A un mes de que se extinga el sexenio, en el Senado de la República han resuelto uno de los principales pendientes de la administración del presidente Enrique Peña Nieto: la conversión de la PGR en la Fiscalía General de la República. Julio Ramón Menchaca, presidente de la Comisión de Justicia, y Manuel Añorve Baños, … Continued
A un mes de que se extinga el sexenio, en el Senado de la República han resuelto uno de los principales pendientes de la administración del presidente Enrique Peña Nieto: la conversión de la PGR en la Fiscalía General de la República.
Julio Ramón Menchaca, presidente de la Comisión de Justicia, y Manuel Añorve Baños, titular de la Comisión de Estudios Legislativos, suscriben el dictamen sobre las dos iniciativas por las que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, cuya primera versión ya circula entre los integrantes de la Junta de Coordinación Política, vísperas de ser sometida a la consideración del pleno.
Dos iniciativas, porque dos semanas antes de que la exministra Olga Sánchez Cordero presentara —a nombre de la mayoría morenista— su propuesta sobre este particular, el senador perredista Juan Zepeda Hernández hizo lo propio, sin más respaldo que su metodología. Bajo el mismo número —DGPL-2P1A.-3085—, el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, dictó su turno a las comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el pasado 25 de septiembre.
Con cuatro años de retraso, el trámite legislativo que dispone la reconfiguración del ministerio público a través de la Fiscalía General de la República entra en la recta final. El 23 de septiembre del 2014, el presidente Enrique Peña Nieto tramitó ante la Cámara de Diputados una iniciativa para expedir la Ley de la Fiscalía General de la República y allí se generó la minuta con proyecto de decreto que contenía el pase automático del procurador general al fiscal general pero este intento quedó cancelado definitivamente con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación apenas hace dos meses, tras de las presiones de la sociedad civil y el paraguas de “la eficiencia operativa”, necesaria para atender la grave situación de inseguridad que priva en el país.
De conformidad con el numeral 4 del artículo 183 del Reglamento del Senado de la República, no es posible acumular minutas remitidas por la Cámara de Diputados, con iniciativas originadas en el Senado por lo que el proceso legislativo tuvo que reiniciar, aunque con premura.
El predictamen elaborado por las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos introduce nuevos elementos: incorpora la coordinación de Métodos de Investigación e instaura la Base Nacional de Información Genética, para integrar la información proporcionada por víctimas o familiares de víctimas respecto de personas desaparecidas en el territorio nacional, que y únicamente podrá ser empleada para la identificación de cuerpos o restos humanos.
En términos operativos, la nueva institución se engranaría a través de una Coordinación General, que además estaría a cargo de compilar la información relativa a la información legislativa, jurisprudencial y doctrinal.
El proyecto de Ley Orgánica de la Fiscalía General propone un órgano constitucional autónomo, encargado de dirigir jurídicamente las investigaciones, enfocándose en la estrategia de gestión de los casos para el ejercicio de la acción penal en el marco de un sistema de justicia penal acusatorio.
Como principios rectores de la actuación de la fiscalía se aprueba establecer los de autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos, accesibilidad, debida diligencia e imparcialidad.
La nueva estructura orgánica —destaca el predictamen— responde a criterios de flexibilidad y pertinencia, con el propósito de abordar los fenómenos delictivos que afectan a la sociedad. Queda atrás el paradigma de la investigación caso a caso. Además del fiscal general habría las fiscalías especializadas en Delitos Electorales; de Combate a la Corrupción; en Materia de Derechos Humanos y de Asuntos Internos.
Y además de la Coordinación General estarían las coordinaciones de Investigación y Persecución Penal; de Métodos de Investigación; de Planeación y Administración; el Órgano Interno de Control; así como un Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera y un Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General de la República. Dicho instituto, será un órgano administrativo desconcentrado, asistirá en la prestación de los servicios periciales y ciencias forenses y estará dotado de autonomía técnica para el ejercicio de sus funciones.
La nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General plantea un proceso de transición que estaría guiado por una unidad que dote de certidumbre el proceso de transición, encargada de la coordinación, implementación y evaluación del Plan Estratégico de Transición.
“Para lograr un proceso exitoso de transición la ley observará en primer lugar el garantizar y optimizar suficiencia presupuestal al proceso, tanto para el proceso de retiro o liquidación del personal, como para el desarrollo de plataformas tecnológicas y la restauración de los recursos materiales o de infraestructura que sean necesarios para la operación”, enfatiza.
EFECTOS SECUNDARIOS
APLAZAMIENTOS. La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) resolvió, por votación unánime, reabrir el juicio 5563/17-17-13-4 en la Décimo Tercera Sala Regional Metropolitana, sobre la determinación del SAT de aplicar un crédito fiscal a Elba Esther Gordillo Morales, por concepto de impuesto sobre la renta por el ejercicio fiscal del 2012. La expresidenta del SNTE será enterada de esa resolución por sus abogados, pues el pasado lunes 29 acudió a la T2 del AICM para abordar un vuelo internacional.
CENSURAS. A través de sendas misivas, el presidente del Senado de la República, requirió al director del diario oficial, Alejandro López González, y al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, publicar la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, luego de que el Ejecutivo federal se abstuviera de promulgar ese ordenamiento o formular observaciones. El nuevo ordenamiento establece que ningún funcionario podrá percibir más ingresos que el Ejecutivo federal y se eliminan las pensiones de los expresidentes. En sus redes sociales, el jurista Diego Valadés —exprocurador y exdirector del IIJ-UNAM— advirtió que “se podría desatar una fuerte turbulencia en la vida burocrática mexicana. Al país no le hacen falta más conflictos”.
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