La expresión jurídica “la ley es dura, pero es la ley” no siempre responde a los intereses generales aun cuando se protegen derechos válidos de las minorías o la legalidad por sí misma. El tema viene a colación por la batalla jurídica que se viene dando respecto al tamaño que debe tener la construcción de … Continued
La expresión jurídica “la ley es dura, pero es la ley” no siempre responde a los intereses generales aun cuando se protegen derechos válidos de las minorías o la legalidad por sí misma.
El tema viene a colación por la batalla jurídica que se viene dando respecto al tamaño que debe tener la construcción de la cortina en la denominada presa El Zapotillo, situada en la zona de Los Altos, que forma parte de todo un sistema hídrico que abastecerá de manera sostenida a las áreas metropolitanas de Guadalajara (AMG), Jalisco, y de León, Guanajuato.
Ambas metrópolis han experimentado crecimientos elevados de población que implican demanda de agua potable. Hay cifras del gobierno de Jalisco que son demoledoras: casi un millón de personas en el AMG no tienen acceso a agua y otro medio millón la reciben en forma irregular. Estamos hablando de aproximadamente una tercera parte de la población total de la zona conurbada de la capital jalisciense.
Y en León la paulatina conurbación derivada del crecimiento también está generando presión en la demanda de agua potable, no para uso industrial –como se ha planteado- porque esa ciudad guanajuatense tiene el distintivo de ser usuaria intensiva de aguas residuales para fines industriales.
Es un asunto crítico porque desde el punto de vista de los manejos de crisis han confluido todos los factores: es un tema de relación con la comunidad; se ha llevado al terreno legal, hay activismo social –impulsado en buena medida por un sacerdote- y de grupos ambientalistas; se ha politizado, ha sido motivo de escrutinio por algunos académicos e investigadores, particularmente de la Universidad de Guadalajara y del ITESO; y hasta ha revivido regionalismos sobre por qué llevar agua de Jalisco a Guanajuato.
Se ha generado un debate en las que se han planteado múltiples alternativas pero en las que de pronto se ha perdido el foco en lo central: lo que está en riesgo es el abastecimiento seguro y sostenido de agua potable para el área metropolitana de Guadalajara y la prevalencia y necesaria recuperación del Lago de Chapala –el más gran en su tipo del país- que es la principal fuente de abasto para la zona conurbada de la capital de Jalisco.
Vayamos por partes.
El sistema hídrico que abastecería a Guadalajara y León está en la zona de Los Altos y tomaría las aguas que corren y escurren en el Río Verde que actualmente no se están aprovechando, lo cual significa que sin más ni más se van al mar en un caudal calculado en casi mil millones de metros cúbicos anuales que ya quisieran muchos países europeos y varias presas del país.
Ni siquiera es un proyecto nuevo. Desde hace 25 años, durante la gestión de Carlos Salinas de Gortari, se planteó originalmente la necesidad del sistema hídrico como forma para abastecer a León y que las residuales entraran al conjunto de ríos que desembocan en el Lago de Chapala.
Pero el proyecto evolucionó cuando las autoridades de la Comisión Nacional del Agua consideraron que desde ese mismo Sistema del Río Verde podría llevarse agua a Guadalajara para garantizar el abasto sostenido y, de manera colateral, dejar de extraer agua del Lago de Chapala que ha tenido niveles bajos por diferentes circunstancias, a fin de dejarlo recuperar.
La condición para llevar agua a Guadalajara era una. Que el tamaño de la cortina de la presa El Zapotillo pasará de 80 metros de altura a 105 metros. No por capricho, sino que por razones técnicas, se permitiría aumentar la captación de agua de 441 millones de metros cúbicos si fuera de 80 metros a 911 millones de metros cúbicos si fuera de 105.
Y aquí es donde surgieron los primeros elementos de la crisis: si bien la construcción de la presa a 80 metros implicaba inundar dos pueblos (Acasico y Palmarejo), con 105 metros era necesario dejar también bajo las aguas a Temacapulín, una comunidad expulsora de migrantes. En contra –en una sociedad donde la religión pesa- alzó la voz el sacerdote Gabriel Espinoza Iñiguez quien ha mantenido una batalla legal que ha llegado al punto de obtener amparos que tienen detenida la construcción en cuanto a la altura de la cortina, hasta en tanto no se resuelva en tribunales de alzada. Esto pese a que se ha ofrecido el reasentamiento a la comunidad en los términos que los pobladores establezcan; incluso al punto de llevar, piedra por piedra, la iglesia de la localidad.
El padre Espinoza ha impulsado que no sea inundada la población a pesar de que, bajo cualquier circunstancia, la única opción para salvar a los pobladores es reasentarlos en una nueva comunidad porque la presa puede representar un riesgo para su integridad.
La segunda parte de la crisis es la política: para poder abastecer de agua a Guadalajara y su área metropolitana se requieren inversiones adicionales y un compromiso legal del gobierno del estado de Jalisco. Por ello, CONAGUA firmó hace algunos años un convenio con el entonces gobernador Enrique González Márquez y su par en Guanajuato.
Pero el mandatario jalisciense no tomó en cuenta un punto: la necesidad de que el Congreso local avalara el convenio al tratarse de compromisos que van más allá de un periodo sexenal, razón por la cual el ex diputado por el PRD, Raúl Vargas López, promovió ante la Legislatura estatal la presentación de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ganó y ahora está incidiendo en que la cortina se mantenga en 80 metros, aunque no hay vinculación directa.
Desde los juzgados federales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha ponderado más la aplicación de la ley por la ley que por los efectos que puede causar el negar el avance de una obra que pone en riesgo el abastecimiento de agua a Guadalajara y la recuperación del Lago de Chapala. No se valoran a fondo criterios técnicos del proyecto ni su efecto social en el interés general.
Los demás componentes de este asunto crítico han sido consecuencia. Algunos académicos y ambientalistas se subieron al carro de la discusión sin tener suficientes elementos técnicos. Legisladores, sobre todo del PRD, acusan que se trata de inducir supuestas crisis de falta de agua para asustar a la población. ITESO se ha opuesto y la UDG juega una tibia postura institucional.
Y hasta grupos ambientalistas que están en contra de las presas se han subido a la discusión a pesar de existir evidencia técnica de que las presas contribuyen a las recargas de los mantos acuíferos y permiten captar aguas pluviales a través de escurrimientos.
Desde una perspectiva de análisis de caso en manejos de crisis, aquí se han dado muchos de los elementos que remiten al viejo proverbio de Lao Tse: “quienes hablan no saben; quienes saben no hablan”.
Lo cierto es que si no se resuelve con prontitud el tema jurídico, lo que queda en riesgo es que millones de personas en Guadalajara sigan careciendo de agua potable y que al Lago de Chapala se le siga extrayendo caudal a costa de su viabilidad futura.
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