La entrega-recepción avanza, sin pausa aunque no a la velocidad que esperaría la administración entrante. En la Función Pública, cada semana acuden a la sede central Irma Eréndira Sandoval y su “grupo de transición”. Igual ocurre en Bansefi, donde el futuro titular del Banco del Bienestar, Rabindranath Salazar, ordenó una revisión exhaustiva de contratos y … Continued
La entrega-recepción avanza, sin pausa aunque no a la velocidad que esperaría la administración entrante. En la Función Pública, cada semana acuden a la sede central Irma Eréndira Sandoval y su “grupo de transición”. Igual ocurre en Bansefi, donde el futuro titular del Banco del Bienestar, Rabindranath Salazar, ordenó una revisión exhaustiva de contratos y padrones.
Apenas el pasado viernes 21, al piso siete del edificio central de Banobras acudió Carlos Urzúa, para comenzar el análisis de los pendientes de la institución. El futuro secretario de Hacienda acudió con Arturo Herrera, Hugh Harleston, Antonio García Carreño y Jorge Mendoza Sánchez, quien dejaría la dirección de Finanzas de CFE para tomar las riendas de la institución que actualmente dirige Alfredo Varas.
“Es muy importante preparar todo lo que sea necesario para hacer una transmisión puntual, transparente, exacta”, definió el oficial mayor de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, David Garay Maldonado, ante mandos medios y superiores de esa dependencia, el pasado jueves.
A menos de dos meses del cierre de la administración saliente —explicó Garay Maldonado— ya se ha entregado 80% de la información requerida sobre los recursos financieros, materiales y humanos disponible, en un diálogo con el llamado grupo de transición que ha sido monitoreado por la Secretaría de la Función Pública, a través del Órgano Interno de Control.
La próxima titular de la STPS, Luisa María Alcalde, y el diputado federal Horacio Duarte Olivares, han acudido a ocho reuniones de trabajo con los equipos de transición. Para agilizar el proceso y resolver sus requerimientos, las contrapartes han citado a los subsecretarios y directores generales de las áreas involucradas, además de los titulares de los órganos desconcentrados, para una capacitación que “sirva para demostrar que esta administración se ha llevado con pulcritud, con exactitud, y sobre todo cumpliendo un mandato legal, que es preciso”, refirió Garay Maldonado.
Los manuales para la entrega-recepción, en efecto, fueron elaborados por la SFP y publicados, en julio del año pasado. Allí se detallan los documentos, respecto de la situación programática y presupuestaria que deben estar disponibles para la administración entrante. El cronograma general de actividades contempla que —concluidas las dos etapas de revisión— el próximo viernes 28 arranque la etapa final.
Las dependencias de la administración pública federal —incluidas la PGR y las empresas productivas del Estado mexicano— pudieron acceder al sistema de Entrega-Recepción y Rendición, una herramienta tecnológica para automatizar el registro de actas y anexos, que incluyen un consecutivo de los estudios y proyectos encargados por las 303 oficinas que integran la administración pública federal. Igualmente, una relación detallada de las obras públicas en proceso. Y toda la información sobre los recursos humanos disponibles, que además de la plantilla de personal debe contener los expedientes de los funcionarios en cargos de alta responsabilidad, la lista de los empleados por honorarios y en plazas eventuales; las incidencias, las vacaciones y las licencias otorgadas; las actas administrativas en proceso; las plazas comisionadas; las actas de accidentes de trabajo; los horarios especiales y guardias desplegadas; las plazas vacantes…
EFECTOS SECUNDARIOS
¿PREMONICIONES? La cúpula priista vivió un fin de semana intenso que arrancó el viernes, con el mensaje del gobernador Alfredo del Mazo Maza luego de entregar su informe, donde el invitado de honor fue el presidente Enrique Peña Nieto. Los resultados del primer año del gobierno del cachorro del Grupo Atlacomulco quedaron en segundo término, con el discurso de despedida del Ejecutivo federal ante una audiencia de lujo: los ex gobernadores mexiquenses —a excepción del padre del actual mandatario, quien radica en Acapulco— y la mayoría de sus colaboradores más cercanos a lo largo de su mandato, incluidos Claudia Ruiz Massieu, Alfonso Navarrete Prida, Miguel Ángel Osorio Chong, Aurelio Nuño y José Narro. ¿Los ausentes? José Antonio Meade y Luis Videgaray. ¿La revelación? Fernanda Castillo, la primera dama mexiquense. ¿La duda? La breve conversación entre Peña y Arturo Montiel Rojas. ¿La reaparición? La del ex subsecretario Raúl Murrieta Cummings, quien dice tener la conciencia tranquila y acumula clientes mexiquenses en su despacho de asesoría sobre finanzas públicas. En primera fila estaban los gobernadores de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Tlaxcala, además del líder nacional de Nueva Alianza, quien todavía culpa a los mexiquenses de haber perdido su registro. De Toluca, Alejandro Moreno regresó a su entidad, acompañado de la lideresa nacional del PRI, y en una sesión extraordinaria del consejo político estatal, hizo sonar los tambores de guerra. “Vamos a salir a la calle, vamos a protestar con respeto y respetando los derechos de los demás, pero con energía, contra todo acto que lastime la calidad de vida y los derechos de los mexicanos”, advirtió, “vamos a luchar contra el aumento a las gasolinas, al gas, a la energía eléctrica y todo lo que golpee a la economía de nuestro país”. ¿Será?
MAPEO. Hace una semana, Strafor —la firma de analistas especializada en temas de seguridad global— presentó un reporte sobre el tiroteo ocurrido en Garibaldi, cuyas referencias resultan ominosas. La balcanización de los cárteles en ciernes —sostienen—, la presencia del CJNG en la Ciudad de México, en respaldo de La Unión de Tepito, y la previsible reacción de “La U” resultan señales del agravamiento de la crisis de inseguridad y “harán muy difícil para la próxima administración de México cumplir su promesa de campaña de eliminar a los militares de la lucha contra los cárteles criminales de México”. Su mapa de las alcaldías y municipios con operaciones extendidas por parte de los narcomenudistas sorprende, por lo extenso de las áreas controladas por el Cártel de Tláhuac y La Unión.
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