Se acerca la hora de las definiciones para Miguel Ángel Mancera. El jefe de Gobierno de la Ciudad de México ya tiene el compromiso de los dirigentes de los partidos que integran Por México al Frente de convertirse en el coordinador del gobierno de coalición que encabezaría Ricardo Anaya, si gana las elecciones presidenciales. Tal … Continued
Se acerca la hora de las definiciones para Miguel Ángel Mancera. El jefe de Gobierno de la Ciudad de México ya tiene el compromiso de los dirigentes de los partidos que integran Por México al Frente de convertirse en el coordinador del gobierno de coalición que encabezaría Ricardo Anaya, si gana las elecciones presidenciales.
Tal encargo —se entiende— sería simbólico en tanto ocurre la reforma constitucional que instaura la figura de jefe de Gabinete con plenos poderes. En el Pacto por México, el PAN y el PRD pugnaron por un modelo en el que este articulador del ejercicio presidencialista quedara atado a la ratificación del Congreso y con un amplio paquete de atribuciones, que irían desde la sustitución del Ejecutivo —en ausencias temporales—, hasta la facultad para presentar iniciativas de ley y conducción de las relaciones con los otros poderes y los gobernadores.
Mancera podría permanecer en su cargo actual mientras Anaya materializa sus afanes presidencialistas. Pero el Frente necesita el mayor número de votos posibles y el jefe de Gobierno, si se integra a la campaña, podría rentabilizar su capital político en el interior de la República.
El Artículo 55 constitucional impide a los gobernadores ser electos en entidades de sus respectivas circunscripciones electorales durante el periodo de su gestión, aun cuando se separen definitivamente del cargo. Sobre esa base, juristas y politólogos de reconocido prestigio —entre ellos Jorge Alcocer, destacadamente— han advertido que la postulación de Mancera como candidato plurinominal al Senado sería un fraude.
Dentro del Frente, Gustavo Madero anunció que presentaría una impugnación ante el Tribunal Electoral para resolver sobre esta controversia. Entre los magistrados electorales hicieron una primera revisión del tema y el consenso es que su postulación es procedente. También, la exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, no obstante los señalamientos contra su postulación al Senado de la República —también en la lista nacional— por Morena.
“La ministra en retiro no es elegible”, sostuvo Ernesto Villanueva, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, tras de invocar el segundo párrafo de la fracción V del Artículo 55 de la Carta Magna que a la letra dice que para ser legislador (diputado, en el texto original) se requiere “no ser ministro de la SCJN, ni magistrado, ni secretario del TEPJF, ni consejero presidencial o consejero electoral, ni secretario ejecutivo, director ejecutivo o personal profesional directivo del propio INE (…) salvo que se hubiere separado de su encargo, de manera definitiva, tres años antes del día de la elección”.
Después de una década en la Suprema Corte —entre enero de 1995 y noviembre del 2005—, Sánchez Cordero habría pasado a retiro hace 17 años, por lo que no aplicaría la prohibición establecida en el Artículo 101 para optar por un cargo de elección popular de acuerdo a lo que se ha estudiado en el TEPJF.
El pasado 18 de febrero, el Consejo Nacional de Morena aprobó la lista de aspirantes al Senado de la República por la vía plurinominal. Sánchez Cordero, la activista social Nestora Salgado, el expresidente del PAN, Germán Martínez Cázares, y el líder minero Napoleón Gómez Urrutia tendrían lugares “seguros”, dentro los primeros 10 de la lista nacional.
En el Tribunal Electoral, a diferencia de los casos anteriores, las opiniones no son favorables. Y todo tiene que ver con su nacionalidad. En el 2014, Gómez Urrutia adquirió la nacionalidad canadiense.
En días pasados, de acuerdo con información recabada por fuentes gubernamentales, Gómez Urrutia habría acudido al Consulado de México en Vancouver para tramitar un Certificado de Nacionalidad Mexicana.
Esto, en cumplimiento al requisito establecido en el artículo 16 de la Ley de Nacionalidad, que dice a la letra: “Los mexicanos por nacimiento, a los que otro Estado considere como sus nacionales, deberán presentar el Certificado de Nacionalidad Mexicana cuando pretendan acceder al ejercicio de algún cargo o función para el que se requiera ser mexicano por nacimiento y que no adquieran otra nacionalidad. Al efecto, las autoridades correspondientes deberán exigir a los interesados la presentación de dicho certificado (…) Para ello, formularán renuncia expresa a la nacionalidad que les sea atribuida, a toda sumisión, obediencia, fidelidad a cualquier Estado extranjero, especialmente de aquel que se le atribuya la otra nacionalidad, a toda protección extraña a las leyes y autoridades mexicanas y a todo derecho que los tratados o convenciones internacionales concedan a los extranjeros”.
Para ejercer el cargo de Senado es requisito ser mexicano por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad. El impedimento que regula este precepto constitucional es absoluto. Los artículos 16 y 17 de la Ley de Nacionalidad prevén la posibilidad de un caso de excepción.
La Ley de Nacionalidad es clara al establecer esta excepción. Se refiere a la nacionalidad atribuida o considerada por el Estado extranjero y no autoriza la expedición del certificado de nacionalidad por renuncia cuando haya sido adquirida por solicitud y gestión expresa del individuo.
La doble nacionalidad está prohibida en México. Y a Gómez Urrutia no le resultaría aplicable la excepción prevista por el artículo 17. Su suerte, ahora, depende de Relaciones Exteriores.
EFECTOS SECUNDARIOS
FRUSTRADOS. El cónclave de los independientes quedó cancelado. Jaime Rodríguez Calderón comunicó a Armando Ríos Piter que no acudiría al San Ángel Inn ayer muy temprano y, después de informar a Margarita Zavala sobre esa baja, el Jaguar prefirió enfocarse a preparar, junto con sus abogados, la respuesta al INE ante la probable cancelación de su registro como candidato independiente a la Presidencia de la República. El Bronco decidió ir por separado en la defensa de sus firmas, mientras que Ríos Piter decidió apersonarse ante el consejero Benito Nacif y el director ejecutivo de Prerrogativas, Patricio Ballados, para verificar su estatus. El consejero electoral —según el aspirante presidencial— ofreció por “la información difundida no oficial, que afectó la credibilidad con respecto a los apoyos ciudadanos que se recolectaron”. Más tarde, el Jaguar —vía Twitter— debatió con el expresidente Calderón, a quien atribuyó la autoría intelectual de las versiones periodísticas que desembocó en un ríspido intercambio entre trolls y bots, bajo la etiqueta #PagocomoFelipe, en la que fue zarandeado el periodista Carlos Loret.
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