Proteger la tierra y el medio ambiente se ha vuelto una actividad cada vez más peligrosa en México y el mundo
Proteger la tierra y el medio ambiente se ha vuelto una actividad cada vez más peligrosa en México y el mundo. El reciente asesinato de Julián Carrillo —vehemente opositor de las concesiones mineras en Chihuahua— es el más reciente, en esta fatídica cuenta.
Julián fue el sexto integrante de la familia Carrillo asesinado en menos de dos años; todos, en la defensa de su comunidad. Su historia dio la vuelta al mundo; días antes, hombres armados habían masacrado a nueve hombres, mujeres y niños, después de un largo conflicto por tierras en la isla de Negros, en la zona central de Filipinas. Y en Irán, el reconocido académico Kavous Seyed-Emami murió en prisión, en circunstancias poco claras. Era uno de nueve ambientalistas encarcelados bajo acusaciones de que estaban usando su trabajo de protección de los guepardos, como una forma encubierta de espionaje.
Filipinas, con 30 asesinatos, es el país con más letalidad contra los ambientalistas y defensores de la tierra en el 2018. Colombia registró 24 casos. En el top 10 del oprobioso ranking compilado por Global Witness, México ocupa el sexto lugar, con 14 eventos fatídicos, el año pasado. Allí también están Brasil, con 20 casos; Guatemala, con 16; Honduras, con cuatro, y Venezuela, con tres.
Estas cifras aparecen en el informe “¿Enemigos del Estado?”, y según sus autores, lo más probable es que sean menores a las reales, ya que muchos asesinatos no son documentados. Pero cada historia, como las tres enlistadas inicialmente, evidencian que a menudo los gobiernos, las empresas y las pandillas criminales roban tierras y destruyen hábitats naturales para obtener ganancias, a medida que la demanda de productos como la madera, el aceite de palma y los minerales continúa creciendo.
“Cuando la gente que vive en estas tierras afectadas asume una posición frente a estos proyectos, se enfrenta a la seguridad privada de las empresas, a las fuerzas estatales, a los asesinos a sueldo o en confrontaciones menos violentas, a equipos de agresivos abogados”, indica el estudio de Global Witness, que incluye el número de defensores asesinados en el 2018 y el registro de los países más mortíferos y el número de muertes registradas en cada uno de ellos.
En Guatemala, por ejemplo, el número de muertes registradas aumentó más de 500% en el 2018, en comparación con el 2017. Las noticias de los últimos asesinatos de Isidro Pérez y Melecio Ramírez, apenas hace dos semanas, pueden ser una indicación de que la tendencia alcista puede continuar en el 2019.
De acuerdo con la información aparecida en el informe “¿Enemigos del Estado?”, fueron contabilizados al menos 168 asesinatos de defensores de la tierra y del medio ambiente durante el 2018; más de tres, cada semana. Y muchas más fueron amenazadas, detenidas o encarceladas por enfrentar a gobiernos o empresas, que buscaban obtener ganancias a costa de sus tierras.
“Se trata de personas comunes y corrientes tratando de proteger sus hogares y formas de vida, y defendiendo la salud de nuestro planeta”, describen. “A menudo son despojadas violentamente de sus tierras, para que otros produzcan bienes, que son usados y consumidos todos los días alrededor del mundo, en forma de alimentos, teléfonos celulares o joyería”.
Los sectores más peligrosos que impulsan los asesinatos de defensores del medio ambiente; el porcentaje de víctimas que son indígenas; y por primera vez son recopilados y presentados datos sobre la criminalización de activistas y sus comunidades tanto en el sur global como en el norte, donde los gobiernos y las empresas están utilizando los tribunales y sistemas legales de los países como instrumentos de opresión contra quienes amenazan su poder e intereses.
Este miércoles 31, representantes de la Red Mocaf y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental presentaran sus principales hallazgos en la sede del Centro Nacional de Comunicación Social.
EFECTOS SECUNDARIOS
SUSPENSIONES. El personal de urgencias, terapia intensiva y la unidad toco-quirúrgica del Hospital de la Mujer se vio forzado a suspender la atención a los pacientes de esas áreas críticas de dicho nosocomio, ante las carencias de diversos insumos, tales como estudios de laboratorio básico, suturas quirúrgicas, espacio e insumos para la atención de recién nacidos prematuros y graves. “Existe un elevado riesgo de complicaciones materno-fetales graves y/o mortales, además de posibles implicaciones legales para el personal que brinda la atención de las pacientes”, advirtieron los jefes de dichas unidades al encargado de despacho de la dirección, Benjamín Orozco Zúñiga, por escrito.
DEFENSORES. Tras la salida de Gonzalo Hernández Licona del Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, distintas voces se han manifestado en defensa de su gestión y en abierto rechazo a la posible desaparición de ese organismo. “Hay que apostar por una ruta que se encamine a su fortalecimiento”, planteó la Academia Nacional de Evaluadores de México, “para garantizar su autonomía constitucional y para que se tome en cuenta la información que genera”.
SOSPECHOSISMOS. En el Palacio del Ayuntamiento corren versiones sobre la integración de un grueso expediente que compendia obra y gracia de uno de los colaboradores más cercanos a los gobiernos perredistas, en los dos sexenios previos; la parte más voluminosa corresponde al periodo en el que Miguel Ángel Mancera ocupó la oficina principal de esta sede del gobierno capitalino y versaría sobre los nexos del involucrado con líderes del comercio informal y el servicio de transporte de la CDMX. La información habría sido compartida con Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y con el SAT. Las iniciales del indiciado son HS.
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