La maestra perdió su plaza en los tiempos de Aurelio Nuño como titular de la SEP. Sobre estos asuntos, en lo particular, deberán resolver los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Fiscal
La renovación del SNTE está en curso. La dirigencia nacional de ese gremio magisterial, encabezada por Alfonso Cepeda, tiene el visto bueno para arrancar con la elección de una veintena de comités seccionales. Y nada más.
La elección de un nuevo comité ejecutivo nacional no está prevista para el 2020. Y menos, el retorno de la expresidenta vitalicia de la organización, Elba Esther Gordillo Morales, a los cargos sindicales. La dirigencia encabezada por Cepeda no le concede membresía dentro del sindicato. Y hace seis años que no ha pagado sus cuotas.
La maestra perdió su plaza en los tiempos de Aurelio Nuño como titular de la SEP. Sobre estos asuntos, en lo particular, deberán resolver los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Fiscal.
Mientras, Maestros por México —la asociación civil que pugna por el regreso de Gordillo Morales— emplazó a la Cuarta Transformación a garantizar elecciones democráticas dentro de esa organización.
A través de una misiva, entregada ayer simultáneamente en Palacio Nacional y el Palacio de Cobián, los representantes elbistas rechazaron la reforma estatutaria que modificó el procedimiento para elegir a los secretarios que integran los comités, de la que ya tomó nota la autoridad laboral.
La elección de los dirigentes magisteriales —insistieron—tiene que apegarse a la nueva legislación y permitir el voto libre, directo, secreto y universal de los 1.6 millones de afiliados al SNTE.
“Exigimos la instalación de una mesa de trabajo plural, integrada con las diferentes expresiones sindicales interesadas en participar en el proceso”, plantea Maestros por México. Definidas las reglas por todos los involucrados, sugiere, la elección deberá ser conducida por un órgano electoral neutral que garantice la imparcialidad, legitimidad, legalidad y transparencia electoral, además de la participación de observadores nacionales e internacionales.
“Exigimos que haya piso parejo para todas las expresiones participantes, que haya transparencia y rendición de cuentas en el uso y aplicación de todos los recursos”, insisten. Y que las expresiones que desean participar en la elección de la dirigencia nacional del SNTE no tengan prohibiciones.
Marginados de las mesas de trabajo convocadas por la SEP y la Secretaría del Trabajo, los elbistas se quejaron con el Ejecutivo federal por entablar negociaciones con dirigentes que ilegalmente intentan representar a los trabajadores y se inventan reglamentos para “normar” procesos a modo que derivan en “simulación”.
Efectos secundarios
DESAPROBADOS. Los habitantes de la Ciudad de México consideran que la seguridad y el narcomenudeo son los problemas que más afectan a las autoridades electas. De acuerdo con la casa encuestadora Enkoll, de Heidi Osuna, en Álvaro Obregón y Magdalena Contreras se registran los peores resultados en ese rubro, entre las 16 alcaldías. Esas demarcaciones son gobernadas por dos morenistas: Layda Sansores y Patricia Ortiz. En un ranking generado, tras de un año en el cargo, los alcaldes que obtienen menos respaldo de sus gobernados son Sansores y José Carlos Acosta, de Xochimilco.
¿FINTAS? Ni el Ejecutivo propuso, ni el Legislativo dispuso… ¿Y el Judicial? Por segunda vez, por un manotazo en Palacio Nacional, el trabajo parlamentario se verá ralentizado. A finales del año pasado, la reforma laboral comprometida por Morena no fue procesada. Esta vez, el Ejecutivo federal se abstuvo de entregar los nueve proyectos al Congreso de la Unión que componen su reforma penal (las reformas al texto constitucional, a la Ley de Amparo, la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, además de la nueva Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica y los nuevos códigos nacionales Penal y de Procedimientos Penales). Mejor quedar mal con los grupos parlamentarios que abrir el proceso legislativo, y por ende, una confrontación con el Poder Judicial y el gremio jurídico. Los anteproyectos que profusamente circularon —vía WhatsApp— en la víspera destaparon la apuesta de la Cuarta Transformación para acabar con la impunidad: la mano dura.
ACOMODOS. La magistrada Nora Elizabeth Urby Genel pasó a formar parte de la Primera Sección de la Sala Superior, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y el magistrado Juan Ángel Chávez Ramírez —quien era parte de esa instancia— se integró desde hoy a la Junta de Gobierno y Administración, de este órgano jurisdiccional, en lugar de la inicialmente mencionada.
ANÁLISIS. La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria está por hacer público el dictamen de impacto regulatorio de la NOM 051 sobre alimentos y bebidas alcohólicas y la implementación de un etiquetado frontal.
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