Han pasado cuatro meses del regreso del exdirector general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin. Extraditado por el gobierno español, aconsejado por sus abogados, ofreció colaborar con la Fiscalía General de la República para llegar a los autores intelectuales de la trama de sobornos canalizados por su conducto por los directivos de la constructora carioca Odebrecht
Han pasado cuatro meses del regreso del exdirector general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin. Extraditado por el gobierno español, aconsejado por sus abogados, ofreció colaborar con la Fiscalía General de la República para llegar a los autores intelectuales de la trama de sobornos canalizados por su conducto por los directivos de la constructora carioca Odebrecht.
Las confesiones de Luis Alberto de Meneses Weyll en la causa conocida como Operación Lava Jato (su traducción al inglés es Car Wash) fueron el punto de partida de la indagatoria contra el exfuncionario peñista. Si bien estaba acreditada su trayectoria en el mundo empresarial, la rauda evolución patrimonial de su familia —principalmente las transferencias internacionales y la adquisición de dos lujosos inmuebles en la CDMX e Ixtapa Zihuatanejo en apenas cuatro años— fue la muestra indubitable de su participación en los hechos.
La declaración de Lozoya Austin fue filtrada y el involucramiento del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, y del excandidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña, atrajeron la atención mediática y los comentarios de la clase política. Pero nada más.
Distraídos en las negociaciones de Rosario Robles con los fiscales, el juicio contra Genaro García Luna en Nueva York y los señalamientos contra la prima de AMLO, los medios locales no tomaron en cuenta el comunicado divulgado justo hace una semana por la vaiera holandesa Vitol SA, luego de que alcanzara un acuerdo con autoridades estadounidenses y brasileñas.
Con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Vitol alcanzó un DPA —un acuerdo diferimiento de juicio— por sus negocios en Brasil, Ecuador y México. Y con la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas pactó su colaboración con el procedimiento de sanción en curso.
Investigada en ambas jurisdicciones, la empresa establecida en Rotterdam deberá pagar 163 millones de dólares. “Vitol se compromete a respetar la ley y no tolera la corrupción ni las prácticas comerciales ilegales”, dice la declaración firmada por el director ejecutivo, Russell Hardy. “Como reconocen las autoridades, hemos cooperado ampliamente a lo largo de este proceso. Entendemos la seriedad de este asunto y nos complace que se haya resuelto”.
De este caso conocería la Corte del Distrito Este de Nueva York, de acuerdo con la causa que presentarían abogadas de la sección de fraudes de la división penal el Departamento de Justicia y los fiscales adscritos a esa demarcación según la DPA que comenzó a circular.
La firma europea no sería demandada, pero aceptó el acuerdo para pagar la multa y archivar el expediente criminal que contenía dos casos de conspiración para cometer un delito, en los términos de la FCPA, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
Vitol SA no será enjuiciada en los próximos tres años por los hechos investigados, pero sí algunos de sus exdirectivos de su corporativo holandés y sus filiales en América. Esa empresa de energía y materias primas, con sede en Suiza, llegó a México en 2014, justo en vísperas de la implementación de la reforma energética producto del Pacto por México.
Se dedica al desarrollo de proyectos de petróleo y gas. En 2014, la filial de Vitol México, Pemisa, firmó un contrato de servicios para desarrollar el Bloque Miahuapan de 158 kilómetros cuadrados, ubicado costa adentro en el paleontocanal de Chicontepec.
Petrolera Miahuapan y Petrolera de Amatitlán fueron junto con Vitol Energy México y GPA Energy en ese contrato integral de exploración y producción, suscrito el 1 de octubre de 2014 con Pemex Exploración y Producción.
Además, Vitol Energy México informó en noviembre de 2016 que construirá un ducto que conectaría Poza Rica con la refinería de Tula, para el transporte de hidrocarburos.
El acuerdo enlista 24 entidades e individuos que estuvieron sujetos a investigación; entre ellos, seis cuya identidad está bajo reserva. El ciudadano mexicano Javier Aguilar, residente en Houston, estuvo involucrado en transacciones realizadas en aquella ciudad texana.
Sobre Petroecuador y Pemex, el documento revela que entre 2015 y 2020, funcionarios de Vitol entregaron más de 2 millones de dólares a los funcionarios de ambas empresas, con el fin de “asegurar una ventaja indebida para obtener y retener negocios en relación con la compra y venta de derivados de petróleo”.
Con la petrolera mexicana, un intermediario —no identificado— pagó coimas a funcionarios de PEP a cambio de recibir información privilegiada y obtener negocios. En el 2018, especifican, dos entidades mexicanas fueron utilizadas para ejecutar acuerdos de consultoría ficticios y facturas apócrifas, para justificar los pagos sobornos, depositados en bancos mexicanos.
Efectos secundarios
DESAFIADOS. Subida en la ola paritaria que ahora distingue a la Cuarta Transformación, Blanca Lilia Ibarra postuló por la presidencia del pleno del Inai. El otro interesado es Óscar Guerra Ford, quien nuevamente sería víctima de la falta de palabra entre sus colegas y de otros tomadores de decisión. Este mediodía, los siete integrantes del pleno del órgano garante de la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales elegirán a quien deberá cubrir el periodo 2020-2023. A finales de la semana pasada, Guerra Ford contaba con cinco votos, de siete posibles. El miércoles sólo quedaban la comisionada Fabiola y el presidente saliente, Francisco Acuña, de comprometer su respaldo con uno de los dos postulantes.
LENTITUD. En otras áreas, además de la energética, hay poco flujo de recursos. Y en todo el gobierno federal, la austeridad ha propiciado injusticias. En SENEAM no han cubierto el contrato por los servicios que ofrece la firma Rapax —limpieza en las oficinas centrales— y mientras tanto, Joad Limpieza y Servicios se convirtió en la nueva encargada, con un contrato por 1.1 millones de pesos para cubrir el último trimestre del año.
Twitter: @aguirre_albert
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