Estamos frente a una patología sistémica que demanda con urgencia una reforma profunda de las reglas de juego, señala Daniel Zovatto
Nuestro sistema de financiamiento político adolece de serias limitaciones. Se caracteriza por un alto grado de incumplimiento y de opacidad; la gran mayoría de los informes financieros que presentan los partidos a la Justicia Electoral son un “dibujo” y los mecanismos de control y las sanciones son lentos y débiles.
Estamos frente a una patología sistémica que demanda con urgencia una reforma profunda de las reglas de juego. Subrayo: una reforma de fondo e integral y no una simple colección de parches. Una reforma que sea resultado de un minucioso debate parlamentario y que cuente con un amplio consenso para que tenga rigurosidad técnica y legitimidad política.
En mis escritos sobre este tema he insistido en que la democracia no tiene precio, pero sí tiene un costo de funcionamiento, y por ello el uso de recursos económicos es imprescindible para la competencia político-electoral. De ahí la importancia de no demonizar el dinero, pero sí regularlo para evitar que produzca graves distorsiones en el sistema democrático: entre ellas, la captura del Estado, corrupción y conflictos de intereses, así como la penetración del crimen organizado. La experiencia demuestra que somos vulnerables a todos estos peligros.
Pero, al mismo tiempo, la sucesión de los graves escándalos recientes ha tenido una consecuencia positiva: generó un sentimiento de “así no va más”, unido a un importante nivel de consenso, tanto en el ámbito político como en el empresarial y en el de la sociedad civil, en torno a dos temas: uno, los riesgos de ir a las próximas elecciones con las deficientes reglas actuales, y dos, el contenido mínimo que debería abarcar la reforma.
La reforma debe tener como norte sincerar el sistema y blanquear el verdadero costo de las elecciones, para luego definir cuánto dinero público y privado deseamos inyectarles.
El corazón de la reforma
El corazón de esta debería regular diez cuestiones. Uno, bancarizar los aportes para reducir al máximo las donaciones en efectivo y favorecer su trazabilidad. Dos, mejorar las condiciones de equidad de la competencia electoral, regulando la publicidad oficial y aumentando el plazo de prohibición de los actos de gobierno dirigidos a captar el voto. Tres, sancionar el clientelismo y el uso de recursos públicos con fines partidarios.
Cuatro, permitir a las empresas hacer aportes, con un tope máximo del 2% sobre el total de los gastos permitidos para un partido, acompañado de claros límites respecto de aquellas empresas que deben quedar excluidas para evitar conflictos de intereses. Cinco, incrementar la transparencia y la rendición de cuentas para combatir los altos niveles de opacidad actuales.
Seis, implementar el registro de aportes y gastos en tiempo real. Siete, poner en marcha un registro de proveedores en línea. Ocho, incluir la regulación de las redes sociales junto a los medios de comunicación tradicionales. Nueve, fortalecer la Justicia Electoral (aumentando el número de auditores de la Cámara Nacional y el flujo de información de diversas fuentes). Diez, endurecer el régimen de sanciones, incluyendo a los candidatos entre los sujetos responsables.
Pero si deseamos dar un salto cualitativo en esta materia, la reforma debe apuntar a tres objetivos estratégicos adicionales.
Uno, contribuir a fortalecer, institucionalizar y modernizar nuestro sistema de partidos políticos, causa principal de muchos de nuestros problemas.
Dos, abrir la posibilidad de adhesión de las provincias al régimen nacional, ya que únicamente una pequeña minoría de los 24 distritos cuenta con un régimen de financiamiento político.
Tres, garantizar no solo la integridad de los procesos electorales, sino también la del sistema político en su conjunto. Para ello, es preciso abordar esta compleja problemática desde un enfoque integral. Como acertadamente recomienda el grupo de trabajo de la Red de Acción Política -integrado por políticos y empresarios, y del cual participo en calidad de asesor-, la regulación del financiamiento político debe ser parte de un “ecosistema” de integridad de la política at large, que incluya también las regulaciones contra la corrupción, el tráfico de influencias y los conflictos de intereses, junto a normas de compliance del sector privado.
Resumiendo: una reforma con estas características, además de estar alineada con las principales tendencias vigentes tanto a nivel global como regional, representaría no solo un importante avance, sino que también ayudaría a transparentar y sincerar nuestro régimen de financiamiento político, reduciendo la enorme brecha que existe actualmente entre la dimensión normativa y la realidad.
Contribuiría, asimismo, a fomentar una nueva cultura política, comprometida con el respeto de las reglas del financiamiento político, para complementar las buenas normas con buenas prácticas. Esperemos que nuestros representantes estén a la altura de este importante y urgente desafío.
*El autor es director de IDEA Internacional
Texto publicado íntegramente en La Nación.
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