Ahora que estamos en estos tiempos de recortes al gasto público y de presiones del Servicio de Administración Tributaria para cobrar hasta el último centavo de impuestos, vemos cómo funcionarios como David Korenfeld Federman usan tranquilamente los helicópteros de la Comisión Nacional del Agua, que dirige, para llevar a su familia de su casa al … Continued
Ahora que estamos en estos tiempos de recortes al gasto público y de presiones del Servicio de Administración Tributaria para cobrar hasta el último centavo de impuestos, vemos cómo funcionarios como David Korenfeld Federman usan tranquilamente los helicópteros de la Comisión Nacional del Agua, que dirige, para llevar a su familia de su casa al aeropuerto.
Y a pesar de las evidencias de servir de transporte para las vacaciones familiares, manda decir que fue un asunto médico. Y se lo dice a una sociedad que mayoritariamente tiene que llegar en transporte público a los hospitales del sector salud a esperar horas para ser atendidos. Y lo peor es que no pasa nada, no hay sanción, no hay despidos, nada.
Podrán ser pocos pesos los que gastó la aeronave que erróneamente usó Korenfeld para asuntos personales en comparación con los miles de millones de pesos del recorte de este año y del previsto para el 2016. Podrán no pintar los costos que implican los dispositivos de camionetas, guaruras, comidas y dispendios que dejan ver muchos funcionarios del gobierno federal. Sin embargo, al final implican algo muy costoso: una muy mala señal.
Si esta administración cree que han bajado sus ingresos petroleros, debería echarle un ojo al estado de cuenta de la chequera de la confianza. Porque, además, la tradición presidencialista de este país carga al titular del ejecutivo los excesos lo mismo de legisladores, jueces e incluso gobernadores y presidentes municipales.
Y en este escenario, poco ayudan los excesos como los del helicóptero, porque además son hechos que permean en sectores sociales medios y altos que han cargado con las consecuencias recaudatorias del paquetazo fiscal vigente desde el año pasado.
El panorama financiero no se antoja nada sencillo para el próximo año porque el aumento en el gasto público con cargo a la disminución de la actividad privada nunca se notó realmente, pero la baja en los gastos sí tiene impacto social.
El borrador que la semana pasada presentó la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados podría no ser idéntico al paquete económico que el gobierno federal está obligado a presentar antes del 8 de septiembre. Son seis meses en que los pueden pasar muchas cosas en el sector financiero mundial y en las urnas electorales mexicanas.
Es cada vez más probable que la siguiente legislatura decida desde la oposición presentar una reforma fiscal que pudiera aumentar la recaudación a cambio de un desgaste mayor en la popularidad gubernamental.
Si desde el Ejecutivo se planean recortes pero no se castigan los abusos como los del señor Korenfeld, su base de apoyo social baja y por lo tanto su poder de negociación y convencimiento con otros poderes también disminuye.
El gobierno federal tiene un muy eficiente y bien acreditado cobrador de impuestos. Se le reconoce y se le respeta por traer a raya a los contribuyentes cautivos. Pero no tiene al interior del gobierno una figura con esa misma credibilidad y fortaleza que pudiera poner en una lista negra a esos funcionarios públicos que abusan del poder y del dinero público.
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