En este sexenio han muerto 47 periodistas de forma violenta y el Mecanismo sigue de mal en peor desde diciembre de 2018. Ningún sancionado
Miroslava Breach fue asesinada un 23 de marzo de 2017. Siete años después, los asesinos están identificados, pero prófugos; se sabe quiénes son, pero no se actúa contra ellos; se tienen pruebas, pero están libres.
Durante el juicio en el cual se sentenció a 50 años de prisión a Juan Carlos Moreno Ochoa, “El Larry”, estratega en la organización del operativo para asesinar a Miroslava Breach, se les mencionó.
En este caso no se actuó jurídicamente contra Alberto Luévano Rodríguez, quien en marzo de 2017 era secretario general del PAN, en Chihuahua, quien diera información sobre la vida cotidiana de la periodista, y después se convirtió en secretario particular del entonces gobernador de esa entidad, Javier Corral Jurado, ni contra Alfredo Piñera, quien era vocero panista. Corral Jurado acaba de ser designado candidato plurinominal por Morena. Sabemos que los plurinominales no tienen compromiso con el pueblo, ni con el partido, ni con el país.
De acuerdo con un reporte presentado hace un año por el subsecretario Alejandro Encinas y el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Enrique Irazoque Palazuelos, seis entidades concentran el 61 por ciento de los asesinatos de periodistas: Sonora, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Estado de México y Oaxaca, todos gobernados por Morena.
En el séptimo aniversario del asesinato impune, la periodista Olga Aragón enfatizó que Miroslava fue no sólo la periodista que mataron, también fue una pérdida para su familia y una pérdida tremenda para el gremio; fue como tapar la boca a los periodistas e impedir que se oiga la voz de los sin voz, a los que ella daba cobertura. Añadió: “La asesinaron por lo que escribió, por lo que estaba escribiendo y por lo que iba a escribir”.
Miroslava Breach Velducea estaba inscrita en el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, el cual no pudo hacer nada para impedirlo, como sucede en muchos casos. Los integrantes de la junta de gobierno del Mecanismo, creado en 2012, encabezado ahora por Enrique Irazoque, se preocupan más por ahorrar recursos restringiendo el número de inscritos, que la protección de la integridad de los comunicadores.
Cuando se llega a otorgar la protección se escatima el número de escoltas, se limitan las armas de protección, se restringen los viáticos; de tal manera que las personas encargadas de la seguridad del periodista están más preocupadas por tener recursos para sobrevivir que por proteger al periodista.
Otra de las periodistas asesinadas, y que estaba integrada a la protección del Mecanismo, fue Regina Martínez Pérez, sucedido cinco años antes, el 28 de abril de 2012, dedicada a denunciar la corrupción estatal y nacional de los diferentes niveles de gobierno, también está impune.
La responsabilidad del Mecanismo pareciera no afectar su desarrollo burocratizado, su cinismo autorizado y sigue trabajando sin sanciones. Cada asesinato de los periodistas debería provocar que caigan cabezas de esa junta de gobierno, o por lo menos se aplique una transformación profunda de sus rutinas que a nadie protegen. Mientras no haya sanciones por el descuido de los empleados del Mecanismo, seguirán asesinando periodistas.
Hace siete años fue asesinada Miroslava Breach, en un mes se conmemorará un año más del homicidio de Regina Martínez. Dos mujeres periodistas asesinadas. Ambas valientes, críticas y profesionales. Las dos inscritas en el Mecanismo de Protección que tiene como cabeza a Félix Arturo Medina Padilla, presidente de la Junta de gobierno del Mecanismo, jefe de Enrique Irazoque, quien encabeza el Mecanismo.
Debe revisarse la estructura del Mecanismo para que se vea de dónde proviene el engaño hacia el Presidente; la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde y el subsecretario Félix Arturo Medina, y tengan conciencia de la realidad.
El Poder Judicial, donde todavía hay jueces decentes, empieza a ganarle terreno al Mecanismo, que pertenece al Poder Ejecutivo, en materia de protección a los comunicadores, porque sólo a través de amparos concedidos por jueces es como pierde responsabilidades el Mecanismo, prácticamente pasan a manos de los tribunales la tarea de la Segob.
Así, son los jueces y no los funcionarios públicos de Gobernación quienes otorgan la seguridad y protección de los periodistas, otorgan también armas útiles a los escoltas, imponen pagos puntuales de viáticos, etc. Una a una, de las responsabilidades del Mecanismo son asumidas poco a poco por el Poder Judicial a través de los amparos de los inscritos, quienes no quieren ser víctimas de asesinato.
En este sexenio han muerto 47 periodistas de forma violenta y el Mecanismo sigue de mal en peor desde diciembre de 2018. Ningún sancionado, a pesar de que son parte del problema, su labor de prevención simplemente no existe y pareciera ser condición el estar inscritos en dicho organismo para colocarse en el blanco de los asesinos.
La impunidad impera en los asesinatos de periodistas mexicanos.
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