Dar certeza a la inversión privada no solo es conveniente, sino indispensable para el desarrollo del país
En el debate sobre la iniciativa de reforma constitucional en materia de energía persiste una idea inexacta y confusa: asimilar la idea de Estado a la del gobierno federal. Esta diferenciación es fundamental no solo por razones de claridad conceptual o metodológica, sino para entender de mejor manera la forma como se organiza el gobierno y el Estado en temas fundamentales, como es el energético.
Los analistas que discuten la iniciativa hacen referencia a que es una propuesta estatista, para con ello decir que despoja a la sociedad y a las empresas privadas de un espacio de participación y concurrencia en términos de competencia, que en los tiempos que corren son la mejor garantía para la modernización del sector eléctrico.
En realidad, la propuesta no es estatista sino burocrática gubernamental, esto es, tanto el control, la transmisión, el suministro y producción estarían no bajo instituciones del Estado, como sucede ahora en los dos primeros, sino en manos del gobierno y de su empresa. La diferenciación es necesaria porque la propuesta presidencial propone desaparecer el control del Estado para trasladarlo a la CFE y al gobierno.
Los órganos autónomos son instituciones de Estado cuya condición de independencia del gobierno es para garantizar que el control no sea subvertido por el gobierno, por la empresa estatal o de algún modo por particulares. Se necesita certeza de derechos y también evitar que la empresa pública sea jugador y árbitro al mismo tiempo.
Dar certeza a la inversión privada no solo es conveniente, sino indispensable para el desarrollo del país. El régimen existente de economía mixta tiene como propósito justamente eso, y si bien es aceptable la pretensión de revisar su funcionalidad, es inviable hacerlo tratando de imponer el concepto de lo ideal a la realidad multifactorial del comercio y del mercado.
Confundir al Estado con el gobierno federal y hacer de éste el portador exclusivo del interés público y por ende del control sobre actividades fundamentales, no solo significa retroceder, sino afectar las premisas básicas, en este caso de la industria eléctrica, pero también de nuestro sistema democrático.
Liébano Sáenz
@liebano
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