Rosario Robles había desarrollado las Brigadas del Sol, pero su pleito con AMLO la alejaría de la izquierda partidista
Su paso breve por la consultoría política, de la mano de Margarita Jiménez Urraca y María de las Heras, pronto la acercarían a territorio mexiquense. Rosario Robles había desarrollado —como secretaria de organización del PRD—las Brigadas del Sol, un programa de promoción del voto sumamente exitoso pero su pleito con AMLO, causado por el empresario argentino Carlos Ahumada, la alejaría de la izquierda partidista.
Sostén nació en el 2007, dos años después de la unción de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México. La operación financiera —centrada en la bursatilización de la deuda pública— encumbró a Luis Videgaray, y otra itamita, Gisela Rubach Lueters, había brincado —como muchos otros de sus colegas— del marketing electoral a la movilización de votantes.
El equipo nacional que llevaría al mexiquense a Los Pinos conjuntó ambas metodologías. En la campaña del 2012, Robles hizo equipo con Miguel Ángel Osorio Chong y por sus servicios obtuvo la Secretaría de Desarrollo Social como recompensa.
La Cruzada Nacional contra el Hambre, en Sedesol, y la Estrategia Nacional para la Prevención Social de la Violencia, en Gobernación, corrieron en un carril distinto al Pacto por México, el ejercicio de concertación que materializó las reformas estructurales, avaladas por el PAN y el PRD.
Robles llegó al gabinete peñista con dos de sus más leales compañeros: Ramón Sosamontes, al que designó como jefe de Oficina, y Rocío Gómez Bolaños, quien en esa etapa fungió como vocera de la dependencia. Sólo faltaba José Ramón Zedabúa González para completar al equipo que acompañó a la exjefa del GDF como presidenta del PRD una década antes. En su lugar, lo mismo pero más sofisticado: el exconsejero electoral Emilio Zedadúa se hizo cargo de la Oficialía Mayor.
A la coordinación de asesores llegaría el académico veracruzano Enrique González Tiburcio. Y como subsecretario, el exdiputado poblano Juan Carlos Laristi. Un equipo con vasos comunicantes con el Palacio de Covián, como comprobaría la integración del hidalguense José Antolino Orozco Martínez —quien se encargaría de la integración de los programas de beneficiarios— y del zacatecano Pedro de León.
La dispersión de los recursos, pero sobre todo el seguimiento de los beneficiarios, quedó a su cargo. La gestión de los fondos y los manejos administrativos de la dependencia quedaron a cargo de Zebadúa y su equipo, que pronto entró en colisión con Sosamontes… por la concepción, el despliegue y las consecuencias de lo que posteriormente se conocería como la “Estafa Maestra”, tanto en Sedesol, hasta el 2016, y después en Sedatu.
Los mecanismos de operación de esa trama —ahora se sabe— implicaban una estrategia que involucra a varias instituciones del gobierno federal y del nivel estatal. La ASF, más que la SFP, hizo su trabajo. Las auditorías sirvieron para descubrir y desvelar que desde el inicio de la pasada administración se permitió un desfalco sin precedentes al erario. La “Estafa Maestra” fue instrumentada por Rosario Robles, a través de Emilio Zebadúa, aprovechando un resquicio legal.
Todo ocurrió al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, que permite a instituciones públicas contratarse entre sí para evitar licitaciones. Una práctica extendida del calderismo que los peñistas identificaron y perfeccionaron para contratar instituciones públicas de educación de bajo perfil —universidades y tecnológicos estatales— para encargarles proyectos inexistentes.
Todos los entregables fueron preparados por las mismas dependencias para permitir el pago y simular administrativamente la prestación de un servicio.
Muchos contratos fueron suscritos con firmas falsificadas con algunos servidores públicos en funciones.
La trama financiera era otra historia y por eso intervino la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP. En la trama era fundamental la intervención de los fiscales, y decisivo el relevo del abogado hidrocálido Felipe Muñoz Vázquez de la subprocuraduría especializada.
La desaparición de la PGR daría paso a la Fiscalía General y en Palacio Nacional decidieron que María de la Luz Mijangos se hiciera cargo de perseguir los delitos cometidos por los servidores públicos, pero amparos promovidos por las ONG obligaron a un cambio de estrategia.
Las pesquisas avanzaron en la ruta del dinero y ahora la FGR está en posibilidad de fincar responsabilidades, gracias a la colaboración de Lozoya y Zebadúa.
Efectos secundarios
NOCHE ELECTORAL. Ni los rebrotes del coronavirus ni el proceso penal conta Luis Videgaray… la agenda mediática está concentrada en la jornada electoral en Estados Unidos. El seguimiento de los resultados en Foro TV registró altos niveles de rating. Y es que a sabiendas de que se trata de un acontecimiento súper relevante para México, dada la cercanía geográfica, pero también económica, comercial y desde luego política, Televisa no escatimó esfuerzos para ofrecer una cobertura de clase mundial. Este esfuerzo se coronó con las transmisiones de En Punto desde Estados Unidos.
MOVIMIENTOS. La renuncia de Víctor Manuel Castro Cosío a la coordinación de los programas federales en Baja California Sur precipitó los movimientos políticos en aquella entidad peninsular: el alcalde de La Paz, Rubén Muñoz, estaría rezagado en la carrera por la candidatura de Morena, según una medición levantada entre cibernautas por la casa encuestadora Enkoll, de Heidi Osuna. El partido oficialista y el PAN estarían empatados en las preferencias de los sudcalifornianos; el panista Pancho Pelayo concita la misma intención de voto que Castro Cosío.
APUNTADOS. A mediados de mes, con un retraso de un semestre, los dos nuevos comisionados del INAI completarán el pleno del órgano garante. Norma Julieta del Río Venegas y Adrián Alcalá Méndez ya fueron presidentes de los institutos responsables de velar por la transparencia gubernamental y la protección de datos personales en sus respectivas entidades federativas. Mientras, corre el plazo legal de 10 días para que el Ejecutivo federal hiciera uso de su derecho a objetar alguna de las designaciones.
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