojeda Cárdenas fue seleccionada entre los ocho hombres y siete mujeres “de distintas profesiones y con valiosos perfiles” que asumieron su encargo, el pasado 8 de noviembre del 2018.
Elegidos para cubrir un año, bajo la presidencia de Ernesto Flores-Roux, los consejeros pactaron un calendario de 10 sesiones de trabajo. La cuarta quedó programada para el próximo jueves 28 de febrero. Pero tres días antes, Ojeda, en su calidad de socia del despacho SAI Consultores, se acreditó como representante de Disney México, que junto con 21th Century Fox actualmente tramita la autorización del regulador para su fusión.
Para los consejeros consultivos, la legislación vigente establece un umbral para la participación accionaria o social de más de 5% en agentes regulados por el IFT o en agentes con contratos sustanciales con agentes regulados.
“Soy socia de SAI Consultores, sociedad que presta servicios en materia de competencia y regulación a concesionarios de telecomunicaciones o radiodifusión”, dice la versión actualizada de su declaración de interés. “Ninguno de sus clientes en el sector representan una porción significativa de los ingresos de SAI de tal forma que pueda considerarse que sea proveedor importante de alguno de éstos conforme a los parámetros que establece la legislación vigente en México”.
Ayer, en el Senado de la República, el pleno aprobó el nombramiento de Gustavo Rodrigo Pérez Valdespín, nuevo integrante de la Comisión Federal de Competencia Económica. Y la legisladora panista Xóchitl Gálvez usó la tribuna para solicitar al presidente de la Comisión de Energía, Armando Guadiana, que retirara el dictamen de idoneidad expedido a favor de 11 candidatos a ocupar las cuatro vacantes en la Comisión Reguladora de Energía
“(Los aspirantes) no tienen los conocimientos, ni la experiencia, ni las aptitudes técnicas para este cargo”, dijo la senadora hidalguense, “yo quisiera pedirle que se revise este dictamen, porque no puede ser que a los 11 candidatos se les declara que son idóneos a ocupar el cargo”. Y la Comisión Nacional de Hidrocarburos al borde de la parálisis, con la renuncia de Gaspar Franco.
EFECTOS SECUNDARIOS
OPORTUNOS. Beatriz Gutiérrez Müller de López Obrador acudió el pasado fin de semana al Palacio de Minería para presentar La memoria artificial en la Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, su trabajo de tesis para acreditar la maestría en Letras Iberoamericanas que le concedió la Ibero-Puebla que ahora se convirtió en libro, tras 20 años de haberla elaborado. La esposa del Ejecutivo federal es académica del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, dedicada a recuperar el patrimonio literario de autores mexicanos de principios del siglo XX en México, y recibió un doctorado en Teoría Literaria por la UAM Iztapalapa.
ANTICIPADOS. Las elucubraciones sobre el destino de Octavio Romero Oropeza abandonaron los pasillos de Palacio Nacional desde hace una semana y se fueron a San Lázaro. ¿Acaso Mario Delgado filtró? ¿O Rocío Nahle buscó cobrarse las afrentas de la crisis por el robo de combustible? La decisión final está en ciernes y la determinación se sabrá dentro de dos semanas, en la conmemoración del aniversario de la expropiación petrolera.
PROTESTA. Sigue el paro de labores de los trabajadores de la Condusef, donde la atención a los quejosos no se ha suspendido. Los sindicalizados protestas por la pérdida de prestaciones y apelan a la comprensión de los contribuyentes.
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