Sujetos del escrutinio público, los empleados federales llevan una década en el ciberespacio. La primera incursión ocurrió durante el calderonismo, en la égida de Alejandra Sota como vocera de Los Pinos
¿Es lo mismo una autoridad que un servidor público? A la luz de las funciones inherentes a su cargo, sería posible distinguir el rango de un oficial del gobierno. Unos y otros, en el ejercicio de sus facultades y en el uso de las redes sociales, ¿tienen derecho a la privacidad?
Sujetos del escrutinio público, los empleados federales llevan una década en el ciberespacio. La primera incursión ocurrió durante el calderonismo, en la égida de Alejandra Sota como vocera de Los Pinos. Entonces se instauró el SIP (Sistema de Internet de la Presidencia de la República) y se activó un protocolo de uso de Twitter y Facebook para secretarías y secretarios del gobierno federal.
La versión 1.0 de este peculiar mecanismo de autorregulación data de hace ocho años, aunque un primer proyecto fue elaborado por el abogado Peter Bauer y el comunicador Roberto Gaudelli. Ante el desorden inicial, definieron, era imperativo construir un “marco estratégico” para orientar la comunicación digital a través de las cuentas institucionales e individuales. A partir de entonces, todas las secretarías del gobierno federal tendrían dos cuentas en Twitter —una institucional y otra, para su titular— y una página oficial en Facebook, mientras que los funcionarios que decidieran usar esa red social lo harían a título estrictamente personal.
El traspaso del poder, en el 2012, llevó a Los Pinos al equipo de Alejandra Lagunes. En la campaña presidencial trabajaron a marchas forzadas por la irrupción del movimiento #YoSoy132. La Estrategia Digital de la Presidencia tornaría después en un modelo de comunicación cuya efectividad dependía de Google y Facebook; el manejo de las redes sociales del Ejecutivo federal quedó a cargo entonces de Paloma Franco. Las activaciones y el uso del Periscope comenzaron a ser un asunto cotidiano, mientras avanzaba la fusión de los dominios y nacía gob.mx… De protocolos o lineamientos, poco sabían los hijos de los funcionarios peñistas, quienes en Instagram dejaron muchas evidencias de los usos y costumbres del nuevo gobierno.
Al paso de una década —y de gastos multimillonarios— persisten las inconsistencias tanto de identidad como de dinámicas de uso de las redes sociales. A diferencia del sexenio anterior, la estrategia para regular la actividad institucional estará definida por el vocero presidencial, mientras de la Estrategia Digital ha sido orientada a otros propósitos.
El ejercicio del derecho a la información en las redes sociales, empero, ha tomado otros derroteros a partir de la sentencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordena al fiscal general de Veracruz desbloquear a un periodista que lo seguía en Twitter. El bloqueo —determinaron los juzgadores— era equiparable a un acto de autoridad que implica una restricción indebida al derecho de acceso a la información del periodista.
Los contenidos compartidos en la cuenta de Twitter del fiscal Jorge Winkler —definieron— tienen relevancia pública y es información de interés general. Esto debido a que fue el propio funcionario quien voluntariamente utilizó su cuenta como medio de difusión para compartir, entre otros, información relacionada con su gestión como fiscal. Al hacerlo, colocó a su cuenta de Twitter en una posición de mayor escrutinio público.
En otros ámbitos ya se habían adoptado criterios similares. En septiembre del 2017, el juez Alonso Robles Cuétara concedió un amparo a un ciudadano de Nogales, Sonora, por el bloqueo del entonces presidente municipal. Dos meses después, el ITEI ordenó al Congreso de Jalisco entregar los nombres de las cuentas de redes sociales privadas que utilizaran los legisladores para difundir información derivada directamente del ejercicio de su encargo.
El juez Robles Cuétara dictaminó que la información publicada por el edil en Twitter era de interés público y, por ende, no podía inhibir a un ciudadano el acceso, ya fuera por esa vía o en cualquier otra modalidad de acceso o consulta. En el caso de los parlamentarios, los comisionados del instituto jalisciense equipararon las redes sociales a los portales oficiales de Internet o la Plataforma Nacional de Transparencia, por lo que catalogaron de interés público que la sociedad tuviera certeza de cuáles son las cuentas de redes sociales desde las que se difunde información pública.
Y a través de su Criterio 3/2018, determinaron los requisitos para que una autoridad en Jalisco tuviera que garantizar el acceso a sus espacios digitales: cuando reconociera su cuenta como propia, que ésta fuera considerada como de acceso público no restringido y que además compartiera información derivada directamente del cumplimiento de las funciones o ejercicio de las atribuciones de dicha autoridad o servidor público.
Sobre esas bases, Salvador Romero, comisionado del ITEI, elaboró un proyecto de Políticas Generales para la Difusión de Información Pública mediante Redes Digitales, que quiso someter el pasado jueves 28 de marzo a la aprobación de los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia.
Entre otras cosas, proponía que los funcionarios que utilicen recursos públicos para el manejo de sus redes sociales, estarán a obligados a utilizar sus cuentas como oficiales, por lo que no podrán bloquear a ciudadanos tras recibir una crítica y deberán informar trimestralmente cuánto gastan del erario en community managers. Los funcionarios sólo podrían bloquear a usuarios si reciben amenazas o se trata de spam.
El proyecto generó un intenso debate y sin que hubiera consenso entre los representantes de los órganos que integran el SNT, fue retirado de la orden del día.
EFECTOS SECUNDARIOS
¿Y LA DEUDA? En la orfandad, tras la pérdida del registro como partido político nacional, las dirigencias locales de Nueva Alianza intentaron hacerse ojo de hormiga con las deudas de las campañas del 2018 y acudieron al Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal para impugnar un acuerdo del INE que los mandata a reconocer los adeudos.
Ayer los magistrados de la Sala Superior definieron que, en efecto, Nueva Alianza en los estados no puede deslindarse de los compromisos financieros que contrajo su dirigencia nacional. Así que, como en Elektra, aunque sea en abonos chiquitos, tendrán que pagar…
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