El informe del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, se enmarca en este entorno diverso
El país ha pasado por muchos propósitos sustantivos. Durante el último medio siglo, dos han estado en el centro de la atención pública: una economía en crecimiento capaz de generar justicia y oportunidades para todos, y la construcción de una normalidad democrática.
Consumidor o ciudadano son el referente. Es mucho lo que se ha alcanzado; sin embargo, el país seguirá dando vueltas en círculo si no atiende el tema de legalidad.
En los tiempos actuales hay que incluir a la corrupción y la inseguridad como otros de los grandes problemas nacionales a resolver. En ambos casos el referente causal es la impunidad y esto, a su vez, nos traslada al terreno de la legalidad y de la justicia formal, institucional. No hay ciudadanía plena si no hay certeza de derechos y medios para hacerlos valer y sancionar al infractor. Lo mismo se puede decir para la economía o la democracia, la legalidad es la premisa obligada para alcanzar los objetivos superiores de la sociedad.
El informe del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, se enmarca en este entorno diverso. Aunque al Poder Judicial y la Suprema Corte son instancias muy relevantes de justicia, no son el todo. La justicia está en instancias locales, en las fiscalías y en numerosas entidades que participan y la hacen posible, como pueden ser los órganos autónomos que ahora dan certeza y confianza a la sociedad y desde luego, el mismo Tribunal Electoral, ahora bajo cuestión.
Es muy relevante lo que ahora se hace en la Corte. Se han sentado las bases para una transformación profunda. Los avances son de peso, pero se requiere que lo mismo ocurra en los tribunales locales de los estados y en Ciudad de México. Para ello, es indispensable el apoyo político, presupuestal e institucional por parte del Ejecutivo y del Congreso.
La legalidad debe ser un objetivo central de política de Estado. Debe involucrar a todos, incluyendo al sistema educativo, las organizaciones civiles y a la sociedad. El gobierno federal debe ser ejemplo en su compromiso con la ley y el cuidado a la observancia rigurosa de la norma. No siempre ha ocurrido así. Es preciso hacer un esfuerzo mayor para acreditar con el ejemplo de las autoridades el imperio del estado de derecho.
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