Ratificado en sus funciones por el Congreso de la Ciudad de México, el abogado Juan José Serrano Mendoza se reincorporó al servicio público invitado por Claudia Sheinbaum, luego de una larga temporada en el litigio privado. Su comportamiento implacable en el caso Rébsamen —como defensor de los deudos de los fallecidos— sirvió para que ganara el respeto de la entonces jefa delegacional en Tlalpan
Ratificado en sus funciones por el Congreso de la Ciudad de México, el abogado Juan José Serrano Mendoza se reincorporó al servicio público invitado por Claudia Sheinbaum, luego de una larga temporada en el litigio privado. Su comportamiento implacable en el caso Rébsamen —como defensor de los deudos de los fallecidos— sirvió para que ganara el respeto de la entonces jefa delegacional en Tlalpan.
Antes de asumir la secretaría de la Contraloría, Serrano Mendoza midió las intenciones de la jefa de Gobierno para castigar a los corruptos de las administraciones anteriores. “Ni cacería de brujas ni persecuciones políticas”, advirtió la lideresa morenista, “pero no habrá ‘borrón y cuenta nueva’, y que caigan, los que sean responsables”.
El castigo a la corrupción, en la Ciudad de México, quedaría a cargo de Ernestina Godoy, aunque la fiscalía especializada todavía no estaba en el organigrama de la naciente FGJ. Mientras ese entramado institucional tomaba forma, el contralor general iniciaba su trabajo, con la mira puesta en el accionar de los responsables del manejo del programa para la reconstrucción por el sismo del 2017.
En el mancerismo, empero, hubo otros escándalos. Los responsables de la Central de Abastos —entre ellos Raymundo Collins—, de Calidad de Vida y de los fideicomisos que financiaron la marca CDMX también estaban bajo escrutinio. Todos los caminos llevaban a la Oficina del exjefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.
¿Y Héctor Serrano? Eran múltiples —unas vistosas, otras grotescas— las historias referentes al peculiar estilo del otrora poderoso secretario de Gobierno/Movilidad en la administración mancerista. Particularmente, aquellas que daban cuenta de su control sobre legisladores, jefes delegacionales y líderes de opinión.
Serrano Mendoza había encontrado evidencias contundentes en Coyoacán. Las áreas de servicios urbanos y licencias de las administraciones previas al periodo de Manuel Negrete acumulaban quejas y denuncias, que arreciaron en los primeros meses del trienio del exseleccionado tricolor.
Sus primeras acciones justo fueron contra los funcionarios de aquella demarcación. En febrero del 2019 procedió a la suspensión de funciones de Eduardo Ramírez Vallejo, asesor de Negrete, y el concejal Ramón Gildardo Flores Ramírez, concejal, por su presunta participación en la extorsión a un empresario, al que le exigieron dinero a cambio de poder instalar una feria en la Alameda Sur.
A partir de entonces, la Dirección General de Responsabilidades Administrativas desahogó una docena de quejas contra funcionarios coyoacanenses, pero la noticia de la inhabilitación del exdelegado en Tlalpan, Héctor Hugo Hernández, cambió el foco de atención.
Coyoacán y Tlalpan son las alcaldías con más denuncias contra servidores públicos. De acuerdo con denuncias de empleados del gobierno de esa demarcación y representantes vecinales, al menos siete excolaboradores de los exdelegados Mauricio Toledo y Valentín Maldonado, también tendrían que ser investigados por la Fiscalía Anticorrupción.
Además de los dos funcionarios destituidos hace dos años, las quejas involucran a los exdirectores jurídico y de gobierno, Salvador Frausto y Alejandro Orozco; y de concertación social, Fernando Covarrubias; además de Armando Jiménez y Rodrigo Méndez Arriaga, por presunto abuso de autoridad y corrupción.
Efectos secundarios
AJUSTES. La bancada del PRI en el Senado de la República tendrá dos nuevos ingresos, nomás se formalice la salida de Mario Zamora Gastélum, virtual candidato del tricolor al la gubernatura de Sinaloa, y de Jorge Carlos Ramírez Marín, quien irá por la alcaldía de Mérida. En una semana, Jorge Albert Habib regresará al escaño que ya ocupó por un breve periodo, y Heriberto Galindo Quiñones volverá a la tribuna parlamentaria.
EFECTOS. Apenas se comunicó la inhabilitación de Jet Van Car Rent por un año, pero está pendiente el contrato asignado por el SAT —vía adjudicación directa— a la firma de Cuauhtémoc Velázquez García y Teresa Suárez, por el servicio integral de transportación terrestre que va del 2021 al 2024, por 1,253 millones de pesos. Ese contrato, dicho sea de paso, se adjudicó a una propuesta 234 millones por arriba de la oferta más baja en el estudio de mercado.
SUPLENCIAS. A su salida del PRD, Gerardo Fernández Noroña fue acogido sin reservas por la cúpula petista. El año pasado, cuando germinó la propuesta del mexiquense Raúl Sánchez Barrales de quedarse con la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el polémico legislador levantó apoyos en el Bronx de San Lázaro y enfiló hacia nuevos derroteros. Y ahora, ante la ausencia de Alberto Anaya y Reginaldo Sandoval —ambos convalecientes por la Covid-19— ha tenido que asumir la vocería del PT, además de su autodefensa ante las autoridades electorales.
¿AUSTEROS? En busca de ahorros, el gobierno federal aplicará una lógica concentradora, para el pago de bienes y servicios. En el caso de la limpieza, las instrucciones giradas por la Secretaría de Hacienda a los encargados de la administración y las finanzas de los organismos públicos descentralizados y las entidades paraestatales sectorizadas es adherirse al contrato 2021-12-512-26, según consta en el oficio DGRMySG-DSG-018-2021. La excepción es la Secretaría de Salud, donde firmaron un convenio por 407 millones de pesos a favor de Cleanium, además de Comercializadora Morelos y Sistemas Institucionales para Inmuebles, contrato que estará vigente del 2021 al 2023.
Twitter: @aguirre_alberto
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