Después del sismo del 19 de septiembre, el gobierno peñista recopiló las opiniones de 10 mil 153 niños y adolescentes en 31 estados sobre sus vivencias después de esas horas críticas, que propiciaron la suspensión de clases durante dos semanas en media docena de entidades federativas. Una encuesta en línea, con un cuestionario cerrado para … Continued
Después del sismo del 19 de septiembre, el gobierno peñista recopiló las opiniones de 10 mil 153 niños y adolescentes en 31 estados sobre sus vivencias después de esas horas críticas, que propiciaron la suspensión de clases durante dos semanas en media docena de entidades federativas.
Una encuesta en línea, con un cuestionario cerrado para que narraran su experiencia y el papel de las personas adultas, exploraran sus emociones y factores protectores y fuera dimensionada su perspectiva sobre las tareas de reconstrucción. Salvo que dos de cada tres de los entrevistados declararon haber experimentado los sismos, todavía no son divulgados oficialmente los resultados de este ejercicio.
Quien es víctima de violencia tiene más probabilidad de ser abusador o víctima en la vida adulta. Las consecuencias de la violencia en términos de perspectivas económicas y productividad duran toda la vida. Los niños y niñas que son violentados tienen el doble de probabilidades de estar en situación de desempleo en algún momento de su vida y de vivir en condiciones de pobreza. Al menos seis de cada 10 niños y adolescentes han experimentado al menos un método de disciplina violenta, ya sea una agresión psicológica o un castigo físico. Los lugares más comunes donde experimentan violencia son: la familia, la escuela y la comunidad.
Los niños y adolescentes son particularmente susceptibles a la inseguridad y la violencia merma su capacidad de aprendizaje. Estudios recientes del INEE evidencian claramente que las escuelas se han convertido en espacios inseguros y los testimonios de los alumnos respecto de sus vivencias —agresiones físicas y abusos de sustancias prohibidas dentro de los planteles— se replican en escuelas públicas y privadas.
Para el 2015, según la medición intercensal del Inegi, 28.5% de los adolescentes —12 a 17 años— no asistía a la escuela y de cada 10 estudiantes que ingresan a la educación media superior, sólo siete la terminan en el tiempo reglamentario, en tanto que la extra edad y la reprobación siguen afectando a una proporción importante de estudiantes, además de que el rezago educativo de los jóvenes que rebasan los 17 años es considerable.
La primera infancia en México representa un tercio de la población infantil y adolescente de los cuales: uno de cada dos es pobre (más que cualquier otro grupo etario) y 13% vive en pobreza extrema; mientras que 20.6% de los menores de un año no tiene acta de nacimiento y 7% de los menores de cinco años no tenía ese documento de identidad. Para atajar este último fenómeno, el gobierno peñista ha previsto la expedición de un Certificado Electrónico de Nacimiento en las instituciones del sector salud.
La deserción escolar y el acceso a la salud son los principales problemas de este sector de la población mexicana. En lo particular, destacan por su gravedad: el embarazo infantil y adolescente, muerte perinatal y la desnutrición, además del riesgo de las adicciones.
EFECTOS SECUNDARIOS
¿EN CIERNES? La recién aprobada reforma fiscal de Estados Unidos podría traducirse en la repatriación de 400,000 millones de dólares en el largo plazo. Además de presionar el tipo de cambio del dólar, aún es incierto el efecto que esta reforma tendrá en la tasa de crecimiento estadounidense. Mientras tanto, en México continúan las especulaciones y propuestas ante dicha medida y a pesar de diferir en ciertos puntos, la mayoría coincide en que nuestro país necesita un cambio de fondo en el sistema fiscal. Un cambio que por un lado amplíe la base de contribuyentes a través de medidas como el IVA y el fortalecimiento de la recaudación estatal y por otro que beneficie la competitividad del país con un régimen más flexible para el sector empresarial.
VULNERABLES. El Rusiagate es el ejemplo más preocupante de los ataques cibernéticos que ahora alcanzan escala global y que en gran medida están vinculados al uso de software. Según la Business Software Alliance, representada en México por Kiyoshi Tsuru, más de la mitad de empresas en el país usa software no legal y por esta razón podría ser vulnerada en sus sistemas y redes, ya que al no usar paquetería legal esto impide a las compañías vacunar sus sistemas contra ciberataques, lo que representa un daño de más 1,300 millones de dólares cada año. De acuerdo a Tsuru, es necesario que los CIO de las empresas mexicanas sepan el alcance de la paquetería implementada en sus redes empresariales o si no es ilegal, sobre todo cuando de acuerdo a BSA, 26% de los empleados acepta haber descargado software externo en sus equipos de trabajo y de esos empleados, 84% instaló dos o más. Según un estudio de Parametría, 53% de las empresas mexicanas no tiene políticas para la compra de software y en 36% de éstas, es el dueño o propietarios de la firma quienes deciden la adquisición de software, casi siempre sin conocimiento de causa. De acuerdo con el último Índice de Ciberseguridad Global elaborado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el país tiene una calificación de 0.66 en una escala del 0 al 1, respecto a 0.91 de Estados Unidos en materia de ciberseguridad.
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