Han pasado dos semanas desde que las coordinaciones regionales y las agencias de la FND recibieron la instrucción de suspender inmediatamente las autorizaciones de crédito, en curso
Han pasado dos semanas desde que las coordinaciones regionales y las agencias de la Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuardo, Rural, Forestal y Pesquero (FDN) recibieron la instrucción de suspender inmediatamente las autorizaciones de crédito, en curso. En Palacio Nacional habían ordenado sendas auditorías a las instituciones de la banca de desarrollo, ante la presunción de haber desviado recursos del erario, como evidencia el caso Odebrecht.
La instrucción de frenar los trámites en curso fue verbal, pero tajante. Las presiones del mercado, pero sobre todo el ambiente interno, metieron a la institución en una espiral de hablillas y perplejidades alimentadas por pugnas al interior de la Cuarta Transformación.
Tras un trimestre de adaptación, la nueva directiva –encabezada por Baldemar Hernández– instrumentará una nueva política para autorizar los préstamos, a riesgo de enfrentar un cúmulo de demandas por la negativa de otorgar crédito a solicitantes que cumplan con los requisitos estipulados por la FND.
Y es que esa institución se ha convertido en una de las más onerosas, en términos de las tasas de cobro a los clientes del sector primario: al mes de julio del 2020 la tasa activa fue de 13.7%, contra 8.04% de la banca privada; una diferencia de 566 puntos base. Pero lograr una baja en las tasas resulta difícil, con la enorme carga ya acumulada de pérdidas y cartera vencida así como los enormes gastos de operación. Al cierre de diciembre del 2019 ascendieron a 2 mil 237 millones de pesos y para junio del 2020 acumulaban mil 26 millones de pesos.
Dentro de la FND trascendió que el director general adjunto, Onésimo Hernández Bello, acudió a las instancias judiciales para tramitar un amparo por una sanción administrativa, pero esa noticia, con rumores sobre presuntas investigaciones de la Función Pública y el SAT por créditos autorizados en condiciones muy irregulares que no han podido ser cobrados, han exacerbado la incertidumbre.
Los contratos autorizados por el anterior director, Javier Delgado, están a revisión, confirmó un funcionario de la Secretaría de Hacienda. Son créditos otorgados en el 2019 y durante el primer semestre de este año, inclusive. En particular, son operaciones autorizadas por la coordinación regional Sur, por casi 2,000 millones de pesos, sin la documentación necesaria. A esa oficina, con sede en Puebla, están adscritos los estados de Hidalgo y Guanajuato, donde se habrían registrado las irregularidades, sin que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores haya realizado alguna observación o reporte.
En diciembre del 2018, el índice de morosidad de FND era de 7.2% a nivel nacional. Hace un mes, la cartera vencida alcanzó 19.32%, en una prolongación de una tendencia que se ha registrado los últimos dos años.
Los productores de media docena de entidades federativas están al borde del impago. Los casos más alarmantes se registran en Baja California donde el IMOR es de 48%; Guerrero, con 45%; Quintana Roo y Nayarit, con 40%, respectivamente; y San Luis Potosí, con 34.4 por ciento.
Messidor, una consultoría especializada agronegocios, elabora un reporte periódico sobre el desempeño del crédito al sector primario y agroalimentario, y en su edición más reciente estimó que el deterioro de la cartera de FND podría alcanzar 26% al cierre del año, por el empeoramiento del entorno interno y externo.
Entre los factores internos sobresalen la pérdida de capital humano calificado y especializado en la operación de una institución de esta naturaleza; recientemente hubo cambios en las direcciones fundamentales en la promoción y la operación crediticia, y cuyos perfiles no son los mejores para afrontar un reto de tal magnitud como el que enfrenta la Financiera. Por el lado externo ya es visible la desaceleración de la demanda y oferta de crédito en el sector.
Los documentos entregados por los colaboradores de Delgado hace tres meses incluyen una evaluación técnica de la administración de riesgos en la FDN elaborada por Grupo de Economistas Asociados. El contrato A-DECI-33104-035-19, por 120,000 pesos, data de hace un año y el reporte no advirtió sobre el desbordamiento de la cartera vencida.
Entre otros servicios de asesoría autorizados por la anterior directiva está la subcontratación de personal –que otorgan conjuntamente Lore Soluciones, Visión Estratégica de Negocios y Firmeza Jurídica desde junio del 2019– para las cinco coordinaciones regionales y 50 agencias de la Financiera distribuidas en el territorio nacional; una extensión del contrato plurianual para la administración de una nómina integrada por un millar de servidores públicos, firmado en el 2017.
La nueva política de crédito está enfocada a los pequeños productores, que recibirán créditos de 25 mil hasta 50 mil pesos, y capacitación. “Quieren ir a la base de la pirámide y seguir apoyando a los grandes, pero de manera directa, sin intermediarios”, explicó Alberto Islas, presidente de Global Leading Solutions.
Los temores ante la inminente desaparición de la FND están fundados. Y es que mientras avanza la reforma legal para crear la nueva Agrofin, crece la merma patrimonial de la institución y el gobierno federal paulatinamente la deja sin materia de trabajo: la propuesta presupuestal para 2021 no contempla recursos para apoyar actividades de capacitación y asesoría a los productores, así como para aquellos que decidan constituirse como intermediarios financieros rurales.
Twitter: @aguirre_alberto
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