Los altos mandos del Ejército mexicano prefieren quedarse al margen de las polémicas mediáticas para evitar desgastes innecesarios ante la opinión pública
Disciplinados a carta cabal, sin condicionamientos, los altos mandos del Ejército mexicano prefieren quedarse al margen de las polémicas mediáticas para evitar desgastes innecesarios ante la opinión pública. Cualquier conjetura sobre la militarización es soslayada, lo mismo que cualquier factor que abone a una confrontación con la sociedad civil.
Pero las redes sociales han prohijado a “grupos desafectos” —el crimen organizado, aunque también otros poderes fácticos—, quienes formulan falsas imputaciones, para minar la reputación del Ejército y la Fuerza Aérea, que junto con la Marina son las instituciones más valoradas por la ciudadanía.
En los últimos meses han circulado profusamente por distintos medios digitales, filtraciones protagonizadas por destacados mandos castrenses; misivas-llamadas de atención al presidente Andrés Manuel López Obrador —para conminarlo a “evitar error estratégico e injusticias”— y otros documentos sobre las afectaciones que las políticas de racionalidad del gasto tendrían en el sector militar.
Hace mes y medio —primero en portales digitales especializados en las Fuerzas Armadas y después en los medios tradicionales— se divulgó un oficio presuntamente firmado por el general de división DEM David Córdova Campos, oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, que designaba al bróker TBS como único y exclusivo intermediario de reaseguro para la colocación de la póliza de seguro para la flota aérea, que expira el próximo 25 de agosto, dentro de dos semanas.
(Nota de redacción: a través de un reaseguro, una institución de seguros, una reaseguradora extranjera o una entidad reaseguradora del extranjero toman a su cargo total o parcialmente un riesgo ya cubierto por una Institución de Seguros o el remanente de daños que exceda de la cantidad asegurada por el asegurador directo).
“Confirmamos que ningún otro intermediario tiene nuestro permiso para negociar con los reaseguradores y actuar en nuestro nombre para esta póliza”, sentenciaba la carta-nombramiento en su parte medular, que además requería del apoyo del resto de los reaseguradores para proporcionar a TBS toda la información que pueda requerir —slips, cuotas, primas, cédulas, reservas, etcétera— y sobre el programa de seguro de aeronaves.
La veracidad de este documento nunca pudo ser verificada; no obstante, trascendió que la licitación del contrato LA-0070000999-E230-2019 para dar cobertura a 225 aviones, 124 helicópteros y 21 aeronaves no tripuladas de la Fuerza Aérea Mexicana, quedó cancelada, presuntamente por la nueva política de austeridad implementada por la administración federal.
Esa determinación ocurrió el pasado 10 de mayo. En el camino habrían quedado GMX, Banorte e Inbursa. La póliza incluye una docena de jets ejecutivos y el Boeing 787 Dreamliner asignado al Ejecutivo para sus traslados, que por órdenes superiores fue trasladado a un aeropuerto del norte de California, donde espera para su remate. La Dirección General de Administración de la Fuerza Aérea Mexicana cuenta con la base de datos actualizada de la integración de la flota que deberá cubrir la póliza de seguro institucional, que debe extenderse inclusive de las aeronaves ofertadas por el SAE.
En todo caso, la disposición supuestamente suscrita por el oficial mayor de la Sedena el pasado 21 de junio contravendría lo estipulado en el capítulo tercero de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas vigente, que reconoce como intermediarios autorizados a las entidades inscritas en el Registro General de Reaseguradoras Extranjeras.
“En ningún caso podrá autorizarse como intermediarios de reaseguro a quienes, por su posición o por cualquier otra circunstancia, puedan ejercer coacción para contratar reaseguro o reafianzamiento”, estipula el artículo 107 de dicho ordenamiento.
TBS no aparece en el RGRE. En el listado más reciente de sanciones impuestas a intermediarios de reaseguro emitido por la CNSF, aparecen dos amonestaciones de no entregar información, referente a los reportes regulatorios, dentro del plazo establecido. La primera data del 29 de abril del 2016 y la segunda, del 31 de julio del 2017.
Las filtraciones e imprecisiones quedaron atrás. La Oficialía Mayor de la Sedena emitió, el pasado viernes 9, el mensaje C.E.I. No. S.A.C.E.A./13927. Y de inmediato, la Dirección General de Administración de las Fuerzas Armadas tramitó la respuesta a la solicitud de comunicación electrónica nacional AA.0070000999-E432-2019, con la que se repuso el proceso de licitación de estos servicios imprescindibles.
A las 9 de la mañana de ese día, el coronel Joel Guzmán Molina, jefe de la sección de Adquisiciones de la FAM, procedió al desahogo del requerimiento de su comandante, el general Manuel de Jesús Hernández, y ratificó el dictamen de evaluación técnica fechado el miércoles 7 de agosto. De acuerdo con las constancias documentales a las que este espacio tuvo acceso, se aplicó un criterio de evaluación binario, para determinar la solvencia de las proposiciones.
“La propuesta de Seguros Atlas cumple técnica y administrativamente”, determinó el dictamen. La partida única alcanzaría un monto de 49 millones 966,427 dólares (974 millones de pesos al tipo de cambio actualizado).
A más tardar en dos semanas se ratificará la disposición de la Dirección General de Administración de la Fuerza Aérea Mexicana. Al interior de la Sedena dan por sentado que no habrá cambios al fallo de la solicitud de cotización. “El negocio está en el reaseguro. No piensan contratar la cobertura a 100%, sino a 80%, por obra y gracia de la austeridad republicana”. ¿Será?
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