Inhibir el tráfico de personas y el contrabando de migrantes ahora mismo es una urgencia en México. Y la administración federal está dispuesta a valorar los métodos que sean eficaces
Supuestamente son operaciones encubiertas —patrocinadas por ONGs— en las que casi siempre intervienen expolicías de Estados Unidos que se hacen pasar como turistas que buscan fiestas… con menores de edad. En realidad son operativos coordinados para desenmascarar redes de explotación sexual y tráfico infantil.
La activación de estos grupos de intervención —entre los que destacan Exodus Road y Operation Underground Railroad (OUR)— ha producido golpes de impacto en tres continentes, pero también ha levantado una oleada de críticas, por sus métodos poco ortodoxos y bastante alejados del trabajo de los grupos enfocados a combatir la trata de personas.
Pero inhibir el tráfico de personas y el contrabando de migrantes ahora mismo es una urgencia en México. Y la administración federal está dispuesta a valorar los métodos que sean eficaces.
Expertos en “planes de recuperación”, los promotores de OUR presumen en sus redes sociales haber rescatado a 2,466 víctimas y asistido en el arresto de más de 1,292 traficantes desde su fundación en el 2014. El año pasado, una de sus 22 operaciones oficialmente reconocidas ocurrió en México, bajo la denominación Miracle Follow Up, que logró la detención de tres proxenetas, sin rescatar a ningún menor.
Dos años antes, otro operativo de extracción en el que participó Tom Stackpole, editor adjunto de la revista Foreign Policy, había visibilizado las incursiones de Brian —el pseudónimo utilizado entonces por Timothy Ballard— en México. Aquella vez, el escenario de actuación fue Acapulco, Guerrero, donde pudieron detener a tres delincuentes que de acuerdo al reportaje, fueron aprehendidos y sentenciados a más de 25 años de prisión.
En The Huffington Post apareció un artículo centrado en Ballard, autoproclamado “hombre de Dios” —mormón—, que fue identificado como exagente de la CIA y del Departamento de Seguridad Interior. ¿Su modus operandi? Simple: OUR recibe fondos asignados para realizar un rescate; un equipo vuela al país seleccionado y se pone en contacto con las autoridades locales.
A partir de allí comienzan las operaciones encubiertas, que son video grabadas íntegramente: Ballard y sus agentes se hacen pasar por turistas sexuales, buscan activamente a quienes pueden proveer a las niñas para una “fiesta”. Las niñas y sus proxenetas llegan. La policía local interviene. Los proxenetas son arrestados y las víctimas son entregadas a los trabajadores sociales. La persona que financió la operación puede ver, en tiempo real y desde la comodidad de su oficina u hogar, las acciones… o incluso formar parte del escuadrón de rescate.
Para OUR, México es un escenario top para sus operativos, pues junto con Honduras es uno de los países de origen de las víctimas de tráfico sexual y trabajo forzado en Estados Unidos. Y más ahora, con la crisis humanitaria causada por las restricciones a los migrantes centroamericanos en la frontera que divide a ambos países, donde en los últimos meses —según el exagente estadounidense— más de 2,000 niños secuestrados han sido recuperados.
Hace una semana, Ballard estuvo en Salt Lake City, para alertar a los participantes de la E2 Summit —entre ellos el excandidato Republicano a la Presidencia, Mitt Romney y el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego— sobre el rampante crecimiento de la trata de personas. “Es la empresa criminal de más rápido crecimiento en el mundo”, caracterizó. “Es la cosa más perversa en el planeta. Actualmente, 6 millones de niños están esclavizados”.
De Utah, vino a Ciudad de México para acudir a reuniones de primer nivel. Literalmente hospedado en Polanco, cenó el pasado lunes 10 con la ministra Olga Sánchez Cordero. Y al día siguiente fue recibido por el comisario general de la Policía Federal, Víctor Hugo Enríquez y su subalterno, Marco Vargas, con quienes planeó nuevos operativos de los que informó a la secretaria de Gobernación por la tarde, en el despacho principal del Palacio de Cobián.
Era el seguimiento a la visita que Ballard realizó hace tres meses, cuando estuvo en Palacio Nacional para reunirse con Alfonso Durazo, hacer un recorrido VIP por “la Casa Blanca mexicana” (sic) y conceder una entrevista a la periodista Adela Micha. Ambas visitas fueron coordinadas por la exdiputada federal Paola Félix Díaz, activista contra la trata de personas y actual titular del Fondo Mixto de Promoción Turística de la CDMX.
EFECTOS SECUNDARIOS
INTROMISIÓN. Dispuesto a pagar el costo político, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, llamó a sus aliados en el Congreso de Hidalgo a frenar la reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que —entre otras cosas— daría definitividad al presidente de la mesa directiva, Ricardo Baptista, y eliminaría la Junta de Coordinación Política. Baptista está acuerpado por un bloque de legisladores que suma 20 votos, de 30 posibles, pero acusa al mandatario priista de intentos por interferir en las decisiones de la mayoría parlamentaria. “Aquí no hay dos grupos de Morena. Si él ha conseguido vulnerar, cooptar o comprar la voluntad legislativa de alguien en este Congreso, ese alguien no está en el grupo legislativo de Morena”, condenó. Si esta contrarreforma prospera, Fayad amagó con interponer una controversia constitucional.
DESBLOQUEOS. Gas y Petroquímica de Occidente ha esperado un sexenio para poner en funcionamiento una planta de fertilizantes en Topolobampo, Sinaloa. A mediados de la administración peñista —cuando estaba por iniciar la construcción— los inversionistas de origen alemán enfrentaron el bloqueo del entonces director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin y un cúmulo de trabas burocráticas, mientras avanzaba la compra de la planta de Agronitrogenados. El cambio de administración abrió nuevas perspectivas, y ahora el Centro Mario Molina dio su aval al proyecto, ya que cumple con los estándares nacionales e internacionales necesarios para su edificación y operación. Con una inversión de más de 1,200 millones de dólares, este proyecto pretende que el estado sea pieza clave en el sector energético en el país y que permitirá a México reducir su dependencia en materia de importación de fertilizantes.
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