El Estado mexicano está obligado a actuar de inmediato y con la mayor energía. En particular, la Fiscalía General de la República debe llevar a la justicia a los responsables materiales e intelectuales de esa acción criminal
De confirmarse la muy probable autoría del crimen organizado, el homicidio del Juez federal Uriel Villegas Ortiz y de su esposa es una llamada de atención que da para mucho más que las muestras de simpatía y solidaridad de ciudadanos, autoridades y órganos jurisdiccionales. Los hechos constituyen la muestra ominosa de la impunidad que se va extendiendo en amplias zonas del país, fruto de la incapacidad e impotencia de las autoridades para imponer la ley frente a las bandas criminales.
El Estado mexicano está obligado a actuar de inmediato y con la mayor energía. En particular, la Fiscalía General de la República debe llevar a la justicia a los responsables materiales e intelectuales de esa acción criminal. El caso convoca a establecer un precedente institucional a manera de replicar al crimen con una acción legal ejemplar y sin concesiones, de la misma manera con la que actuaba el joven juez, seguramente ultimado por haber cumplido su responsabilidad. Insisto, las muestras de dolor y empatía no son suficientes. Debe haber justicia, y debe llegar pronta y a toda persona involucrada en el hecho. Sin duda, estamos ante un crimen de Estado.
Corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación demandar a todas las instancias y poderes la protección de su personal, particularmente el que se ve amenazado por actuar ante la delincuencia organizada. Por lo que representaba, el juez Villegas debió estar protegido, incluso aunque él mismo hubiere declinado a dicha previsión. Los criminales requieren acreditar su dominio por la vía de la violencia a la población y a sus grupos rivales, así como por la vía de la intimidación a las autoridades y a los órganos de justicia, a manera de asegurar su actividad. El crimen que no se previno corre esa lógica delincuencial.
Por eso es importante que la Corte se de el espacio para elaborar de inmediato una propuesta amplia y diversa, incluyendo las de carácter legislativo, para proteger a su personal. Los poderes del Estado deben estudiar todos los mecanismos e instrumentos para que la justicia no sea obstruida por el crimen. Hay suficiente experiencia en el mundo para ganar la batalla, siempre y cuando esté acompañada de la determinación de todas las autoridades y también de la sociedad civil. Proteger a la justicia es una responsabilidad que a todos compromete. Allí está el caso del homicidio por la mafia italiana del juez Falcone, su esposa y su escolta en Palermo en 1992 y que significó un punto de quiebre en la lucha contra la Cosa Nostra. Algo semejante ocurrió en España en 1989 a raíz de la ejecución por la ETA de la fiscal española Carmen Tagle, adscrita al renombrado Juez Baltazar Garzón.
El hecho abre una oportunidad al Presidente de la República para acreditar en los hechos su compromiso irrestricto con la ley y la justicia. Aunque la investigación debe emprenderla la FGR, mucho es lo que puede lograrse con los recursos e instrumentos que tiene el gobierno federal para facilitar el trabajo del fiscal Gertz Manero. También debe actualizarse la información de inteligencia propia y la que provenga de las autoridades norteamericanas, que han hecho del combate a los cárteles un objetivo de primera importancia y que ha merecido la visita en dos ocasiones de William Barr, procurador norteamericano.
El puerto de Manzanillo, desde hace tiempo, es objetivo del crimen organizado para la introducción de manera ilegal de las sustancias precursoras para la producción de drogas sintéticas. El grupo criminal que se localiza en esa zona es ahora, quizá, el más sanguinario y con creciente presencia en el territorio nacional. Reducirlo debe ser uno de los objetivos mayores para la seguridad pública y para la paz, tareas no solo del gobierno sino del Estado mexicano.
La presencia de México en el Consejo de Seguridad de la ONU da lugar a reactivar la iniciativa promovida por muchas personalidades, entre otras la del ahora embajador y representante ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, que permita revisar el paradigma sobre el que el mundo ha actuado a la hora de combatir el comercio ilegal de drogas y las adicciones. Los costos que ha asumido México le dan autoridad moral y razón suficiente para promover un cambio en la perspectiva vigente, la cual no ha resuelto el problema y sí ha generado delincuencia, violencia y crisis de legalidad en muchas naciones.
La acción del Estado mexicano en la investigación de los responsables del homicidio del juez Villegas Ortiz requiere de una eficaz actuación en el marco de la legalidad y de las responsabilidades que la ley confiere a las diversas autoridades. Tema central será la actuación de la Guardia Nacional en el territorio y, especialmente, la recuperación del estado de Colima de manos de los delincuentes que allí operan. No es una acción de venganza, simplemente se trata de la aplicación rigurosa de la ley y de dejar en claro que un acto criminal contra la justicia dará lugar, siempre, a la más enérgica respuesta de las autoridades.
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