Es el aterrizaje final de una reforma largamente anunciada. Adiós a la PGR, ¿y nace una fiscalía autónoma?
Ya corre la cuenta regresiva. A más tardar en un mes deberá quedar aprobada la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, así como las modificaciones a otros 65 ordenamientos normativos de la organización y las atribuciones del Ministerio Público de la Federación:
Es el aterrizaje final de una reforma largamente anunciada. Adiós a la PGR, ¿y nace una fiscalía autónoma? El Senado de la República definirá sobre los dictámenes aprobados en comisiones y, en caso de que el pleno vote favorablemente, la minuta irá a la Cámara de Diputados antes de la Semana Santa.
Una etapa de riesgo, si prospera la embestida mediática contra Alejandro Gertz Manero por sus conflictos familiares. Pero sobre todo por la inconformidad expresa de un amplio sector de la Cuarta Transformación que nuevamente advierte visos autoritarios en el pragmatismo del coordinador de la mayoría morenista, Ricardo Monreal Ávila.
El fiscal será autónomo, nombrado por el Senado para cubrir un periodo de nueve años y sólo podrá ser removido por el Ejecutivo federal tras de incurrir en causas graves o cometer de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, o bien por cometer violaciones graves a la Constitución.
Para perseguir a los infractores del Código Penal, los fiscales desplegarán a la Agencia de Investigación Criminal, que tendrá a su cargo la operación, investigación e inteligencia, así como coordinar y asignar a agentes de la Policía Federal Ministerial. En apoyo a sus actividades se podrá auxiliar de la Guardia Nacional, las instituciones de seguridad pública, peritos y analistas.
El nuevo modelo de gestión para la FGR quedará en blanco y negro, en el nuevo Estatuto Orgánico, que definirá las políticas de persecución penal que se desarrollarán en las unidades de investigación y litigación. Los agentes del Ministerio Público de la Federación ejercerán sus funciones individualmente e integrados, en su caso, a equipos o unidades de investigación y litigación encargados del desarrollo de las investigaciones y el ejercicio de la acción penal y la de extinción de dominio.
Con esas nuevas estructuras, de acuerdo con la propuesta, las investigaciones se llevarán de manera que permitan construir casos complejos o transversales, aun cuando no se identifique a la persona imputada o no se reúnan los elementos para el ejercicio de la acción penal.
Otra de las innovaciones está en la implementación de un modelo de ventanilla única para registrar y dar seguimiento a las denuncias. Adicionalmente se propone un sistema de evaluación de resultados que deberá integrar los procesos de captura y recopilación de los datos generados por el ejercicio de las facultades del Ministerio Público.
Efectos secundarios
AVANZADA. El Senado de la República adicionó una fracción al artículo 73 constitucional para dar al Congreso de la Unión facultades para expedir una Ley General en Materia de Seguridad Privada lo que además de unificar un marco normativo para los prestadores de esos servicios en todo el territorio nacional y fijar las reglas de coordinación entre las personas autorizadas a prestar los servicios de seguridad privada y la Federación, las entidades federativas y los municipios deberán contemplar las funciones de la autoridad responsable de la regulación del sector. Con la decisión de los parlamentarios, ahora los 108 agremiados a la Asociación de Empresas de Seguridad Privada buscarán incidir en la confección de la ley, que deberá quedar sancionada en los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto.
¿FAST TRACK? Quedan 45 días al periodo ordinario de sesiones del último año de la LXIV Legislatura federal y entre los pendientes está la aprobación final del marco regulatorio para el uso y consumo de la cannabis, no obstante la aprobación del proyecto de Ley en la Cámara de Diputados pues al haber sufrido cambios importantes regresará a la Cámara de Senadores. Uno de los cambios más importantes fue que la Cámara de Diputados eliminó la creación del Instituto Mexicano de la Cannabis, que los senadores habían contemplado como la entidad encargada de la regulación y otorgamiento de permisos para la industria. Todavía está pendiente que el Ejecutivo publique la modificación del Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, que se transformará en la Comisión Nacional contra las Adicciones, como organismo desconcentrado de la Secretaría de Salud, que se encargará del otorgamiento de las licencias y permisos para la producción, consumo y comercialización de cannabis, todo a partir del año 2022, conforme a los artículos transitorios aprobados por los Diputados.
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