A propósito del espionaje sobre los ciudadanos, en agosto del año 2001 escribí en la revista Nexos lo siguiente: “El nuevo gobierno (era el de Fox) no ha podido controlar la acción de sus competidores en esta materia ni la constitución de un “mercado libre” del espionaje telefónico. Tampoco ha reglamentado su propia actividad en … Continued
A propósito del espionaje sobre los ciudadanos, en agosto del año 2001 escribí en la revista Nexos lo siguiente:
“El nuevo gobierno (era el de Fox) no ha podido controlar la acción de sus competidores en esta materia ni la constitución de un “mercado libre” del espionaje telefónico. Tampoco ha reglamentado su propia actividad en la materia, asunto de la mayor importancia, entre otras cosas para que el Estado pueda hacer uso legal de esos instrumentos, extraordinariamente útiles para el combate al crimen organizado y la vigilancia de los grupos que atentan contra la seguridad de todos.
“Este es uno de los pocos asuntos donde el monopolio estatal no solo es saludable sino indispensable para la seguridad de los ciudadanos. Lo que debe repudiar la sociedad es el uso faccioso, discrecional y chantajista de esos instrumentos, no su utilización profesional.
Los medios de comunicación se muestran ávidos por obtener grabaciones ilegales y las difunden sin reparar en que al hacerlo violan la ley. Recibir estos regalos de fuentes anónimas o que no pueden revelar se valora en los medios como un triunfo periodístico.
Espiadores y medios asumen que no habrá castigo por sus infracciones. Tienen razón. En esta materia, los encargados de velar por el cumplimiento de las leyes no ven, ni oyen, ni actúan. Si lo hicieran, podrían avanzar rápidamente en suprimir de la vida pública uno de los más oprobiosos legados del antiguo régimen: la sistemática violación de la privacía de los ciudadanos mediante el espionaje telefónico.
“Si la ley se aplicara con rigor en esta materia, podría inhibirse con rapidez este delito. Los medios se verían forzados a revelar la identidad de sus fuentes o bien impedidos de publicar lo que éstas les hacen llegar, con lo cual las cintas ilegalmente grabadas perderían todo su valor como arma de combate público.
“Lo bueno de todo esto es lo mal que se está poniendo. El espionaje telefónico se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza tanto para las autoridades, como para los ciudadanos víctimas de este delito violatorio de su elemental derecho a la privacidad. Del hartazgo y la vergüenza, acaso venga la solución”.
No ha venido.