Han pasado nueve días desde que Alejandro Díaz de León Martínez promovió, per saltium, un juicio en el Tribunal Electoral para solicitar al Poder Judicial Federal la protección de sus derechos político-electorales. ¿El responsable de haberlos violado? La Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI. Abogado, académico de la FES Acatlán y fallido aspirante a … Continued
Han pasado nueve días desde que Alejandro Díaz de León Martínez promovió, per saltium, un juicio en el Tribunal Electoral para solicitar al Poder Judicial Federal la protección de sus derechos político-electorales. ¿El responsable de haberlos violado? La Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI.
Abogado, académico de la FES Acatlán y fallido aspirante a la Rectoría de la UNAM, atendió la convocatoria del partido oficialista para seleccionar al candidato presidencial. Siguió —dice— el ejemplo de José Antonio Meade Kuribreña y sin tener militancia partidista decidió solicitar su registro como aspirante a la candidatura presidencial.
Para evitar dilaciones en la sustentación y resolución del reclamo, el magistrado presidente por ministerio de ley, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, admitió la demanda, que quedó registrada en el libro de gobierno bajo la clave SUP-JDC-1119-2017, cuyo expediente fue turnado a la ponencia de Mónico Aralí Soto Fregoso.
El ex dirigente nacional de la CNC, José Rubén Escajeda Jiménez, y el mexiquense Abraham Güemes Castillo están al frente del órgano partidista que regula la contienda interna. Y, en cumplimiento a la base sexta de la convocatoria, Díaz de León les remitió los cinco formatos, además de las copias certificadas de sus documentos personales. A cambio, esperaba recibir la constancia que lo reconociera como precandidato.
Ninguno de los sectores partidistas o de las organizaciones adherentes le dio su respaldo. No obstante, el académico sostuvo —bajo protesta de decir verdad— cumplir plenamente los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 41 constitucional. Incluso, para estar “en igualdad de circunstancias”, renunció a su membresía partidista para acceder a la categoría de “aspirante simpatizante a candidato a Presidente de la República”.
Pero el PRI exige, además, el cumplimiento de los requisitos estatutarios, reglamentarios y los establecidos en la base quinta de la convocatoria expedida el pasado 23 de noviembre. Ni la Comisión Nacional de Procesos Internos ni la Comisión Política Permanente permitieron otro registro, distinto al de Meade Kuribreña, único aspirante certificado con el apoyo del priismo, identificado con las cartas de apoyo expedidas por los tres sectores, las cuatro organizaciones nacionales y los 32 comités directivos estatales. Y en lo externo —según el dictamen correspondiente— “tuvo una marcada aceptación en los distintos sectores de la sociedad, que se refleja en las últimas encuestas y amplios comentarios positivos en los medios de comunicación”.
El 2 de diciembre, el árbitro tricolor desechó, por incumplimiento, la solicitud tramitada por Martín León Rodríguez, avencidado en Ixtapaluca, integrante del Consejo Nacional de Indígenas e Intérpretes, y como los otros dos aspirantes a la candidatura tricolor, sin militancia partidista.
En ambos casos, la instancia partidista emitió un dictamen de improcedencia y concedió la garantía de audiencia. Díaz de León, estableció, incumplió porque no aceptó someterse a los exámenes previstos en el Código de Ética ni acreditó el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Y lo emplazó a subsanar las omisiones contenidas en su expediente.
El académico de la UNAM ya no esperó ese fallo y acudió al Tribunal Electoral, asesorado por Ingrid Tapia, una de las abogadas especializadas en este tipo de impugnaciones con más reconocimiento entre los expertos en derecho electoral. Entre sus defendidos estuvo Elba Esther Gordillo, cuando fue expulsada del PRI.
Los magistrados de la sala superior decidieron reencausar la impugnación de Díaz de León a un juicio para la protección de los derechos del militante, competencia de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria.
A esa instancia, que preside Fernando Elías Calles, concedió cinco días naturales para resolver este caso. El plazo para notificar sobre el fallo jurisdiccional vence hoy.
Y será entonces cuando haya certeza, en definitiva, de que Pepe Meade es precandidato único.
EFECTOS SECUNDARIOS
MALOGRADOS. Ricardo Monreal cumplió con su palabra y deja la jefatura de la delegación Cuauhtémoc justo cuando Claudia Sheinbaum se convirtió en precandidata única a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Para quienes apostaron a que ocuparía la vacante que deja AMLO en la dirección de Morena, no habrá premio. Yeidckol Polevnsky será la nueva presidenta del partido y al frente de la administración delegacional quedará Zuleima Huidrobo hasta que Miguel Ángel Mancera nombre al sustituto y con ello asuma el control de ese centro estratégico en la capital de la República. ¿Habrá pactado con el zacatecano o respetará las decisiones del tabasqueño?
¿EFECTO MIKEL? Arturo Zamora siguió la ruta planteada por José Narro y Enrique de la Madrid y amablemente declinó el ofrecimiento que le formuló José Antonio Meade para hacer equipo y conseguir votos. El senador decidió quedarse al frente de la CNOP y como abanderado del PRI a la gubernatura de Jalisco irá Miguel Castro Reynoso, exalcalde de Tlaquepaque, exlíder del PRI en el Congreso local y quien funge como secretario de Desarrollo Social de la administración que encabeza Aristóteles Sandoval. Además del mensaje pernicioso a la membresía tricolor en aquella entidad, la decisión de Zamora mete en un brete a la cúpula priista pues la vacante en el sector popular había sido ofrecida a Ivonne Ortega.
Minuto a minuto
