Prisas, para el Instituto Nacional Electoral. En el primer día hábil del 2021, tras de la pausa navideña, los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias y la Junta General Ejecutiva debieron sesionar simultáneamente y de manera extraordinaria, para atajar los pendientes
Prisas, para el Instituto Nacional Electoral. En el primer día hábil del 2021, tras de la pausa navideña, los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias y la Junta General Ejecutiva debieron sesionar simultáneamente y de manera extraordinaria, para atajar los pendientes.
Ambas, una hora antes de la sesión —también extraordinaria— del Consejo General. Las resoluciones, en todos los casos, fueron contra la Presidencia de la República y Morena.
La Comisión de Quejas y Denuncias, por unanimidad, consideró improcedente la petición del PAN de medidas cautelares por el presunto uso indebido de la pauta de Morena en los medios electrónicos, con la difusión de un promocional en radio sobre la vacuna contra la Covid-19. No quedó acreditada la utilización indebida de programas sociales y actos anticipados de campaña… por esta vía.
Enseguida, el senador panista Antonio Martín del Campo, representante del Poder Legislativo ante el Consejo General, interpuso una denuncia ante la Unidad Técnica de lo Contencioso del Instituto en contra de Morena, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, y los servidores públicos que resulten responsables por lo que —insistió— debe acreditarse como indebida utilización de propaganda gubernamental, actos anticipados de campaña y esencialmente la realización de proselitismo electoral con el pretexto de las vacunas.
Igualmente, estaba pendiente dar cumplimiento a la medida cautelar provista por la Suprema Corte de Justicia en el trámite de la controversia constitucional 211/2020 interpuesta por el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, contra el Ejecutivo federal y la Cámara de Diputados por la reducción de los recursos asignados al organismo autónomo en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 y el nuevo tope salarial autorizado para este ejercicio fiscal.
Las remuneraciones del presidente consejero, Lorenzo Córdova, del secretario ejecutivo, de los consejeros electorales y de los integrantes de la Junta General Ejecutiva subsisten con los criterios especificados en el Presupuesto de Egresos 2018, aunque ya no será Bogart Montiel quien fije los salarios de la alta burocracia del INE, luego de que renunciara a la Dirección Ejecutiva de Administración.
La austeridad republicana no vale nada en el INE. Tampoco, la nueva Ley de Remuneraciones ni los topes salariales establecidos por la Cámara de Diputados… en tanto la SCJN no resuelva el fondo de los amparos.
Al mediodía, también en sesión extraordinaria, el pleno del Consejo General resolvió sobre dos proyectos de acuerdo, a petición de Córdova Vianello. Ambos, vinculados a la consulta del titular de la coordinación general de Comunicación Social del Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas, sobre la cesión de los tiempos en radio y televisión que administra el INE para la difusión de campañas para la atención de la emergencia sanitaria por la pandemia.
Esa petición fue formulada el pasado 18 de diciembre y, si hubiera sido aceptada por las autoridades electorales, habría silenciado al INE y a los partidos políticos por lo menos durante el periodo de precampañas, que se extenderá hasta dentro de un mes.
Primero los consejeros electorales, en voz de Ciro Murayama, y después los representantes de los partidos de oposición, verbalizaron tajantemente su rechazo de ceder los tiempos oficiales, por una cuestión de forma: el vocero presidencial —definieron— carece de facultades para tramitar la atípica petición justo en una de las etapas decisivas del proceso electoral.¿Y el titular de la Unidad de Normatividad de Medios, Roberto Duque Roquero, o el director general de Radio, Televisión y Cinematografía, Rodolfo González Valderrama? Ambos son abogados y tienen experiencia previa en temas electorales.
En el fondo, la disputa por los tiempos del Estado mexicano. En abril del año pasado, el Ejecutivo federal emitió un decreto que modificó la carga fiscal de los concesionarios de los medios electrónicos y les devolvió tiempos de transmisión… a costa de los espacios a los que también tenían acceso los otros poderes de la Unión y los órganos autónomos.
Además de impertinente, la solicitud de Ramírez Cuéllar fue calificada de inviable por el representante del PAN ante el INE, Víctor Hugo Sondón, quien de plano recomendó al funcionario federal consultar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley General de Salud para fundamentar sus peticiones.
“Es una solicitud que nos preocupa y deja mucho qué desear, una muestra más del estilo dictatorial de la Cuarta Transformación”, catalogó, “una petición ridícula que esconde oscuros intereses (pues) busca evitar que el INE y los partidos políticos tengan comunicación directa con la ciudadanía”.
El consejero presidente definió que el INE es autónomo, pero no es un órgano autárquico y hay una buena comunicación con el gobierno federal, “sabemos que tenemos que colaborar para resolver los grandes problemas nacionales con las distintas instancias gubernamentales, con pleno respeto a nuestras competencias y atribuciones”, por lo que las instancias competentes tendrán que valorar y recurrir a las atribuciones que tiene el gobierno federal para poder cumplir a cabalidad con una debida comunicación social en ese sentido.
El proyecto recibió el respaldo de 10 consejeros y el voto en contra de la consejera Norma de la Cruz. Igual sucedió con el acuerdo —también propuesto por el consejero presidente— que establece los pasos a seguir en el caso de que Morena y sus aliados renunciaran a la prerrogativa en radio y televisión para ceder sus espacios a los mensajes del gobierno federal por la emergencia sanitaria. Una disposición necesaria para entregar los materiales y las órdenes de transmisión de los mensajes de salud a los concesionarios de radio y televisión.
El modelo de comunicación política no admite caprichos. La Secretaría de Gobernación debe entregar al INE los promocionales a pautar, en caso de que los partidos afines a la 4T efectivamente renuncien a la prerrogativa. Eso sí, tendrán que informar los términos de esa cesión de tiempos, de las campañas —ya sea federal o local— y qué medios electrónicos son afectados.
Twitter: @aguirre_alberto
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