Primero con el Sidec y después directamente, a través de sendos escritos entregados en la Secretaría de la Función Pública, dos ciudadanos alertadores —cuya identidad no será revelada— denunciaron al director general del Instituto Fonacot, Alberto Ortiz Bolaños, por faltas graves. La implementación de un Fondo de Protección de Pagos sin la autorización del órgano … Continued
Primero con el Sidec y después directamente, a través de sendos escritos entregados en la Secretaría de la Función Pública, dos ciudadanos alertadores —cuya identidad no será revelada— denunciaron al director general del Instituto Fonacot, Alberto Ortiz Bolaños, por faltas graves.
La implementación de un Fondo de Protección de Pagos sin la autorización del órgano de gobierno y la aplicación de lineamientos y reglas de operación más propias de una institución financiera que de una promotora del consumo son las causas de las quejas, tramitadas ante el Órgano Interno de Control de la Secretaría del Trabajo. ¿Abuso de autoridad? ¿Usurpación de funciones?
A destiempo, y en una sesión extraordinaria que presidió la titular de la STPS, Luisa María Alcalde Luján, los directivos de Infonacot propusieron el Fondo de Protección de Pagos al Consejo Directivo.
Una validación, más que otra cosa. Y es que desde el 1 de agosto ya funciona, radicado en Actinver. Una medida extraordinaria, justificó Ortiz Bolaños, por “el importante riesgo legal” que afrontó la institución, al expirar los convenios que la anterior administración había suscrito con distintas aseguradoras.
La austeridad republicana es uno de los pretextos más invocados en la 4T. En este caso, sostuvo Ortiz Bolaños, entre mayo del 2014 y julio pasado, las aseguradoras recibieron primas por 7,403 millones de pesos y pagaron reclamos por 3,484 millones de pesos (47%), ya fuera por pérdida de empleo, defunción o invalidez. En ese lapso, el instituto financió a 2.6 millones de trabajadores en la contratación de un seguro para 7.08 millones de créditos. Al cierre del segundo semestre del año en curso, había 1.7 millones de créditos asegurados, con un factor de prima de riesgo de 3.856 al millar.
La disminución del factor de la cobertura, a 3.08 al millar, supuestamente rechazada por las aseguradoras, y la decisión de reducir 20% las tasas de interés, obligaron a la instauración del fondo, explicó el director general. Previamente —dijo— obtuvo “una opinión de criterio favorable” de la Secretaría de Hacienda.
Seguro El Potosí y Seguros Atlas fueron las empresas que se inconformaron con la propuesta de convenio modificatorio. Además de la aplicación del nuevo factor a la renovación de los créditos, propuesto por la entidad gubernamental, tampoco aceptaron reconocer información del Registro Nacional de Población o del IMSS para validar los reclamos por defunciones.
Sobre el fundamento legal y la naturaleza jurídica del fondo hay amplias difidencias. Primero, porque a la Bolsa Mexicana de Valores se informó que sería cubrir reclamos de desempleados y al consejo directivo —en la sesión extraordinaria del pasado 3 de septiembre— se le indicó que se captarían aportaciones de los trabajadores y los rendimientos de éstas “con un fundamento o estructura similar al Infonavit”, que opera desde el 2009.
El problema es que aquel es un fideicomiso. Y el Infonacot, por mandato legal, no debería realizar operaciones activas de seguros, ni captar fondos, ni ofrecer servicios financieros. La operación del fondo de protección —explicaron— “es muy similar a como ya se operaba con las aseguradoras, tanto en el financiamiento de la cobertura como en el entero de los recursos hacia un ente que ofrezca la protección”.
¿Lo mismo, pero más barato? Los trabajadores sujetos de crédito se estarían cubriendo con sus propias aportaciones, a través del instituto. Y el fondo invertiría los recursos, de acuerdo con las reglas de operación y los lineamientos puestos a consideración del órgano de gobierno, en la sesión extraordinaria del 3 de septiembre.
De acuerdo a una versión taquigráfica de la minuta —consultada por este espacio— al menos dos consejeros evidenciaron las inconsistencias de la propuesta y los visos de ilegalidad en su inminente implementación. El representante del sector obrero, Juan Moisés Calleja, y la representante de los patrones, María Rebeca Félix Ruiz, cuestionaron que la operación del fondo hubiera arrancado sin la autorización del Consejo Directivo y advirtieron de una probable sanción, de la Secretaría de la Función Pública.
“Es un producto que nace muerto, porque no está dentro de lo que por ley se mandata al instituto”, sentenció Félix Ruiz. El consejero Felipe Peredo Ávalos cuestionó que el pago de los beneficios quedara supeditado a la suficiencia del fondo, según la propuesta de lineamientos. “Podría llevarse al instituto a un caso catastrófico por exceso de baja en los empleados”, manifestó.
Y ante el riesgo de ser sancionados por las instancias reguladoras, insistió en conocer la opinión de René Sánchez Puls, comisario de la SFP, quien ofreció elaborar un análisis “más detallado y puntual” de las objeciones de los consejeros.
Al final de la sesión extraordinaria, según el borrador del acta correspondiente, el consejo directivo del instituto tomó conocimiento de la creación del Fondo de Protección de Pagos y aprobó las Reglas de Operación y los lineamientos.
En la sesión de este viernes 25, los consejeros deberán aprobar el acta de la sesión extraordinaria. Antes, tendrán que resolver si tomar conocimiento es sinónimo de aprobar. Y conocerán los resultados del análisis elaborado por el comisario de la Función Pública, quien ya tiene conocimiento de las dos denuncias presentadas contra Ortiz Bolaños por sus “faltas graves”.
Antes, Sánchez Puls había recibido otras denuncias sobre una falla en los sistemas que derivó en la fuga de más de 150 millones de pesos de las arcas del instituto, que inexplicablemente fueron transferidos a exempleados y antiguos proveedores.
EFECTOS SECUNDARIOS
CITATORIOS. Irma Eréndira Sandoval acudió a San Lázaro para la glosa del Informe de Gobierno y en su exposición sobre los casos relevantes, reveló que el exdelegado de los programas federales en Jalisco, Carlos Lomelí, atendió personalmente un requerimiento de la Secretaría de la Función Pública. Lo que no dijo es que el exfuncionario acudió a entregar la documentación sobre un vehículo que ya no es de su propiedad y aclarar un tema relacionado con una marca. La titular de la SFP insistió en los nexos de Lomelí con dos empresas inhabilitadas.
MISTERIOS. Una semana ha pasado desde la última aparición pública de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien viajó a Tokio —con la representación del pueblo y el gobierno de México— para atestiguar la entronización del emperador Naruhito, el pasado martes 22. Igual, la primera dama, Beatriz Gutiérrez Müller: sin apariciones públicas desde hace una semana…
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