A doce años de la llamada reforma judicial publicada en diciembre de 1994 y que entró en vigor en enero de 1995, se hace necesario realizar un balance general, necesariamente superficial, sobre el estado que guarda la justicia constitucional en México, especialmente de la que se encarga la Suprema Corte de Justicia…
En la página del ex ministro Arturo Zaldívar, coordinador de Política y Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y entusiasta impulsor de la reforma judicial que acabó con la separación de los poderes, ya no aparece el texto íntegro de sus Reflexiones sobre la jurisdicción constitucional en México, al parecer escrito 12 años antes de presidir la Suprema Corte, pero su introducción aún es accesible:
A doce años de la llamada reforma judicial publicada en diciembre de 1994 y que entró en vigor en enero de 1995, se hace necesario realizar un balance general, necesariamente superficial, sobre el estado que guarda la justicia constitucional en México, especialmente de la que se encarga la Suprema Corte de Justicia…
Elogiaba su función controladora de los conflictos entre poderes (…), su reestructuración para dotarla de mejores instrumentos para el control de la constitucionalidad ampliando las controversias constitucionales y estableciendo las acciones de inconstitucionalidad (…). Se crea el Consejo de la Judicatura Federal (…) y se complementa con la reforma constitucional de 1996, que incorpora el Tribunal Electoral a la estructura del Poder Judicial…
De la misma trascendental y positiva reforma, la presidenta Sheinbaum dijo ayer:
“Si el objetivo hubiera sido que la Presidenta controlara la Suprema Corte, hubiéramos hecho una reforma al estilo Zedillo que, con la alianza del PRIAN, en 1995, desapareció la antigua la Corte y nombró una nueva a su contentillo. Eso sí era autoritarismo; nosotros somos demócratas y lo que queremos es que se termine la corrupción en el Poder Judicial…”.
Pero si de eso se tratara conviene reparar en la corrupción y el cinismo que encarnan los hermanos López Obrador y quién sabe cuántos morenistas y morenianos:
Uno de los atrapados en video (el otro es Martín) recibiendo fajos de billetes robados al erario chiapaneco, Pío López Obrador, tuvo antier el descaro de presumir que las autoridades electorales desecharon procesarlo y sancionarlo, por lo que llamó “un vil montaje mediático” (que dio a conocer Carlos Loret), de algo tan real que Andrés Manuel, entonces presidente, dijo sin el menor recato en una mañanera que el dinero fue una “aportación para el movimiento” (registrado ya como Morena).
Pío aseguró que la exhibición afectó su “integridad, honorabilidad y dignidad” y la de sus seres queridos; que fue investigado en la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, el SAT, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Fiscalía General de la República y la Especializada en Materia de Delitos Electorales, pero que no cometió delito alguno.
¿No habría bastado lo que declaró en Palacio Nacional su poderoso hermano para que las mayorías cuatroteras del Instituto y el Tribunal electorales no quedaran como alcahuetas de la corrupción y el nepotismo de los hermanitos y su partido, si no para castigar a Pío (ni a Martín), al menos para dejar constancia pública de uno de tantos cochupos en la entraña del juarista “movimiento…”?
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