La incorporación de México a la lista de las más grandes amenazas para EE.UU. y los cargos contra Vector, CIBanco e Intercam, aumentaron la tensión sobre la eventualidad de ataques contra los cárteles de droga
La incorporación de México a la lista de Rusia, China e Irán, considerados “las más grandes amenazas para Estados Unidos” y los cargos de lavado de dinero del narcotráfico contra la Casa de Bolsa Vector, manejada por Alfonso Romo, además de CIBanco e Intercam, aumentaron la tensión y mayor incertidumbre sobre la eventualidad de ataques militares, contra los cárteles de droga, en territorio mexicano.
Drones de la CIA continúan sobrevolando territorio mexicano, para observar movimientos de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y del Golfo, que comparten información con autoridades mexicanas, en tanto Pamela Bondi, Procuradora General de Justicia de Estados Unidos, rechazó hablar en público de cooperación de México contra el tráfico de fentanilo y otras drogas, a la Unión Americana.
Mientras es sabido que se libra un intenso debate acerca de los métodos a utilizar, para golpear a los carteles de droga, principalmente los de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y del Golfo, de manera espectacular, como medida de disuasión.
Detalles que fuentes de Washington omiten confirmar, por el la furia presidencial, a causa de la difusión de reportes preliminares de la Agencia de Inteligencia de Defensa, (DIA) que echaron por tierra la narrativa de “destrucción total” de la capacidad nuclear iraní en Fordow, Natanz e Insfahan, con 14 bombas anti bunker, lanzadas por bombarderos B-2, el sábado pasado.
Dando nuevas muestras de intolerancia y autoritarismo, con el envío de cartas de uno de sus abogados, el presidente Trump amenazó demandar a la cadena CNN y al diario New York Times, “por dañar su reputación” con la información publicada sobre el ataque a Irán, “si no se retractan y se disculpan públicamente por la información que describen como “falsa, difamatoria y anti patriótica.”
Demanda que el prestigiado diario rechazó, diciendo que el NYT “difunde la verdad, con la mejor de sus habilidades y continuará haciéndolo.”
La información detallada del ataque a Irán y sus resultados, fueron informados a integrantes del Congreso, “para evitar filtraciones,” en tanto la administración busca limitar el número de personas con acceso a información clasificada.
Desde su retorno de la Cumbre de la OTAN en Holanda, el presidente, integrantes de su gabinete y voceros, atacan a medios informativos, nacionales y extranjeros, por la difusión de un reporte de la Agencia de Inteligencia de Defensa, que reconoce solo daño parcial, no destrucción total, de las instalaciones nucleares subterráneas.
Pete Hegseth, secretario de Defensa, fue más allá, en defensa del presidente, acusando a los medios de “exagerar el reporte de la agencia de Inteligencia de Defensa, y distorsionarlo,” para” generar dudas y manipular la mente del público sobre los valientes pilotos.”
“Siempre la información clasificada se filtra con propósitos políticos, para hacer ver mal al presidente, porque lo que están consiguiendo es debilitar el increíble éxito de los pilotos de los Bombarderos B-2, cazabombarderos F-35 y aviones cisterna, que participaron en un operativo, que ningún otro presidente habría soñado.
Ahora se sabe que en febrero 4, tras la toma de posesión de Trump, Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel visitó la Casa Blanca, para advertir al presidente que -si no actuaba- “Irán fabricaría armas nucleares bajo su mandato y no podía permitirlo”, lo mismo de lo que acusó a Saddam Hussein, años antes.
También le aseguró que Irán “trató de asesinarlo.”
Fuentes militares informaron que las bombas antibúnker, con valor de unos 400 millones de dólares, fueron fabricadas especialmente para ese ataque, lo que revela una larga plantación.
Volviendo a los carteles de droga mexicanos, tanto la Casa Blanca, el Gabinete y el Congreso, secretamente analizan planes de potenciales acciones contra los narcotraficantes, como el uso de personal, probablemente seals de la Naval, helicópteros, aviones Ospray, drones de vigilancia y eventualmente equipo terrestre, todo con apoyo de satélites.
Expertos consideran que, con ganancias entre 13 mil 600 y 49 mil 400 millones de dólares anuales, los carteles mexicanos han formado guardias de pandilleros, milicias y ejércitos, con capacitación militar, como Los Zetas, que tienen instructores militares que, durante su servicio en las fuerzas armadas, fueron entrenados en tácticas y estrategia de las fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos y de Colombia.
Cuentan con las más letales y sofisticadas armas de todos los calibres, similares o superiores a las de las fuerzas armadas mexicanas, una gran cantidad de explosivos, además de contar con una amplia red de producción, procesamiento, almacenamiento, distribución y contrabando, que emplea una fuerza de trabajo superior a 175 mil personas.
Aunque algunos laboratorios clandestinos están en la sierra, otros están en departamentos de zonas densamente pobladas en todo el país, para esconderse y protegerse.
Incluyendo en su nómina a militares, agentes aduanales estadounidenses, de inmigración, patrulla fronteriza o policías estatales y locales, los carteles pueden recibir información sobre los operativos en su contra o, como han hecho en numerosas ocasiones, solo dejar pasar vehículos de México a Estados Unidos con todas las garitas abiertas, como hemos reportado desde San Diego, en múltiples ocasiones.
Aunque algunos funcionarios están ansiosos de mostrar fuerza contra los carteles, otros urgen a analizar y proveer que un operativo así tendría para el comercio binacional, de casi 900 mil millones de dólares anuales, en el futuro de la relación con México, la expulsión o secuestro y hasta asesinato de diplomáticos y agentes en la embajada de Estados Unidos en México y muchas otras consideraciones.
También se discute si se realizan acciones unilaterales o en coordinación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien está dispuesta a posibles operaciones conjuntas, coordinadas por los dos gobiernos, para reducir el costo humano, financiero, tensión diplomática, control de los carteles o posibles ataques a cerca de un millón de estadounidenses viviendo en México o empresas, operando en este país.
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