Casi íntegramente, esos fondos fueron transferidos a la Tesorería de la Federación
Para conseguir recursos para sus programas sociales, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha recurrido a las subastas de los bienes resguardados por la Secretaría de Hacienda, a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Y para ayudar a entidades federativas y municipios marginados, con presupuestos raquíticos, ha realizado donaciones importantes.
En cuentas bancarias especiales también hay numerario —dinero en efectivo, billetes y monedas de curso legal nacional nacionales y extranjera— producto de aseguramientos y decomisos. Y ahora, los recursos declarados con extinción de dominio por decisión judicial. Por estas vías, sin embargo, poco ha podido devolverse al pueblo mexicano.
Después de la notificación respectiva, el Indep elabora dictámenes que no son públicos, pero la Auditoría Superior de la Federación tuvo acceso a ellos, como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2020. El año pasado —ahora se confirma— ocho bienes asegurados fueron vendidos y posteriormente procedió su extinción de dominio; de esa operación se obtuvieron 39 millones de pesos.
Durante el tiempo que los administró el Indep generaron rendimientos, pero también gastos de administración. En el balance final, hubo una merma de un millón de pesos. Y al final, 38.2 millones fueron canalizados por concepto de extinción de dominio, a favor del gabinete social de la Presidencia.
Las Cuentas de Memoranda elaboradas por el INDEP para el 2020 contienen información más detallada. En ellas, la ASF pudo identificar que al cierre del año pasado, esa entidad administraba 2,113 millones de pesos de numerario, que estaban pendientes de destino por parte de las autoridades judiciales. En dólares americanos permanecían en sus fondos 81.3 millones de dólares.
El año pasado, 20.6 millones de pesos, 13 millones de dólares y 20 euros decomisados por instancias judiciales y administrativas fueron dispersados por el Indep, conforme al destino instruido por las autoridades. Pero también 16 millones de pesos y 1.8 millones de dólares asegurados tuvieron que ser devueltos por el Indep en el 2020, más los intereses generados por esos recursos durante su radicación en las cuentas concentradoras de esa nueva entidad, una de las más distintivas de la Cuarta Transformación.
En el 2020, mientras transcurrían las dos primeras olas de la pandemia de la Covid-19, la Federación resguardó 49.4 millones de pesos y 23.2 millones de dólares en efectivo, producto de embargos y aseguramientos realizados por la FGR y el poder Judicial.
Esos recursos quedaron a resguardo del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado en nueve cuentas concentradoras, según consta en el informe de la Cuenta Pública entregado por la Auditoría Superior de la Federación a la Cámara de Diputados.
Casi íntegramente, esos fondos fueron transferidos a la Tesorería de la Federación.
Entre el 2016 y el 2020, el Indep recibió 28.8 millones de pesos a través de 80 depósitos a sus cuentas bancarias. De estos últimos, tres cuartas partes ocurrieron en los últimos dos años del periodo —es decir, en el primer tercio del sexenio lopezobradorista— y suman 21.6 millones de pesos.
En ese mismo quinquenio hay registro de 203 depósitos por 44.8 millones de dólares. Y a la inversa de lo ocurrido con el efectivo en moneda nacional, la mayoría de esos recursos fueron entregados antes del 2015. Desde que inició la actual administración, solo hubo 14 depósitos, por 11.5 millones de dólares.
Pero lo detectado por la ASF difiere de las evaluaciones internas del Indep, que reportaron 123.6 millones de pesos y 6,019 millones de dólares más. ¿Una nimiedad? Para nada.
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